El Superior pidió disculpas por tardar un año y dos meses para resolver un amparo
Se trata del reclamo de una discapacitada de Puerto Madryn, que exigió un cupo laboral en el Estado. El expediente llegó a los ministros en octubre de 2015 y tardaron 14 meses en decidir. Explicaron que no se firmó antes por la escasez de ministros “y a pesar del enorme esfuerzo del personal”.
Por Rolando Tobarez.
En un gesto inédito, el Superior Tribunal de Justicia pidió disculpas a las partes por demorar un año y dos meses en decidir sobre el caso de una mujer discapacitada, que por su condición reclamaba un cupo laboral en la planta permanente de la Municipalidad de Puerto Madryn o bien del Gobierno provincial. La ley obliga al Estado a reservar un cupo para esta franja de población vulnerable. La afectada, de iniciales E.L.C., presentó un amparo, recurso que se supone debe resolverse urgente.
Según admite en su voto el ministro Jorge Pfleger, “me creo en el deber de solicitar a las partes las dispensas del caso por la tardanza en la solución del asunto. La explicación que ensayo y en la que pretendo que se justifique el estado de cosas es la difícil situación vivida durante más de año y medio por este Superior a raíz de la falta de cobertura de las vacantes, sucesivamente hasta alcanzar el número de tres de seis miembros, lo que ha alterado sustancialmente la capacidad de resolver en plazo la profusión de asuntos de materias diversas, a pesar del enorme esfuerzo de todo el personal afectado a la labor”.
En octubre de 2015, fecha en que el expediente llegó al máximo tribunal, la mujer tenía marido y cuatro hijos menores, uno también con discapacidad en desarrollo y crecimiento. Ella tuvo un accidente en 1992, que afectó su pierna izquierda: la secuela fue una grave incapacidad motriz. El 17 de septiembre de 2011 se le otorgó el certificado de discapacidad, válido hasta setiembre de este año.
Con su marido estaban desempleados. No podían terminar con los estudios ni concurrir al seguimiento planeado respecto de la salud de su nene enfermo. Para obtener un trabajo estable y acorde a sus posibilidades físicas, que le brindara acceso a una obra social, E. solicitó al Registro de Empleadores para Personas con Discapacidad que le dieran un empleo. También lo solicitó ante la Dirección de Discapacidad del municipio del Golfo. No hubo respuesta ni de ellos ni de Provincia.
Recurrió a la jueza de Familia Nº 2 de Madryn, Delma Viani, “ante el silencio de ambas autoridades, resultando afectados los derechos constitucionales al trabajo digno, de igualdad ante la ley, acceso a la salud, protección integral de la familia y de los niños”.
Argumentó que los Estados nacionales, provinciales y municipales están obligados a proteger los derechos de los sectores más vulnerables. “Provincia garantiza un cupo mínimo del 4% de su personal para los sectores con capacidades diferentes, y en la órbita municipal ese cupo es del 5%”.
Según el fallo, a noviembre de 2014 la Municipalidad de Madryn tenía en su planta cuatro agentes con capacidades diferentes contratados y otros dos en planta permanente.
Media razón
Viani le dio la razón a la amparista en su derecho a acceder a un trabajo en el Estado, pero advirtió que primero debía organizarse un concurso público y abierto. El Gobierno no podía darle ni crear un empleo exclusivamente para ella sino que la misma chance debían tener otras personas con discapacidad. “Aún tratándose de una persona discapacitada, no puede desentenderse el recaudo de la idoneidad que es condición de acceso al empleo público”.
El fallo le ordenó a la Municipalidad y a la Provincia a que en 30 días adoptaran medidas concretas y efectivas para cubrir el cupo, convocando a concurso. Previo debían cruzar datos de las vacantes disponibles en planta permanente, transitoria o contratados con alguna lista de aspirantes a cubrir el cupo, para dejar establecido la cantidad de beneficiarios, y cubrir los lugares con la designación de personas con necesidades especiales.
Ambos Estados pagarían mil pesos de multa por cada día de incumplimiento, con el riesgo de que el caso pasara al fuero penal por el delito de desobediencia.
La Cámara confirmó el fallo. El Superior también y además de Pfleger firmó Alejandro Panizzi. Hasta ahora el concurso para ocupar la vacante nunca se organizó. Por esta demora, el municipio madrynense deberá pagar una multa de 354 mil pesos en concepto de astreintes.
Por Rolando Tobarez.
En un gesto inédito, el Superior Tribunal de Justicia pidió disculpas a las partes por demorar un año y dos meses en decidir sobre el caso de una mujer discapacitada, que por su condición reclamaba un cupo laboral en la planta permanente de la Municipalidad de Puerto Madryn o bien del Gobierno provincial. La ley obliga al Estado a reservar un cupo para esta franja de población vulnerable. La afectada, de iniciales E.L.C., presentó un amparo, recurso que se supone debe resolverse urgente.
Según admite en su voto el ministro Jorge Pfleger, “me creo en el deber de solicitar a las partes las dispensas del caso por la tardanza en la solución del asunto. La explicación que ensayo y en la que pretendo que se justifique el estado de cosas es la difícil situación vivida durante más de año y medio por este Superior a raíz de la falta de cobertura de las vacantes, sucesivamente hasta alcanzar el número de tres de seis miembros, lo que ha alterado sustancialmente la capacidad de resolver en plazo la profusión de asuntos de materias diversas, a pesar del enorme esfuerzo de todo el personal afectado a la labor”.
En octubre de 2015, fecha en que el expediente llegó al máximo tribunal, la mujer tenía marido y cuatro hijos menores, uno también con discapacidad en desarrollo y crecimiento. Ella tuvo un accidente en 1992, que afectó su pierna izquierda: la secuela fue una grave incapacidad motriz. El 17 de septiembre de 2011 se le otorgó el certificado de discapacidad, válido hasta setiembre de este año.
Con su marido estaban desempleados. No podían terminar con los estudios ni concurrir al seguimiento planeado respecto de la salud de su nene enfermo. Para obtener un trabajo estable y acorde a sus posibilidades físicas, que le brindara acceso a una obra social, E. solicitó al Registro de Empleadores para Personas con Discapacidad que le dieran un empleo. También lo solicitó ante la Dirección de Discapacidad del municipio del Golfo. No hubo respuesta ni de ellos ni de Provincia.
Recurrió a la jueza de Familia Nº 2 de Madryn, Delma Viani, “ante el silencio de ambas autoridades, resultando afectados los derechos constitucionales al trabajo digno, de igualdad ante la ley, acceso a la salud, protección integral de la familia y de los niños”.
Argumentó que los Estados nacionales, provinciales y municipales están obligados a proteger los derechos de los sectores más vulnerables. “Provincia garantiza un cupo mínimo del 4% de su personal para los sectores con capacidades diferentes, y en la órbita municipal ese cupo es del 5%”.
Según el fallo, a noviembre de 2014 la Municipalidad de Madryn tenía en su planta cuatro agentes con capacidades diferentes contratados y otros dos en planta permanente.
Media razón
Viani le dio la razón a la amparista en su derecho a acceder a un trabajo en el Estado, pero advirtió que primero debía organizarse un concurso público y abierto. El Gobierno no podía darle ni crear un empleo exclusivamente para ella sino que la misma chance debían tener otras personas con discapacidad. “Aún tratándose de una persona discapacitada, no puede desentenderse el recaudo de la idoneidad que es condición de acceso al empleo público”.
El fallo le ordenó a la Municipalidad y a la Provincia a que en 30 días adoptaran medidas concretas y efectivas para cubrir el cupo, convocando a concurso. Previo debían cruzar datos de las vacantes disponibles en planta permanente, transitoria o contratados con alguna lista de aspirantes a cubrir el cupo, para dejar establecido la cantidad de beneficiarios, y cubrir los lugares con la designación de personas con necesidades especiales.
Ambos Estados pagarían mil pesos de multa por cada día de incumplimiento, con el riesgo de que el caso pasara al fuero penal por el delito de desobediencia.
La Cámara confirmó el fallo. El Superior también y además de Pfleger firmó Alejandro Panizzi. Hasta ahora el concurso para ocupar la vacante nunca se organizó. Por esta demora, el municipio madrynense deberá pagar una multa de 354 mil pesos en concepto de astreintes.