Allanan el municipio de Caleta Olivia por lavado de activos
Integrantes de la Policía Federal Argentina realizaron este jueves un allanamiento a la municipalidad de Caleta Olivia, en el extremo noreste de Santa Cruz, por presunto lavado de activos y ventas irregulares de terrenos a extranjeros.
El juzgado federal de la localidadd de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yañez, ordenó el allanamiento a la municipalidad de Caltea Olivia, que comenzó cerca de las 10 de la mañana en el edificio ubicado en la calle 25 de mayo, entre Irigoyen y Brown.
Los uniformados, antes de detenerse en la oficina privada del intendente Facundo Prades, junto a testigos circunstanciales, también recorrieron las oficinas de las secretarías de comercio, medio ambiente y tierras de la comuna.
La denuncia que originó el allanamiento dispuesto por autoridades federales de la justicia fue presentada por un ciudadano, quién hizo público un video en el que se vio al intendente Facundo Prades en un hotel con una mochila y dinero que sería de un grupo chino que había comprado terrenos a la municipalidad caletense. La jueza María Gabriela Lanz, titular del juzgado nacional criminal y correccional 42, inició las actuaciones a partir de la denuncia presentada.
El juzgado federal de la localidadd de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yañez, ordenó el allanamiento a la municipalidad de Caltea Olivia, que comenzó cerca de las 10 de la mañana en el edificio ubicado en la calle 25 de mayo, entre Irigoyen y Brown.
Los uniformados, antes de detenerse en la oficina privada del intendente Facundo Prades, junto a testigos circunstanciales, también recorrieron las oficinas de las secretarías de comercio, medio ambiente y tierras de la comuna.
La denuncia que originó el allanamiento dispuesto por autoridades federales de la justicia fue presentada por un ciudadano, quién hizo público un video en el que se vio al intendente Facundo Prades en un hotel con una mochila y dinero que sería de un grupo chino que había comprado terrenos a la municipalidad caletense. La jueza María Gabriela Lanz, titular del juzgado nacional criminal y correccional 42, inició las actuaciones a partir de la denuncia presentada.