Presentaron un informe sobre personas con discapacidad a pedido de la ONU

Ausencia de datos, deficiencias en el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental como la falta de dispositivos alternativos a la internación, eliminación de pensiones y falencias en la integración educativa, son los ejes de un informe sobre la situación de las personas con discapacidad en Argentina que difundieron hoy organizaciones y universidades tras presentarlo ante un comité de Naciones Unidas.

25 OCT 2017 - 13:50 | Actualizado


El Informe Alternativo 2013-2017 divulgado en una jornada en la Ciudad de Buenos Aires pero que había sido presentado en el 18° periodo de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) en agosto pasado en Ginebra, motivó una serie de preguntas que el organismo internacional cursó al Estado argentino para que responda antes de su próximo reporte oficial.

Bajo el nombre “Lista de cuestiones previa a la presentación del segundo y tercer informe periódico combinados de Argentina”, el CRPD solicitó al Estado que informara “legislación y políticas públicas así como los presupuestos y programas en materia de discapacidad” y “si todas las provincias ya adhirieron la Ley 24901 sobre Prestaciones Básicas (...) y cuáles son los criterios para otorgarlas”. 

También pidieron datos sobre “las medidas adoptadas para prevenir y sancionar la discriminación”, tanto en relación a políticas públicas como en el ámbito judicial.

Mientras el informe sostuvo la falta de perspectiva de discapacidad en el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la falta de apoyo para el ejercicio voluntario de la maternidad a mujeres con discapacidad, el CRPD preguntó al Estado argentino acerca de las medidas concretas para respaldar una estrategia que contemple en conjunto el enfoque de género y discapacidad “en lo que respecta a violencia, acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos y acceso al mercado laboral”.

En relación a las críticas del informe sobre la coexistencia de “un sistema de enseñanza general y un sistema de enseñanza segregada o especial”, el Comité de Naciones Unidas le pidió al Estado “proporcionar información desglosada por edad, sexo y discapacidad con porcentajes de inclusión educativa en todos los niveles y las regiones”.

Además de datos sobre los recursos destinados a la implementación de la resolución del Consejo Federal de educación 311/2016 relativa a la “Promoción, Acreditación, Certificación y Titulación de estudiantes con discapacidad”.

En referencia al trabajo, el Informe Alternativo describió que “el Estado incumple sistemáticamente el cupo laboral del 4% en el sector público. A diciembre de 2015 era del 0,88%”, lo que fue recogido por el Comité que solicitó al Estado que señale con indicadores “si se está cumpliendo” y qué cargos están ocupando. 

Las falencias vinculadas a la salud mental fue otro de los ejes del documento, donde se detalla que existen altos índices de medicalización en la infancia, falta de dispositivos alternativos a las internaciones en hospitales neuropsiaquiátricos, persistencia de “modelo tutelar”, con presunción de incapacidad jurídica de la persona, entre otros problemas.

El Informe Alternativo, elaborado por 29 organizaciones entre las que se encuentran la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las universidades de La Plata, Salta, Mar del Plata, se realizó en base a relevamiento de leyes, políticas públicas y la propia experiencia de las organizaciones en base a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

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25 OCT 2017 - 13:50


El Informe Alternativo 2013-2017 divulgado en una jornada en la Ciudad de Buenos Aires pero que había sido presentado en el 18° periodo de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) en agosto pasado en Ginebra, motivó una serie de preguntas que el organismo internacional cursó al Estado argentino para que responda antes de su próximo reporte oficial.

Bajo el nombre “Lista de cuestiones previa a la presentación del segundo y tercer informe periódico combinados de Argentina”, el CRPD solicitó al Estado que informara “legislación y políticas públicas así como los presupuestos y programas en materia de discapacidad” y “si todas las provincias ya adhirieron la Ley 24901 sobre Prestaciones Básicas (...) y cuáles son los criterios para otorgarlas”. 

También pidieron datos sobre “las medidas adoptadas para prevenir y sancionar la discriminación”, tanto en relación a políticas públicas como en el ámbito judicial.

Mientras el informe sostuvo la falta de perspectiva de discapacidad en el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la falta de apoyo para el ejercicio voluntario de la maternidad a mujeres con discapacidad, el CRPD preguntó al Estado argentino acerca de las medidas concretas para respaldar una estrategia que contemple en conjunto el enfoque de género y discapacidad “en lo que respecta a violencia, acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos y acceso al mercado laboral”.

En relación a las críticas del informe sobre la coexistencia de “un sistema de enseñanza general y un sistema de enseñanza segregada o especial”, el Comité de Naciones Unidas le pidió al Estado “proporcionar información desglosada por edad, sexo y discapacidad con porcentajes de inclusión educativa en todos los niveles y las regiones”.

Además de datos sobre los recursos destinados a la implementación de la resolución del Consejo Federal de educación 311/2016 relativa a la “Promoción, Acreditación, Certificación y Titulación de estudiantes con discapacidad”.

En referencia al trabajo, el Informe Alternativo describió que “el Estado incumple sistemáticamente el cupo laboral del 4% en el sector público. A diciembre de 2015 era del 0,88%”, lo que fue recogido por el Comité que solicitó al Estado que señale con indicadores “si se está cumpliendo” y qué cargos están ocupando. 

Las falencias vinculadas a la salud mental fue otro de los ejes del documento, donde se detalla que existen altos índices de medicalización en la infancia, falta de dispositivos alternativos a las internaciones en hospitales neuropsiaquiátricos, persistencia de “modelo tutelar”, con presunción de incapacidad jurídica de la persona, entre otros problemas.

El Informe Alternativo, elaborado por 29 organizaciones entre las que se encuentran la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y las universidades de La Plata, Salta, Mar del Plata, se realizó en base a relevamiento de leyes, políticas públicas y la propia experiencia de las organizaciones en base a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).


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