Puigdemont no se presentó a declarar ante la Justicia de Madrid
El destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, no acudirá mañana a declarar a la Audiencia Nacional de España, donde está citado junto a los integrantes de su antiguo gabinete, acusados todos de rebelión, sedición y malversación de fondos, por celebrar el referéndum del 1 de octubre considerado ilegal por el gobierno español y declarar la independencia de Cataluña.
La decisión fue anunciada desde Bruselas por su abogado, Paul Bekaert, cuya estrategia es "esperar" e impugnar un eventual pedido de extradición para que el ex presidente sea entregado por Bélgica a España, una vez que la Justicia española dicte una orden de detención en su contra.
"Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal", afirmó Bekaert esta madrugada en declaraciones al programa 'The World Today' de la cadena de televisión flamenca VRT.
Tal como señaló ayer Puigdemont en conferencia de prensa en la capital belga, el letrado dijo que no cree que existan garantías para que su cliente reciba un "juicio justo" en España.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó a declarar en calidad de investigados a Puigdemont y a los 13 ex consejeros de su cesado gobierno para el jueves y viernes a partir de las 9 de la mañana (5 de Argentina) por la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, que le atribuye delitos que conllevan penas graves de presión.
En la querella, el Fiscal solicita que en caso de que los acusados no se presenten a la comparecencia se dicte una orden de detención. Los 14 acusados deberán depositar en un plazo de tres días una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para responder a posibles responsabilidades civiles.
El cerco judicial a Puigdemont y al resto de dirigentes secesionistas se estrechó después de que el viernes pasado el Parlamento catalán declaró la independencia y el gobierno español intervino la norteña región, destituyendo al Ejecutivo regional y convocando elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.
El lunes Puigdemont viajó de incógnito a Bruselas ante el anuncio de la Fiscalía de la presentación de la querella en su contra y entre rumores de que iba a solicitar asilo en Bélgica, una posibilidad que su abogado no descarta pero que difícilmente prosperaría.
El ex presidente catalán es un ciudadano de un país miembro de la Unión Europea (UE) y los tratados del bloque consagran que sus integrantes constituyen recíprocamente países de origen "seguros" en cuestiones de asilo.
No obstante, el líder secesionista aseguró ayer en una multitudinaria conferencia de prensa ante medios internacionales que no estaba en Bélgica para solicitar asilo pero se quedaría allí para actuar con "libertad y seguridad" y que tampoco regresaría a España hasta tener "garantías".
Puigdemont subrayó que acudió al "corazón de la UE" para evidenciar el problema catalán y el "déficit democrático" que se da en el Estado español, donde la Justicia lo persigue por sus "ideas" y no por "un delito".
Al menos dos ex integrantes del gobierno catalán que acompañaban a Puigdemont en la capital comunitaria regresaron anoche a Barcelona en medio de una gran expectativa mediática. Detractores y partidarios de la secesión los recibieron a los gritos.
Si finalmente Puigdemont no acude mañana a declarar, la jueza probablemente dictará a pedido de la Fiscalia la orden europea de detención vía Interpol, a la que Bélgica deberá responder, ya que es de obligado cumplimiento.
Una vez detenido, se le preguntará al ex presidente si quiere ser extraditado y, en caso de que se niegue, se inicia un procedimiento ya estipulado que no puede durar más allá de 60 días.
La decisión de si se le deja en libertad provisional mientras se tramita su expediente es únicamente potestad del juez belga que llevará el caso.
En ese plazo se celebra una vista oral, con presencia del detenido, su abogado, el fiscal y de las pruebas que se soliciten, y el juez o tribunal decide si procede o no su entrega a España, analizando los argumentos jurídicos de la querella.
En su resolución de apertura de la causa, Lamela hizo suyos los argumentos del fiscal y asegura que los querellados “urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada, y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Omnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre”.
La jueza considera que la querella del fiscal expone de manera “seria, racional y lógica, los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”.
La decisión fue anunciada desde Bruselas por su abogado, Paul Bekaert, cuya estrategia es "esperar" e impugnar un eventual pedido de extradición para que el ex presidente sea entregado por Bélgica a España, una vez que la Justicia española dicte una orden de detención en su contra.
"Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal", afirmó Bekaert esta madrugada en declaraciones al programa 'The World Today' de la cadena de televisión flamenca VRT.
Tal como señaló ayer Puigdemont en conferencia de prensa en la capital belga, el letrado dijo que no cree que existan garantías para que su cliente reciba un "juicio justo" en España.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó a declarar en calidad de investigados a Puigdemont y a los 13 ex consejeros de su cesado gobierno para el jueves y viernes a partir de las 9 de la mañana (5 de Argentina) por la querella presentada por la Fiscalía General del Estado, que le atribuye delitos que conllevan penas graves de presión.
En la querella, el Fiscal solicita que en caso de que los acusados no se presenten a la comparecencia se dicte una orden de detención. Los 14 acusados deberán depositar en un plazo de tres días una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para responder a posibles responsabilidades civiles.
El cerco judicial a Puigdemont y al resto de dirigentes secesionistas se estrechó después de que el viernes pasado el Parlamento catalán declaró la independencia y el gobierno español intervino la norteña región, destituyendo al Ejecutivo regional y convocando elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.
El lunes Puigdemont viajó de incógnito a Bruselas ante el anuncio de la Fiscalía de la presentación de la querella en su contra y entre rumores de que iba a solicitar asilo en Bélgica, una posibilidad que su abogado no descarta pero que difícilmente prosperaría.
El ex presidente catalán es un ciudadano de un país miembro de la Unión Europea (UE) y los tratados del bloque consagran que sus integrantes constituyen recíprocamente países de origen "seguros" en cuestiones de asilo.
No obstante, el líder secesionista aseguró ayer en una multitudinaria conferencia de prensa ante medios internacionales que no estaba en Bélgica para solicitar asilo pero se quedaría allí para actuar con "libertad y seguridad" y que tampoco regresaría a España hasta tener "garantías".
Puigdemont subrayó que acudió al "corazón de la UE" para evidenciar el problema catalán y el "déficit democrático" que se da en el Estado español, donde la Justicia lo persigue por sus "ideas" y no por "un delito".
Al menos dos ex integrantes del gobierno catalán que acompañaban a Puigdemont en la capital comunitaria regresaron anoche a Barcelona en medio de una gran expectativa mediática. Detractores y partidarios de la secesión los recibieron a los gritos.
Si finalmente Puigdemont no acude mañana a declarar, la jueza probablemente dictará a pedido de la Fiscalia la orden europea de detención vía Interpol, a la que Bélgica deberá responder, ya que es de obligado cumplimiento.
Una vez detenido, se le preguntará al ex presidente si quiere ser extraditado y, en caso de que se niegue, se inicia un procedimiento ya estipulado que no puede durar más allá de 60 días.
La decisión de si se le deja en libertad provisional mientras se tramita su expediente es únicamente potestad del juez belga que llevará el caso.
En ese plazo se celebra una vista oral, con presencia del detenido, su abogado, el fiscal y de las pruebas que se soliciten, y el juez o tribunal decide si procede o no su entrega a España, analizando los argumentos jurídicos de la querella.
En su resolución de apertura de la causa, Lamela hizo suyos los argumentos del fiscal y asegura que los querellados “urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada, y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Omnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre”.
La jueza considera que la querella del fiscal expone de manera “seria, racional y lógica, los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”.