Condenan a Provincia a pagar diez talleres de capacitación a una Fundación de Madryn
Sentencia de Cámara a favor de la “Ceferino Namuncurá” .
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn admitió un amparo de la Fundación Ceferino Namuncurá, propietaria de la Escuela de Gestión Social N° 1.737, y condenó a la Provincia a pagarle diez talleres de capacitación y formación profesional que corresponden al ciclo lectivo 2017, que integran la currícula de la Escuela.
Se trata de construcción de alambrados; computación básica; carpintería y fabricación de muebles; cocina; producción animal; construcción; jardinería, parquización y poda; producción animal e inseminación artificial; huerta y herrería y estructuras metálicas.
El pago incluirá los salarios abonados a docentes, insumos, gastos de mantenimiento y servicios públicos y toda otra erogación del servicio educativo de los talleres. A cinco días de definir las sumas, Provincia deberá depositar la plata, bajo apercibimiento de ejecución. Las costas las pagará el Estado.
Los jueces Julián Jalil y María Inés de Villafañe recordaron que la Escuela sita en Obreros Unidos 1201 posee autorización pedagógica del Ministerio de Educación para funcionar en Secundaria Básica y Orientada. La Resolución 537, que data de 2015, estableció la obligación estatal de garantizar fondos para este establecimiento como Unidad Educativa de Gestión Social con Orientación en Agro y Ambiente. No había fecha de vencimiento.
Las instituciones educativas de Gestión Social fueron reconocidas en la Ley de Educación Nacional para el derecho de los ciudadanos de zonas vulnerables y en condiciones de pobreza.
Son espacios de inclusión social que permiten la permanencia en el sistema educativo, dan respuesta a las necesidades de los alumnos y evitan la deserción escolar.
“Provienen de organizaciones no tradicionales, asociaciones sin fines de lucro, clubes, credos religiosos, fundaciones, cooperativas de trabajadores, etcétera. Poseen un fin altruista pues son escuelas de ´cuota cero´, cuyos servicios universales y gratuitos, sin discriminación alguna en el ingreso, permanencia y egreso, garantizan la justicia educativa”.
Educación había argumentado que los 10 talleres eran parte de un convenio con la Secretaría de Trabajo y la Escuela. El trato había finalizado y no estaba obligada a seguir pagando.
Pero según la Cámara, la Escuela Namuncurá “cumple un rol sustancial para la comunidad madrynense pues contribuye a la inclusión, estabilidad y permanencia en el sistema educativo de determinados niños, niñas y adolescentes”. En su momento, una resolución del Ministerio dejó de garantizar el sostenimiento de los escuelas de gestión social. Pero nunca notificó a la Fundación de que dejaba de asegurarle sostén financiero.
Derechos constitucionales
“Hay comprometidos derechos de raigambre constitucional como el derecho de los niños, niñas y adolescentes a su educación y el derecho a trabajar y enseñar de profesores”, dice la sentencia. Los estudiantes para egresar deben aprobar los diez talleres. “Son contención de los menores derivados desde el Poder Judicial y muchos se inician en los talleres para luego incorporarse al proyecto educativo integral”.
La propuesta pedagógica de los talleres fue evaluada por la Supervisión de Educación Privada de Nivel Secundario. Los aprobó.
“En modo alguno el Ministerio podía desentenderse de tal sostenimiento económico (…) El Estado debió garantizar en 2017 la propuesta educativa de la Escuela y solventar los diez talleres y al no hacerlo, afectó los derechos de raigambre constitucional”.#
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn admitió un amparo de la Fundación Ceferino Namuncurá, propietaria de la Escuela de Gestión Social N° 1.737, y condenó a la Provincia a pagarle diez talleres de capacitación y formación profesional que corresponden al ciclo lectivo 2017, que integran la currícula de la Escuela.
Se trata de construcción de alambrados; computación básica; carpintería y fabricación de muebles; cocina; producción animal; construcción; jardinería, parquización y poda; producción animal e inseminación artificial; huerta y herrería y estructuras metálicas.
El pago incluirá los salarios abonados a docentes, insumos, gastos de mantenimiento y servicios públicos y toda otra erogación del servicio educativo de los talleres. A cinco días de definir las sumas, Provincia deberá depositar la plata, bajo apercibimiento de ejecución. Las costas las pagará el Estado.
Los jueces Julián Jalil y María Inés de Villafañe recordaron que la Escuela sita en Obreros Unidos 1201 posee autorización pedagógica del Ministerio de Educación para funcionar en Secundaria Básica y Orientada. La Resolución 537, que data de 2015, estableció la obligación estatal de garantizar fondos para este establecimiento como Unidad Educativa de Gestión Social con Orientación en Agro y Ambiente. No había fecha de vencimiento.
Las instituciones educativas de Gestión Social fueron reconocidas en la Ley de Educación Nacional para el derecho de los ciudadanos de zonas vulnerables y en condiciones de pobreza.
Son espacios de inclusión social que permiten la permanencia en el sistema educativo, dan respuesta a las necesidades de los alumnos y evitan la deserción escolar.
“Provienen de organizaciones no tradicionales, asociaciones sin fines de lucro, clubes, credos religiosos, fundaciones, cooperativas de trabajadores, etcétera. Poseen un fin altruista pues son escuelas de ´cuota cero´, cuyos servicios universales y gratuitos, sin discriminación alguna en el ingreso, permanencia y egreso, garantizan la justicia educativa”.
Educación había argumentado que los 10 talleres eran parte de un convenio con la Secretaría de Trabajo y la Escuela. El trato había finalizado y no estaba obligada a seguir pagando.
Pero según la Cámara, la Escuela Namuncurá “cumple un rol sustancial para la comunidad madrynense pues contribuye a la inclusión, estabilidad y permanencia en el sistema educativo de determinados niños, niñas y adolescentes”. En su momento, una resolución del Ministerio dejó de garantizar el sostenimiento de los escuelas de gestión social. Pero nunca notificó a la Fundación de que dejaba de asegurarle sostén financiero.
Derechos constitucionales
“Hay comprometidos derechos de raigambre constitucional como el derecho de los niños, niñas y adolescentes a su educación y el derecho a trabajar y enseñar de profesores”, dice la sentencia. Los estudiantes para egresar deben aprobar los diez talleres. “Son contención de los menores derivados desde el Poder Judicial y muchos se inician en los talleres para luego incorporarse al proyecto educativo integral”.
La propuesta pedagógica de los talleres fue evaluada por la Supervisión de Educación Privada de Nivel Secundario. Los aprobó.
“En modo alguno el Ministerio podía desentenderse de tal sostenimiento económico (…) El Estado debió garantizar en 2017 la propuesta educativa de la Escuela y solventar los diez talleres y al no hacerlo, afectó los derechos de raigambre constitucional”.#