Lago Escondido: revocaron el sobreseimiento de Lewis hijo
La Cámara Federal de Casación Penal revocó este viernes el sobreseimiento del empresario ingles Charles Lewis, hijo del magnate Joe Lewis, y cuatro funcionarios públicos por la venta irregular de las tierras que rodean el Lago Escondido, en cercanías de El Bolsón.
Así lo dispuso la Sala III, que anuló la resolución de la Sala I de la misma Cámara, que había decretado extinta la acción penal por prescripción de los imputados que intervinieron en el trámite de adquisición del territorio emplazado en la provincia de Río Negro, en la frontera con Chile.
El fiscal general interino de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide, había presentado un recurso contra el sobreseimiento del inglés Charles Barrington Lewis y los funcionarios Susana Beatriz Sarto, Ricardo José Juan Mayer, María Luis Cristina Szama y Lisandro Alfredo Allende.
Los jueces Carlos Alberto Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani coincidieron con la posición de la PIA y determinaron que la causa no prescribió.
Los hechos que se investigan habrían ocurrido entre los años 1996 y 1997, oportunidad en la que -en contra de lo establecido por normas de defensa nacional destinadas a proteger la soberanía y la integridad de la Nación Argentina-, se logró que cerca de 11.000 hectáreas de tierras del área de seguridad de frontera con Chile, pasen a manos extranjeras, concretamente a propiedad del empresario Lewis.
En la denuncia de la PIA que inició la causa se indicó que las citadas transferencias de tierras autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad eran contrarias a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44, puesto que por su ubicación estratégica no correspondía que pasen a manos de extranjeros.
Sin embargo, para lograrlo, se realizaron maniobras por las que primero se solicitaron autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales, pero en paralelo se transfirieron las acciones a manos extranjeras.
Según publicó el portal oficial del Ministerio Público Fiscal, una vez obtenidas las autorizaciones, la transferencia de las tierras se efectivizó a favor de los extranjeros.
Es por ello que en la causa están imputados -y en algunos casos también indagados- los funcionarios públicos que autorizaron dichas ventas, la escribana actuante, el responsable del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro y las autoridades de las sociedades extranjeras HR Properties, Lago Corp, Hidden Lake y el empresario británico Charles Lewis.
La Procuraduría destacó que la existencia de funcionarios, que hasta el año 2012 han desempeñado cargos públicos, ha suspendido el plazo de prescripción y, por tanto, aún sigue vigente la posibilidad de continuar con la acción penal iniciada contra los imputados.
Así lo dispuso la Sala III, que anuló la resolución de la Sala I de la misma Cámara, que había decretado extinta la acción penal por prescripción de los imputados que intervinieron en el trámite de adquisición del territorio emplazado en la provincia de Río Negro, en la frontera con Chile.
El fiscal general interino de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide, había presentado un recurso contra el sobreseimiento del inglés Charles Barrington Lewis y los funcionarios Susana Beatriz Sarto, Ricardo José Juan Mayer, María Luis Cristina Szama y Lisandro Alfredo Allende.
Los jueces Carlos Alberto Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani coincidieron con la posición de la PIA y determinaron que la causa no prescribió.
Los hechos que se investigan habrían ocurrido entre los años 1996 y 1997, oportunidad en la que -en contra de lo establecido por normas de defensa nacional destinadas a proteger la soberanía y la integridad de la Nación Argentina-, se logró que cerca de 11.000 hectáreas de tierras del área de seguridad de frontera con Chile, pasen a manos extranjeras, concretamente a propiedad del empresario Lewis.
En la denuncia de la PIA que inició la causa se indicó que las citadas transferencias de tierras autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad eran contrarias a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44, puesto que por su ubicación estratégica no correspondía que pasen a manos de extranjeros.
Sin embargo, para lograrlo, se realizaron maniobras por las que primero se solicitaron autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales, pero en paralelo se transfirieron las acciones a manos extranjeras.
Según publicó el portal oficial del Ministerio Público Fiscal, una vez obtenidas las autorizaciones, la transferencia de las tierras se efectivizó a favor de los extranjeros.
Es por ello que en la causa están imputados -y en algunos casos también indagados- los funcionarios públicos que autorizaron dichas ventas, la escribana actuante, el responsable del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro y las autoridades de las sociedades extranjeras HR Properties, Lago Corp, Hidden Lake y el empresario británico Charles Lewis.
La Procuraduría destacó que la existencia de funcionarios, que hasta el año 2012 han desempeñado cargos públicos, ha suspendido el plazo de prescripción y, por tanto, aún sigue vigente la posibilidad de continuar con la acción penal iniciada contra los imputados.