El gobernador Mariano Arcioni firmó el decreto 1338/17, que incluye un inédito y duro ajuste en varias áreas del Gobierno provincial. El instrumento legal también fue rubricado por el ministro Coordinador de Gabinete, Sergio Mammarelli, y el ministro de Economía, Alejandro Garzonio.
Aunque la Legislatura había declarado la emergencia económica, financiera y administrativa de la Provincia, que ya incluía medidas de control y ajuste del gasto, el decreto 1338 agrega más aspectos en busca achicar aún más ese nivel de erogaciones del Estado.
El decreto es amplio e incluye, entre otros aspectos, la eliminación de horas extras y cátedras; dar de baja miles de celulares; y eliminación de contratos de asesores, que ahora deberán trabajar "ad honorem".
Un punto conflictivo del decreto y que afecta a los sindicatos es la eliminación de las licencias gremiales, lo que significa que los trabajadores en esta condición dejarán de percibir sus salarios. Y también se incluyó la suspensión de asignación y uso de vehículos oficiales a funcionarios, y la instalación de un sistema biométrico para controlar el acceso y egreso de todos los trabajadores públicos.
Más información, en la edición impresa de Jornada de este sábado
El gobernador Mariano Arcioni firmó el decreto 1338/17, que incluye un inédito y duro ajuste en varias áreas del Gobierno provincial. El instrumento legal también fue rubricado por el ministro Coordinador de Gabinete, Sergio Mammarelli, y el ministro de Economía, Alejandro Garzonio.
Aunque la Legislatura había declarado la emergencia económica, financiera y administrativa de la Provincia, que ya incluía medidas de control y ajuste del gasto, el decreto 1338 agrega más aspectos en busca achicar aún más ese nivel de erogaciones del Estado.
El decreto es amplio e incluye, entre otros aspectos, la eliminación de horas extras y cátedras; dar de baja miles de celulares; y eliminación de contratos de asesores, que ahora deberán trabajar "ad honorem".
Un punto conflictivo del decreto y que afecta a los sindicatos es la eliminación de las licencias gremiales, lo que significa que los trabajadores en esta condición dejarán de percibir sus salarios. Y también se incluyó la suspensión de asignación y uso de vehículos oficiales a funcionarios, y la instalación de un sistema biométrico para controlar el acceso y egreso de todos los trabajadores públicos.
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