Todos los días una novedad más impactante que la del día anterior. Propiedades, gastos astronómicos de tarjetas de crédito, uñas esculpidas, psicólogos, expedientes originales escondidos, placares con doble fondo y dinero oculto, y hasta chequeras en blanco con la firma (¿apócrifa?) del exgobernador Mario Das Neves.
Así de escandaloso es el Caso Correa. Cada día que pasa, la sociedad asiste a un nuevo capítulo de esta novela negra de la política chubutense. Por supuesto que no toda la clase política saldrá manchada con el lodo que salpica la investigación, pero la condena social suele ser, además de prejuiciosa, lapidaria.
Por supuesto que todavía falta mucho para juzgar y, eventualmente, condenar a Correa y a todos los involucrados en esta causa. Pero la documentación hallada hasta ahora parece tan contundente que es imposible no caer en el prejuzgamiento.
La Caja de Pandora que está abriendo el Caso Correa es un proceso sano para toda la sociedad pero, inevitablemente, le está causando un grave daño a la política chubutense. Pero cuidado: si algún sector cree estar al margen de esta matriz de corrupción, está salivando hacia arriba.
El filtrador
El procurador Miquelarena subió la apuesta esta semana y metió en el centro de la escena a un personaje polémico: Carlos García Lorea, un exdirector de la Casa del Chubut y expresidente del Banco del Chubut, íntimo amigo de Mario Das Neves desde cuando ambos revistaban en la Aduana durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
A García Lorea lo señalan desde la investigación como el responsable de filtrarle a Correa el dato de que lo estaban escuchando a través de sus teléfonos celulares. El abogado, dicen, tiene aceitados contactos en muchos sectores, desde la política hasta los servicios de inteligencia.
García Lorea le escribió una nota al fiscal federal Fernando Gélvez, en la cual rechaza esa acusación y también haberle dado “asesoramiento” a Correa, a quien conoce desde hace muchos años. Tantos, que fue él quien se lo presentó a Das Neves, cuando el ahora detenido acusado de integrar una asociación ilícita era un joven policía federal asignado a la Aduana.
Todo mezclado
La decidida y prolija tarea que está llevando adelante la recientemente creada Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, que depende de la Procuración General, se vio un poco afectada por dos hechos distintos que merecen atención: por un lado, la filtración indiscriminada de las escuchas realizadas por esta Unidad, que llegaron a los medios y a los grupos de WhatsApp con inusitada celeridad.
Pareció innecesario escuchar conversaciones que involucran a personas que por ahora no están imputadas de ningún delito y vieron violada su privacidad. U otras que ventilan cuestiones personales de los imputados, como presuntas infidelidades, que solo alimentan el chusmerío barato y no aportan nada a la causa.
Más grave aún es el extraño intento de allanar la casa del fiscal Alex Williams en Puerto Madryn. Williams no es un fiscal más: investiga el Caso Correa junto a su par Omar Rodríguez, y el jueves estaba en un importante allanamiento en Playa Unión cuando se enteró por su esposa que varios policías de la Brigada de Investigaciones de Trelew estaban en la puerta de su casa con una orden de allanamiento.
El operativo fue tan sugestivo que el propio juez que firmó la orden de allanamiento, César Zaratiegui, dio marcha atrás antes de que se concretara. La movida dejó muy mal parada a la Brigada de Trelew. Tanto que el propio secretario de Seguridad, Federico Massoni, tuvo que salir el viernes a anunciar que separará del cargo a todos los policías involucrados en el extraño intento de allanamiento al fiscal.
Ajustazo
Aunque el escándalo Correa pareció tapar algunos aspectos de la realidad, Chubut sigue atravesando la misma delicada situación económica y financiera que antes. El gobernador Mariano Arcioni sigue pegando volantazos para poder poner el auto de nuevo en la pista y, para ser sinceros, nadie lo ayuda demasiado.
El decreto 184 que firmó el jueves pasado, pergeñado por el ministro coordinador, Sergio Mammarelli, profundizó la idea del “ajuste feroz” que había lanzado con otro decreto el año pasado.
Nadie se va a oponer a un control del gasto superfluo, como dar de baja celulares inútiles, sacarles los autos oficiales a los funcionarios, eliminar las horas extras infladas o echar a asesores que ganan fortunas y no pisan nunca la Casa de Gobierno ni ninguna dependencia oficial.
Pero el decreto 184 también incluye aspectos que generan muchas dudas y, en algunos casos, reacciones desde varios sectores. Desde el arranque, el artículo 1° pone un gran signo de interrogación: la suspensión del régimen general de subsidios es tan amplia como ambigua. Muchos especulan que se podrían cortar por ejemplo la compensación por el sistema energético en el interior o el Transporte Educativo Gratuito (TEG).
La eliminación del pago de las licencias gremiales, aprobadas hace dos años por la Legislatura cuando Arcioni era presidente de la Casa de las Leyes, elimina un beneficio para los trabajadores que ya puso de los pelos a la mayoría de los sindicatos.
Lo mismo que el recorte de las horas cátedra: está bien que se eliminen beneficios que muchos pícaros están usufructuando en el sector docente. Pero también hay que pensar en la gran cantidad de porteros que según los sindicatos están siendo remunerados a través de horas cátedra para no ser pasados a planta. Si se analiza la letra fría del decreto, esos trabajadores podrían quedar en la calle.
Es obvio que para intentar salir de una crisis profunda como la que atraviesa Chubut se requieren de medidas muchas veces antipáticas. Pero hay que tener cuidado con la antipatía que se genera en la sociedad porque el riesgo es que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.#
Todos los días una novedad más impactante que la del día anterior. Propiedades, gastos astronómicos de tarjetas de crédito, uñas esculpidas, psicólogos, expedientes originales escondidos, placares con doble fondo y dinero oculto, y hasta chequeras en blanco con la firma (¿apócrifa?) del exgobernador Mario Das Neves.
Así de escandaloso es el Caso Correa. Cada día que pasa, la sociedad asiste a un nuevo capítulo de esta novela negra de la política chubutense. Por supuesto que no toda la clase política saldrá manchada con el lodo que salpica la investigación, pero la condena social suele ser, además de prejuiciosa, lapidaria.
Por supuesto que todavía falta mucho para juzgar y, eventualmente, condenar a Correa y a todos los involucrados en esta causa. Pero la documentación hallada hasta ahora parece tan contundente que es imposible no caer en el prejuzgamiento.
La Caja de Pandora que está abriendo el Caso Correa es un proceso sano para toda la sociedad pero, inevitablemente, le está causando un grave daño a la política chubutense. Pero cuidado: si algún sector cree estar al margen de esta matriz de corrupción, está salivando hacia arriba.
El filtrador
El procurador Miquelarena subió la apuesta esta semana y metió en el centro de la escena a un personaje polémico: Carlos García Lorea, un exdirector de la Casa del Chubut y expresidente del Banco del Chubut, íntimo amigo de Mario Das Neves desde cuando ambos revistaban en la Aduana durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
A García Lorea lo señalan desde la investigación como el responsable de filtrarle a Correa el dato de que lo estaban escuchando a través de sus teléfonos celulares. El abogado, dicen, tiene aceitados contactos en muchos sectores, desde la política hasta los servicios de inteligencia.
García Lorea le escribió una nota al fiscal federal Fernando Gélvez, en la cual rechaza esa acusación y también haberle dado “asesoramiento” a Correa, a quien conoce desde hace muchos años. Tantos, que fue él quien se lo presentó a Das Neves, cuando el ahora detenido acusado de integrar una asociación ilícita era un joven policía federal asignado a la Aduana.
Todo mezclado
La decidida y prolija tarea que está llevando adelante la recientemente creada Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, que depende de la Procuración General, se vio un poco afectada por dos hechos distintos que merecen atención: por un lado, la filtración indiscriminada de las escuchas realizadas por esta Unidad, que llegaron a los medios y a los grupos de WhatsApp con inusitada celeridad.
Pareció innecesario escuchar conversaciones que involucran a personas que por ahora no están imputadas de ningún delito y vieron violada su privacidad. U otras que ventilan cuestiones personales de los imputados, como presuntas infidelidades, que solo alimentan el chusmerío barato y no aportan nada a la causa.
Más grave aún es el extraño intento de allanar la casa del fiscal Alex Williams en Puerto Madryn. Williams no es un fiscal más: investiga el Caso Correa junto a su par Omar Rodríguez, y el jueves estaba en un importante allanamiento en Playa Unión cuando se enteró por su esposa que varios policías de la Brigada de Investigaciones de Trelew estaban en la puerta de su casa con una orden de allanamiento.
El operativo fue tan sugestivo que el propio juez que firmó la orden de allanamiento, César Zaratiegui, dio marcha atrás antes de que se concretara. La movida dejó muy mal parada a la Brigada de Trelew. Tanto que el propio secretario de Seguridad, Federico Massoni, tuvo que salir el viernes a anunciar que separará del cargo a todos los policías involucrados en el extraño intento de allanamiento al fiscal.
Ajustazo
Aunque el escándalo Correa pareció tapar algunos aspectos de la realidad, Chubut sigue atravesando la misma delicada situación económica y financiera que antes. El gobernador Mariano Arcioni sigue pegando volantazos para poder poner el auto de nuevo en la pista y, para ser sinceros, nadie lo ayuda demasiado.
El decreto 184 que firmó el jueves pasado, pergeñado por el ministro coordinador, Sergio Mammarelli, profundizó la idea del “ajuste feroz” que había lanzado con otro decreto el año pasado.
Nadie se va a oponer a un control del gasto superfluo, como dar de baja celulares inútiles, sacarles los autos oficiales a los funcionarios, eliminar las horas extras infladas o echar a asesores que ganan fortunas y no pisan nunca la Casa de Gobierno ni ninguna dependencia oficial.
Pero el decreto 184 también incluye aspectos que generan muchas dudas y, en algunos casos, reacciones desde varios sectores. Desde el arranque, el artículo 1° pone un gran signo de interrogación: la suspensión del régimen general de subsidios es tan amplia como ambigua. Muchos especulan que se podrían cortar por ejemplo la compensación por el sistema energético en el interior o el Transporte Educativo Gratuito (TEG).
La eliminación del pago de las licencias gremiales, aprobadas hace dos años por la Legislatura cuando Arcioni era presidente de la Casa de las Leyes, elimina un beneficio para los trabajadores que ya puso de los pelos a la mayoría de los sindicatos.
Lo mismo que el recorte de las horas cátedra: está bien que se eliminen beneficios que muchos pícaros están usufructuando en el sector docente. Pero también hay que pensar en la gran cantidad de porteros que según los sindicatos están siendo remunerados a través de horas cátedra para no ser pasados a planta. Si se analiza la letra fría del decreto, esos trabajadores podrían quedar en la calle.
Es obvio que para intentar salir de una crisis profunda como la que atraviesa Chubut se requieren de medidas muchas veces antipáticas. Pero hay que tener cuidado con la antipatía que se genera en la sociedad porque el riesgo es que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.#