Seis agentes de la U-6 condenados por ejecutar y encubrir la violenta golpiza a un preso

Por Rolando Tobarez / @rtobarez

Cuatro agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por la golpiza a un interno de la Unidad 6 de Rawson. Se trata de David José María Leyes, Javier Alejandro Calderón, Roberto Germán Chaparro y Julio Miguel Acevedo. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia los halló culpables de severidades, violencia y lesiones leves. Durante 6 años tendrán prohibido custodiar presos.

Otros dos agentes, Marcelo Fabián Palleres y Gustavo Alberto Goncalvez, fueron condenados por el mismo delito pero como participantes secundarios a un año y seis meses de prisión en suspenso, e inhabilitación especial por tres años para custodia de presos.

Los próximos tres años, cada condenado deberá fijar residencia y someterse al cuidado del patronato, abstenerse de tener y usar armas y drogas y abusar de bebidas alcohólicas y realizar 200 horas de trabajo comunitario gratuito, en un establecimiento de bien público, sin entorpecer su actividad habitual. El fallo es de Enrique Guanziroli, Nora Cabrera de Monella y Luis Alberto Giménez.

“La Villa”

Ocurrió el 25 de octubre de 2014, entre las 19 y 19.30. El director de la U-6, Juan de la Cruz Céspedes, lo denunció el 28 de octubre. Leyes, Calderón, Chaparro y Acevedo, ingresaron para una requisa a “La Villa”: pabellón 11 sector C y redujeron violentamente al interno Gabriel Ángel Argañaraz. El agente pañolero Palleres extendió una manta para tapar la cámara. Y el operador de cámaras, Goncalvez, alteró el zoom desviando su objetivo y modificando su orientación y enfoque en el momento preciso de la golpiza, “regresando después con una vista borrosa, más alejada y confusa”. Evitó filmar el fondo del pabellón.

La conducta del dúo “fue deliberada al ver lo que pasaba y que no era una requisa normal; conscientes de la desmesura y violencia de sus compañeros, prefirieron su ocultamiento con los medios a su alcance. Ayudaron a esos compañeros a que la perpetraran y a tratar de evadir el castigo, eludiendo la investigación y afectando la administración de justicia”. El grupo fue sumariado y suspendido.

Argañaraz declaró que aquel sábado lavaba y colgaba ropa en la cocina. La requisa entró de la nada y él no llegó a su celda. Se le ordenó “al piso y manos a la nuca”.

Le patearon la cara y la cabeza. Sangró. Lo levantan y lo llevan al fondo, cara a la pared. Lo esposan, insultan y golpean con palos y manos. Le dicen: “Buchón, te vamos a matar por mandar en cana al Fiscal Basso” y a la DDI de Morón Merlo. Es que es testigo clave de un caso de la Justicia bonaerense. “No los vas a mandar en cana, éste es el buchón, ortiva, reventale los huevos”.

Una mano le aprieta los testículos y se desmaya. Despierta cuando con gas pimienta le lavaban la sangre de la cara. Lo tiran por las escaleras. Rodó a planta baja. Siguen los golpes y el gas. En los “buzones” le golpean la espalda con gomas. Se desmayó de nuevo.

Despertó en la enfermería. Las voces de los golpeadores le eran familiares. No tenía noción de días ni horarios.

Según el fallo, el preso “sufrió un maltrato, un perjuicio y un padecimiento injustificados”. Terminó en una sala de Terapia Intensiva de la Clínica San Miguel de Trelew.

“Fue un tratamiento mortificante y agraviante”. Si era necesario tomar medidas disciplinarias, por corpulento que fuera, “no justificaba propinarle semejante golpiza”. Un agente puede usar la violencia para reducir a un interno, pero “proporcional y racional”.

El fallo admitió “la difícil tarea” de los penitenciarios, “en una sociedad como la carcelaria con características tan violentas, acrecentadas en los tiempos que nos tocan vivir, pero no puede responderse con el mismo atropello”. Los agentes sabían que el trato “fue innecesariamente prepotente y riguroso”.

Los cuatro castigaron al interno con la intensidad que reflejaron los análisis médicos: de frente y detrás, internos y externos, hematomas, sangrados, traumatismos y heridas.

El primer médico que lo revisó, en una decisión poco frecuente, llamó a otro profesional. El primer informe había sido “superficial, ligero e imperfecto”. Se dispuso una revisación sanitaria más profunda.

Las constancias y testimonios médicos, y el examen en la clínica de Trelew, más las conclusiones de los peritos forenses, revelaron la violencia del trato.

“Muchas veces en la cárcel campean estilos de comportamientos y escalas de valores muy diferentes de los que existen en el plano social común, sin embargo ello no permite suplir aquéllas valoraciones, reconocidas para toda la sociedad y para los encarcelados, por otros modos de acción mafiosos, donde los reos o cautivos pierdan su condición de sujeto de derechos y la dignidad esencial de la persona humana”.

La refriega careció de toda proporcionalidad: “Contaron unos con su absoluta superioridad numérica, entrenamiento, coordinación y con sus objetos de defensa, como cascos, palos o escudos, frente al preso inerme y solitario”. Argañaraz nunca tuvo una faca, como se quiso hacer creer. “La golpiza no fue ningún método válido de reducción de los desórdenes carcelarios y aunque tuvieran escasa capacitación los agentes oficiales, un mínimo de serenidad de quienes más experiencia contaban los hubieran llevado a reconocer las virtudes de diálogo y un accionar más persuasivo”.

“No resulta admisible que un interno por el motivo que fuera y cualquiera sea la intensidad o excitación de su reclamo, alcance a descontrolar al personal penitenciario, especializado en su contención y termine con su humanidad por las lesiones ocasionadas en terapia intensiva”. Los códigos no escritos de la cárcel “no pueden violar la ley, ni caer en la intolerancia o desmesura”. Hubo muchos similares sin probar ni castigar. “Se le dio triste fama así a las prisiones del país, de manera que la sanción a imponerse en este asunto deberá acentuar su rigor ejemplificador, para aventar desmesuras en las cárceles de la Nación”.#

El misterio delas heridas

Carlos Moya fue el médico de guardia que revisó a Argañaraz tras la requisa, ese sábado 25. No tenía heridas. El domingo sí presentaba hematomas y dolores. Avisó a la jefa, Viviana Ceccuk, y al otro médico, Ezequiel Moure, que entraba el lunes.

Moure revisó al preso a pedido de Moya. Explicó que si él hubiera advertido lo que le comunicó Moya, lo habría puesto en el visado: Argañaraz presentaba contusiones, edema, hematoma, hemorragia en un ojo, restos hemáticos y traumatismos. Pidió una tomografía craneoencefálica y una consulta urgente con un oftalmólogo. Lo derivó a la Terapia Intensiva de Clínica San Miguel. “El llamado de Moya no era común y toda sospecha se debió asentar en el visu”, declaró.

Argañaraz quedó internado en Trelew del 27 al 29 de octubre con otorragia, cortes, politraumatismos, escoriaciones y lesiones dermatológicas. Según el Cuerpo Médico Forense, las produjo “un golpe o choque contra objeto o superficie de consistencia dura o firme”.

Desamparados por el Servicio Penitenciario

David Leyes declaró que se sintió “desamparado institucionalmente” por el Servicio Penitenciario Federal. Lo sumariaron, trasladaron y suspendieron sin cobro de haberes. “Nadie lo atendió ni le dio explicaciones”. Negó que haya sido una requisa agresiva.

Según su versión, Argañaraz quedó mirando contra la pared y manos en la espalda, a la vista de todos, en bermudas y torso desnudo para revisarlo. Esposó su mano izquierda y cuando vio un ademán brusco con la otra, comenzó a forcejear. Interpretó que quiso sacar una faca del pantalón. Con ayuda de Javier Calderón, Roberto Chaparro y Julio Acevedo, todos cayeron al piso. Lo esposaron y lo llevaron al médico de turno. “Fue un procedimiento limpio”.

Calderón también se sintió “abandonado” por el SPF: “Se le negó el abogado institucional, debió recurrir a uno particular a su costa, ningún jefe lo atendió ni le explicó nada”. Al preso lo volvió a ver el lunes cuando se ofreció como voluntario a llevarlo a la clínica en Trelew. “Salió en silla de ruedas, con la cabeza gacha, estaba colorado y golpeado en la cara que no tenía cuando lo dejaron en el sector requisa”.

Chaparro describió el mismo encontronazo con Argañaraz. “Fue el sábado y el martes fue suspendido sin que le explicaran porqué”. Al preso “lo vio alterado y realizó el ademán que lo hizo intervenir (…) Nadie les explicó nada de lo que luego sucedió y la denuncia generó mucha reticencia”.

Acevedo relató que el interno era grande para forcejear y con él cayeron todos al piso, lastimándose. Lo esposaron sin golpes. El martes lo suspenden, nadie los atendió ni recibió, sin sueldo. “Hubo desapego institucional hacia ellos, el letrado que consiguió no estuvo en la indagatoria y les dijo que estaba todo arreglado, que no declaren, que ya había hablado”.

Palleres declaró que se sintió “en indefensión” por parte del SPF y que nadie le explicó nada. “Fue suspendido, sin verse con su abogado particular que siempre estaba ocupado, ni fue a su indagatoria y cambió al cabo de dos años”.

Durante la requisa retiró de las celdas las mantas de los internos. “No tuvo intención de tapar nada; juntaba cosas del primer interno sancionado (...) Involuntariamente tenía extendida la manta. No le pasó por la cabeza que obstruía cuando manipulaba el mono grande. En ningún momento pensó en la cámara, fue casualidad, en un momento extiende más la manta fue involuntario y no sabe por qué lo hizo, estaba sorprendido”.

Goncalvez ese día operaba el sistema de videos. Le avisan que observara movimientos extraños. Manejaba veinte cámaras y dos monitores. “No ocultó nada ni llevó a puntos ciegos, enfocó globalmente sin dejar nada fuera de foco y la centró. Si hubiera querido ocultar dejaría fuera de foco o en punto ciego. No dejó de enfocar el incidente”. #

Investigarán versiones falsas y documentos adulterados

El Tribunal Oral Federal pidió que se investigue la conducta de Carlos Moya, el primer médico que revisó a Gabriel Argañaraz, por el supuesto certificado de revisación médica que se habría emitido y a su registro documental y para “esclarecer las supuestas adulteraciones materiales e ideológicas en los libros SAM de la Unidad 6”.

También se revisará la conducta de Ricardo Maidana, el primer agente que escuchó los ruidos que obligaron a la requisa: quieren saber la veracidad de su informe al superior. Y al agente Fernando Morales, por su presunta actuación en la requisa.

En el juicio se habló de una supuesta certificación médica de aquel día “Se habría hecho simultáneamente al hecho y presuntamente revelaría inexistencia de lesiones visibles”. No apareció pero si existe alguien debería explicarla.

Si la intervención del médico “hubiera sido la correcta cumpliendo sus obligaciones profesionales y funcionales, en la confección del documento se habría detectado el castigo realizado y si así no sucedió, no fue más garante de la salud que cualquier otro agente del Estado, cuando por su posición profesional y funcional era requerida otra conducta y ahora deberá examinarse judicialmente”.

Hay que revisar si la revisación del médico al interno “fue superficial, ligera o incompleta, consideró existencia de lesiones efímeras y no las documentó, aunque sin embargo alertó a otro colega su ocurrencia”.

“Ocultamiento”

Más que un incumplimiento funcional “aparece como el silenciamiento u ocultamiento de un acontecer que se supo ilegal, otorgando documentación que no reflejó la realidad vista, cuando a la revisación corporal el certificado no consignó sus lesiones, que recién se registraron más tarde en otra detección profesional”.

También se detectaron deficiencias en los libros de Novedades médicas: los profesionales firmaron los asientos salvo los cercanos al 25/10 que carecen de rúbricas. Aparece la fecha 24/10 “sobrerraspada” por 25/10. No hubo pericia documentológica.

“En un sitio de probables conflictos de cierta intensidad, no debe desdeñarse la importancia de los registros documentales de la Unidad, que son instrumentos públicos; la actuación de sus encargados debe conducirse regularmente, para que ellos sirvan de plenas pruebas y aquí ello no ha sucedido, en especial con el libro de asistencia médica, que presentó las alteraciones materiales no salvadas por sus responsables, ni resultaron peritadas”.

Se denunció como falso un informe que se basó en los dichos del agente Maidana. Escuchó los ruidos sospechosos que originaron la orden de requisa y luego consignó una faca en manos de Argañaraz, que nadie vio. “Supuestamente permitió la violenta intervención, o pudo constituir documentar una situación para encubrir un procedimiento irregular, lo que deberá esclarecerse con los involucrados”. El testigo Morales admitió haber estado en la refriega con su escudo protector asistiendo sus compañeros y haber tenido breve contacto físico con el interno. Justamente Argañaraz acusó como responsable a un uniformado con escudo. #

“En 21 años nunca vi casos tan graves”

El entonces jefe de la U-6, Juan de la Cruz Céspedes, declaró que recién dos días después de la requisa le informaron que Gabriel Argañaraz tenía varias lesiones importantes y que el médico pedía que lo saquen a la clínica para una tomografía. Se lo informó a la Dirección Nacional e hizo la denuncia.

El primer informe decía “sin lesiones agudas al momento del examen”. Se alarmó porque las heridas del preso sólo podían vincularse con la requisa. Explicó que el trabajo de los penitenciarios y la filmación “fue poco profesional, vio en el video cómo se interrumpía su visión del hecho (…) Lo suspende porque a los ojos es como que participó, no puede determinar si es intencional, fue una mala maniobra y radicó la denuncia”. En cuanto a Gustavo Goncalvez, “cambió la posición de la cámara”. Céspedes lo denunció y sumarió porque “fue una situación no conveniente”.

Ariel Eduardo Fernández es segundo jefe de Seguridad Interna. El lunes 27 supo de las heridas, pese a que según un informe de Jorge Rey, jefe de turno de la requisa, el médico no había hallado lesiones agudas. Ese visado médico no lo vio. “Le pareció extraño que en el certificado médico no se hayan visto lesiones, pues si se tuvo que usar la fuerza, siempre puede haber lesiones. En 21 años de penitenciario no ha visto casos de tal gravedad”.

El ayudante principal Ricardo Maidana, encargado de turno de la sección, fue quien dijo que recorriendo el patio oyó golpes del fondo del pabellón, como limaduras de metal cortando una ventana. Se secuestraron dos facas.

Según su versión, cuando revisan a Argañaraz “vocifera improperios, hace movimientos bruscos y con otra faca de 28 centímetros intenta agredir a personal penitenciario, se lo exhorta a deponer su actitud y aplicar la fuerza mínima indispensable para resguardar la integridad física propia y del personal y se lo reduce y esposa y también trasladada al recinto requisa para su visu médico sin lesiones agudas visibles al examen y alojados todos preventivamente en el sector D, sin que el restante visu general de los demás internos arrojara lesiones visibles y la inspección ocular otras particularidades”.

Maidana declaró que Argañaraz caminaba sin sangre ni golpes. A todos los revisó el médico. “Estaba internado porque tenía lesiones pero no se las produjeron ellos”.

Aseguró haber visto la faca. “Está en el servicio hace 24 años, habló con los compañeros y se procedió mal con ellos, el procedimiento se hizo perfectamente, fue una requisa limpia. Fue una injusticia”.

“Nunca pensó llegar a la situación judicial, piensa que nadie le va a decir la verdad, sospecha que alguien causó las lesiones que no tuvo. El interno pudo haber sido golpeado en otro turno, también se pudo auto agredir y los imputados tienen su misma sospecha”, sugirió en su declaración.