Europa reformará su polémica política migratoria tras años de crisis
La Unión Europea (UE) presentó hoy una reforma de su criticada política migratoria que busca que más países acepten acoger a inmigrantes ilegales que llegan a las costas del continente huyendo de guerras o de la pobreza, tras años de disputas en el bloque y miles de muertes de migrantes en naufragios en el Mar Mediterráneo.
El llamado Nuevo Pacto por la Migración y el Asilo también refuerza los controles fronterizos y fortalece los mecanismos de reenvío de migrantes irregulares a sus países de origen, por lo que, para la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, representa un equilibrio "justo y razonable" entre "responsabilidad y solidaridad".
El arribo de más de 1 millón de migrantes irregulares a Europa en 2015, en su mayoría refugiados de la guerra en Siria, desató una de las mayores crisis políticas dentro del bloque.
La UE se ha visto desgarrada desde entonces por una disputa en torno a qué países deberían hacerse responsables de ellos, y si todos los países, incluyendo aquellos con limitado o nulo acceso al mar, están o no obligados a colaborar.
El debate no ha cesado pese a que la entrada de inmigrantes ilegales al mayor bloque comercial del mundo ha disminuido en gran medida en los últimos años, tanto que unas 140.000 personas arribaron el año pasado de manera irregular comparadas con 2 millones de migrantes que lo hicieron legalmente, según cifras de la CE.
Turquía, Líbano y Jordania han podido manejar números mucho mayores de refugiados.
Las respuesta nacionales europeas variaron desde el levantamiento de cercas de alambres de púas hasta ignorar llamados de auxilio de barcos precarios a la deriva desbordados de hombres, mujeres y niños de Asia y África.
Miles de migrantes murieron en naufragios en el mar.
Organizaciones humanitarias y ciudadanos europeos fueron acusados de delitos por tratar de ayudar.
Las críticas a la UE volvieron a arreciar luego de que un incendio destruyera este mes el campo de refugiados más grande de Grecia y Europa, el de Moria, en la isla de Lesbos, y dejara sin techo a las 12.500 personas que malvivían en un lugar con capacidad para 2.750 personas.
"El viejo sistema ya no funciona", dijo Von der Leyen a periodistas en Bruselas, que calificó la reforma de "nuevo comienzo", informó la agencia de noticias Europa Press.
"Queremos estar a la altura de nuestros valores y al mismo tiempo enfrentar los desafíos de un mundo globalizado", dijo la presidenta del Ejecutivo de la UE, que agregó que el incendio de Moria fue "un llamado brutal" a dejar de lado las "soluciones ad-hoc y establecer un sistema de manejo de la migración predecible y confiable".
El nuevo conjunto de normas fija que aquellos países que no deseen recibir demandantes de asilo en caso de una enorme oleada migratoria deberán en cambio asumir la responsabilidad en el procedimiento de reenvío de esas personas a los países de origen.
Con ello se busca sortear la persistente negativa de países como Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia a acoger a solicitantes de asilo, y que resultó en el incumplimiento de cuotas de reubicación decididas después de 2015.
Objeto de interminables negociaciones y numerosas críticas, este nuevo plan también propone blindar judicialmente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que rescatan a migrantes en el mar.
Al mismo tiempo, revisa el principio vigente hasta ahora por el cual el país de llegada de un migrante a la UE tiene la responsabilidad de tratar sus solicitud de asilo.
Se trata de una reforma radical del sistema basado en el Convenio de Dublín, eje de tensiones en el bloque ya que coloca todo el peso en los países situados en las fronteras externas de la UE, como Grecia e Italia, desbordados desde 2015 por la oleada migratoria y la acumulación de demandas de asilo.
También se prevé un proceso acelerado para rechazar más rápidamente a los migrantes que no sean elegibles para recibir protección internacional.
Por el nuevo plan, si un país se encuentra sometido a "presiones" migratorias y considera que no puede hacerse cargo de los migrantes, puede solicitar la activación de un "mecanismo de solidaridad obligatorio", que debe ser decidido por la Comisión.
Todos los Estados estarán involucrados, dependiendo de su peso económico y su población. Pero pueden elegir entre dar la bienvenida a los solicitantes de asilo, "patrocinar" el regreso a su país de un migrante que no tiene derecho a permanecer en la UE o ayudar a construir centros de recepción.
El vicepresidente de la CE, Margaritis Schinas, dijo que el nuevo plan incluye un refuerzo de los controles fronterizos.
Las críticas al nuevo plan migratorio no tardaron en surgir.
Para Marissa Ryan, de la organización humanitaria Oxfam, con su nuevo pacto la UE "se inclinó ante la presión de los países del bloque cuyo único objetivo se disminuir el número de personas que reciben protección en Europa".
Mary Nyman, secretaria general de Cáritas en Europa, consideró "inaceptable que el nuevo mecanismo (...) permita a países miembros la opción de rechazar la aceptación de migrantes mediante el reenvío a sus países de origen".
El llamado Nuevo Pacto por la Migración y el Asilo también refuerza los controles fronterizos y fortalece los mecanismos de reenvío de migrantes irregulares a sus países de origen, por lo que, para la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, representa un equilibrio "justo y razonable" entre "responsabilidad y solidaridad".
El arribo de más de 1 millón de migrantes irregulares a Europa en 2015, en su mayoría refugiados de la guerra en Siria, desató una de las mayores crisis políticas dentro del bloque.
La UE se ha visto desgarrada desde entonces por una disputa en torno a qué países deberían hacerse responsables de ellos, y si todos los países, incluyendo aquellos con limitado o nulo acceso al mar, están o no obligados a colaborar.
El debate no ha cesado pese a que la entrada de inmigrantes ilegales al mayor bloque comercial del mundo ha disminuido en gran medida en los últimos años, tanto que unas 140.000 personas arribaron el año pasado de manera irregular comparadas con 2 millones de migrantes que lo hicieron legalmente, según cifras de la CE.
Turquía, Líbano y Jordania han podido manejar números mucho mayores de refugiados.
Las respuesta nacionales europeas variaron desde el levantamiento de cercas de alambres de púas hasta ignorar llamados de auxilio de barcos precarios a la deriva desbordados de hombres, mujeres y niños de Asia y África.
Miles de migrantes murieron en naufragios en el mar.
Organizaciones humanitarias y ciudadanos europeos fueron acusados de delitos por tratar de ayudar.
Las críticas a la UE volvieron a arreciar luego de que un incendio destruyera este mes el campo de refugiados más grande de Grecia y Europa, el de Moria, en la isla de Lesbos, y dejara sin techo a las 12.500 personas que malvivían en un lugar con capacidad para 2.750 personas.
"El viejo sistema ya no funciona", dijo Von der Leyen a periodistas en Bruselas, que calificó la reforma de "nuevo comienzo", informó la agencia de noticias Europa Press.
"Queremos estar a la altura de nuestros valores y al mismo tiempo enfrentar los desafíos de un mundo globalizado", dijo la presidenta del Ejecutivo de la UE, que agregó que el incendio de Moria fue "un llamado brutal" a dejar de lado las "soluciones ad-hoc y establecer un sistema de manejo de la migración predecible y confiable".
El nuevo conjunto de normas fija que aquellos países que no deseen recibir demandantes de asilo en caso de una enorme oleada migratoria deberán en cambio asumir la responsabilidad en el procedimiento de reenvío de esas personas a los países de origen.
Con ello se busca sortear la persistente negativa de países como Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia a acoger a solicitantes de asilo, y que resultó en el incumplimiento de cuotas de reubicación decididas después de 2015.
Objeto de interminables negociaciones y numerosas críticas, este nuevo plan también propone blindar judicialmente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que rescatan a migrantes en el mar.
Al mismo tiempo, revisa el principio vigente hasta ahora por el cual el país de llegada de un migrante a la UE tiene la responsabilidad de tratar sus solicitud de asilo.
Se trata de una reforma radical del sistema basado en el Convenio de Dublín, eje de tensiones en el bloque ya que coloca todo el peso en los países situados en las fronteras externas de la UE, como Grecia e Italia, desbordados desde 2015 por la oleada migratoria y la acumulación de demandas de asilo.
También se prevé un proceso acelerado para rechazar más rápidamente a los migrantes que no sean elegibles para recibir protección internacional.
Por el nuevo plan, si un país se encuentra sometido a "presiones" migratorias y considera que no puede hacerse cargo de los migrantes, puede solicitar la activación de un "mecanismo de solidaridad obligatorio", que debe ser decidido por la Comisión.
Todos los Estados estarán involucrados, dependiendo de su peso económico y su población. Pero pueden elegir entre dar la bienvenida a los solicitantes de asilo, "patrocinar" el regreso a su país de un migrante que no tiene derecho a permanecer en la UE o ayudar a construir centros de recepción.
El vicepresidente de la CE, Margaritis Schinas, dijo que el nuevo plan incluye un refuerzo de los controles fronterizos.
Las críticas al nuevo plan migratorio no tardaron en surgir.
Para Marissa Ryan, de la organización humanitaria Oxfam, con su nuevo pacto la UE "se inclinó ante la presión de los países del bloque cuyo único objetivo se disminuir el número de personas que reciben protección en Europa".
Mary Nyman, secretaria general de Cáritas en Europa, consideró "inaceptable que el nuevo mecanismo (...) permita a países miembros la opción de rechazar la aceptación de migrantes mediante el reenvío a sus países de origen".