El STJ podría intervenir en un pedido de apartamiento de la jueza Arbilla
Fue denunciada por mal desempeño en Consejo de la Magistratura de Chubut. La magistrada retiene bienes y busca seguir en expedientes vinculados al empresario Cristóbal López. La Fiscalía investiga posibles delitos.
Pese a haber sido recusada, denunciada penalmente por el presunto accionar coordinado con un grupo de abogados, y ahora con pedido de jury en el Consejo de la Magistratura de Chubut, la jueza Alicia Arbilla insiste en seguir interviniendo en una serie de demandas que involucra cuantiosos bienes decomisados a empresas del Grupo Indalo, informó el diario Ámbito, que fue el primero en dar cuenta de las presuntas irregularidades cometidas en un causa vinculada a una empresa propiedad del empresario Cristóbal López.
La discusión puede terminar, según especula Ámbito, en el Superior Tribunal de Justicia tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones del Noroeste del pedido de apartamiento. Y, todo esto, mientras la Fiscalía de Esquel investiga la contra denuncia que señala que señala un proceso irregular en el que podría haber habido una acción delictiva coordinada. Está finalizando la ronda de declaraciones testimoniales para recabar prueba en ese sentido.
La saga que reveló Ámbito comenzó con un puñado de demandas laborales que inició el estudio de abogados liderados por José María Venancio. Con sentencia a favor, y con aval de la magistrada cuestionada, decidieron ejecutarla a partir del secuestro y remate de bienes -como un generador de alto valor- pero que pertenecían a Ganadera Santa Elena SRL, una firma distinta a la demandada, que se denomina Establecimiento Santa Elena SA.
Varios de esos elementos ya fueron constatados por la justicia: por ejemplo, el costo de un flete para trasladar el generador desde las instalaciones de la empresa fue el doble que el valor de la demanda; casualmente, la herramienta fue “aparcada” en un campo pertenciente a Elías Silvano Simeoni, quien resultaría ser “ganador” de la compulsa. Un elemento final: el precio pagado fue de $ 97 mil pesos, cuando el valor del generador Caterpillar era de u$s 120 mil dólares, un valor unas 200 veces mayor al del remate.
Los abogados de Ganadera Santa Elena SRL se presentaron en la causa y lograron, con sendas presentaciones, detener el remate de otros bienes secuestrados por orden de Arbilla. A esta acción, la jueza la calificó insólitamente como un posible delito.
Sin embargo, parte del argumento para conceder lo pedido por Venancio en su demanda inicial fue que la empresa no se había defendido como correspondía, lo contrario a lo que luego aseguró. La firma, como gran parte del Grupo Indalo se encuentra con inhibición general de bienes dictada en el marco de la causa Oil Combustibles que se tramita en los tribunales porteños de Comodoro Py. Allí deberían haber solicitado autorización al Tribunal Oral Federal N°3 para rematar bienes que conforman parte del activo de las empresas y de las que no podían desprenderse. No ocurrió.
El accionar de Venancio -presidente del Colegio de Abogados de Esquel y con muchos vínculos en el ámbito judicial- motivó la denuncia penal que investiga la justicia chubutense, a cargo de la fiscal María Bottini. Ese expediente está avanzando pero se le anexaron otros actores como la propia jueza Arbilla que además de recusada para intervenir en el resto de los expedientes por demandas laborales fue denunciada como parte de la maniobra.
La jueza intentó una suerte de defensa pública en la que reivindicó no solo su accionar, sino el del grupo de abogados que encabeza Venancio. Dilatando la resolución de los otros pedidos para restituir los bienes logró llegar a las puertas de la feria judicial de fin de año, y rechazó todas las recusaciones planteadas.
El abogado de Establecimiento Santa Elena SA acudió a la Cámara de Apelaciones pero, de manera poco usual, los jueces rechazaron la recusación pero en un voto unánime, cuando usualmente cada vocalía expresa motivos. Todo esto, empujará a un nuevo recurso que, ya sea concedido o no, terminará en el máximo tribunal de justicia de la provincia.
En paralelo, los abogados presentaron un pedido de análisis disciplinario sobre Arbilla en el Consejo de la Magistratura local, lo que muestra hasta qué punto escaló lo que se presume como un escándalo que había comenzado como una serie de demandas laborales a raíz de la situación crítica en la que habían ingresado las empresas de Indalo arrastradas por el embate contra la petrolera Oil Combustibles y con la detención preventiva que se extendió por casi dos años de sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En total, son cinco expedientes distintos que se iniciaron y fueron patrocinados por Venancio que derivaron en este escándalo, sin precedentes en la justicia de Chubut.
Pese a haber sido recusada, denunciada penalmente por el presunto accionar coordinado con un grupo de abogados, y ahora con pedido de jury en el Consejo de la Magistratura de Chubut, la jueza Alicia Arbilla insiste en seguir interviniendo en una serie de demandas que involucra cuantiosos bienes decomisados a empresas del Grupo Indalo, informó el diario Ámbito, que fue el primero en dar cuenta de las presuntas irregularidades cometidas en un causa vinculada a una empresa propiedad del empresario Cristóbal López.
La discusión puede terminar, según especula Ámbito, en el Superior Tribunal de Justicia tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones del Noroeste del pedido de apartamiento. Y, todo esto, mientras la Fiscalía de Esquel investiga la contra denuncia que señala que señala un proceso irregular en el que podría haber habido una acción delictiva coordinada. Está finalizando la ronda de declaraciones testimoniales para recabar prueba en ese sentido.
La saga que reveló Ámbito comenzó con un puñado de demandas laborales que inició el estudio de abogados liderados por José María Venancio. Con sentencia a favor, y con aval de la magistrada cuestionada, decidieron ejecutarla a partir del secuestro y remate de bienes -como un generador de alto valor- pero que pertenecían a Ganadera Santa Elena SRL, una firma distinta a la demandada, que se denomina Establecimiento Santa Elena SA.
Varios de esos elementos ya fueron constatados por la justicia: por ejemplo, el costo de un flete para trasladar el generador desde las instalaciones de la empresa fue el doble que el valor de la demanda; casualmente, la herramienta fue “aparcada” en un campo pertenciente a Elías Silvano Simeoni, quien resultaría ser “ganador” de la compulsa. Un elemento final: el precio pagado fue de $ 97 mil pesos, cuando el valor del generador Caterpillar era de u$s 120 mil dólares, un valor unas 200 veces mayor al del remate.
Los abogados de Ganadera Santa Elena SRL se presentaron en la causa y lograron, con sendas presentaciones, detener el remate de otros bienes secuestrados por orden de Arbilla. A esta acción, la jueza la calificó insólitamente como un posible delito.
Sin embargo, parte del argumento para conceder lo pedido por Venancio en su demanda inicial fue que la empresa no se había defendido como correspondía, lo contrario a lo que luego aseguró. La firma, como gran parte del Grupo Indalo se encuentra con inhibición general de bienes dictada en el marco de la causa Oil Combustibles que se tramita en los tribunales porteños de Comodoro Py. Allí deberían haber solicitado autorización al Tribunal Oral Federal N°3 para rematar bienes que conforman parte del activo de las empresas y de las que no podían desprenderse. No ocurrió.
El accionar de Venancio -presidente del Colegio de Abogados de Esquel y con muchos vínculos en el ámbito judicial- motivó la denuncia penal que investiga la justicia chubutense, a cargo de la fiscal María Bottini. Ese expediente está avanzando pero se le anexaron otros actores como la propia jueza Arbilla que además de recusada para intervenir en el resto de los expedientes por demandas laborales fue denunciada como parte de la maniobra.
La jueza intentó una suerte de defensa pública en la que reivindicó no solo su accionar, sino el del grupo de abogados que encabeza Venancio. Dilatando la resolución de los otros pedidos para restituir los bienes logró llegar a las puertas de la feria judicial de fin de año, y rechazó todas las recusaciones planteadas.
El abogado de Establecimiento Santa Elena SA acudió a la Cámara de Apelaciones pero, de manera poco usual, los jueces rechazaron la recusación pero en un voto unánime, cuando usualmente cada vocalía expresa motivos. Todo esto, empujará a un nuevo recurso que, ya sea concedido o no, terminará en el máximo tribunal de justicia de la provincia.
En paralelo, los abogados presentaron un pedido de análisis disciplinario sobre Arbilla en el Consejo de la Magistratura local, lo que muestra hasta qué punto escaló lo que se presume como un escándalo que había comenzado como una serie de demandas laborales a raíz de la situación crítica en la que habían ingresado las empresas de Indalo arrastradas por el embate contra la petrolera Oil Combustibles y con la detención preventiva que se extendió por casi dos años de sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En total, son cinco expedientes distintos que se iniciaron y fueron patrocinados por Venancio que derivaron en este escándalo, sin precedentes en la justicia de Chubut.