Torturas a soldados en Malvinas: la causa puede quedar impune
La causa judicial por presuntas torturas a soldados durante la guerra de Malvinas enfrenta un doble peligro de impunidad: por un lado, al intentar reconstruir hechos sucedidos hace 39 años, y por el otro, debido a las constantes dilaciones de un expediente que lleva 14 años de trámite sin que siquiera se haya indagado a la totalidad de los exmilitares involucrados.
La investigación que comenzó en 2007, con las primeras 25 denuncias presentadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes, incluye decenas de testimonios de exconscriptos sobre supuestos estaqueamientos y enterramientos en medio del conflicto bélico de 1982.
Casi todos los sucesos se relacionan con soldados hambrientos que se procuraron su propia comida, y que por ello fueron castigados a la intemperie, aun mientras se producían bombardeos enemigos.
El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Mariel Borruto, quien esta semana volvió a postergar las indagatorias de seis integrantes de alto rango de las Fuerzas Armadas, informó Telam.
La medida encendió el enojo de asociaciones de excombatientes y especialistas en el tema que siguen de cerca la investigación, para quienes la Justicia, "lejos de querer llegar a la verdad, está haciendo todo lo posible para consagrar la impunidad", según dijeron varios de esos referentes consultados por Télam.
Uno de ellos, Ernesto Alonso, integrante del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) acusó a la jueza Borruto de "trabajar para la impunidad".
"No tenemos palabras para referirnos a estos hechos inaceptables. Si hay alguien que representa la impunidad en materia de derechos humanos en el país, es esta magistrada", afirmó Alonso en dialogo con Télam.
El dirigente recordó que las primeras 18 indagatorias en la causa fueron ordenadas en diciembre de 2018 por el juez subrogante del caso Federico Calvete.
Sin embargo, un año después solo declararon 4 militares, a quienes Borruto procesó en 2020 por el delito de "imposición de tormentos".
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó tres de esos procesamientos semanas atrás, y dictó una falta de mérito, además de convalidar, por mayoría, que se trata de "delitos de lesa humanidad" y por lo tanto no sujetos a prescripción.
Borruto llamó también a otras seis indagatorias, que primero postergó por falencias de "infraestructura y personal" en el juzgado, y luego por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.
Las declaraciones se iban a realizar esta semana, pero una de ellas, la del exgeneral de brigada Omar Edgardo Parada, se suspendió porque el exmilitar acusó problemas de salud, y las demás fueron suspendidas una vez más porque la jueza hizo lugar a un pedido del defensor oficial Guillermo Garone, de trasladarse a Buenos Aires para estar presente en las videoconferencias de sus asistidos.
"No puede ser que con citaciones realizadas con tanta antelación, la jueza acceda a un pedido de esta naturaleza. Primero el 'acting' de Parada y ahora esto", se quejó Alonso, miembro de la entidad que actúa como querellante en la causa.
Según el dirigente, "si analizamos lo que hizo Borruto desde su asunción en el cargo, todo va en un mismo sentido". Y agregó: "Es una de esas personas que dice pero no hace nada, que busca la impunidad biológica del caso".
Por su parte, el periodista de Ushuaia, excombatiente de la guerra y editor del portal especializado "Agenda Malvinas", Daniel Guzmán, coincide en que la Justicia está siendo "complaciente" con "los miembros del mismo poder militar que llevó al conflicto de 1982 las prácticas macabras utilizadas contra la población civil durante la dictadura", según señaló en diálogo con Télam.
Según Guzmán, el Estado argentino tiene una "deuda moral, legal y judicial" con los excombatientes, porque "no se ocupó de su contención y asistencia durante la postguerra, y tampoco de garantizar que se haga justicia por las torturas y vejaciones sufridas durante el conflicto, a manos de los propios oficiales y suboficiales".
"Nuestra democracia que actuó con máximo rigor contra los responsables del terrorismo de Estado por la desaparición de 30.000 compañeros, no actúa con la misma vehemencia en relación a estos delitos de lesa humanidad. Así, se impide la reconstrucción de los hechos históricos y se profundiza el proceso de desmalvinización", aseveró el periodista.
Aunque ni la jueza Borruto ni otros funcionarios del Juzgado Federal de Río Grande aceptaron hasta el momento dar explicaciones sobre las constantes dilaciones en la causa, puertas adentro hay funcionarios que admiten las críticas al accionar judicial.
"Siento vergüenza por lo que está pasando. No se puede conceder el viaje del defensor a Buenos Aires, justo en el momento de mayor contagio de Covid-19", reconoció un vocero del juzgado consultado por Télam.
Desde el Cecim insisten en que mientras la justicia contempla todas las alternativas que presentan los imputados, "nadie se pone del lado de las víctimas".
"Hace casi cuarenta años que un grupo de soldados espera justicia. Y lo que reciben es dilaciones e impunidad, como si la que estuviera detenida, pero en el tiempo, fuera la investigación judicial", concluyó Alonso.
La investigación que comenzó en 2007, con las primeras 25 denuncias presentadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes, incluye decenas de testimonios de exconscriptos sobre supuestos estaqueamientos y enterramientos en medio del conflicto bélico de 1982.
Casi todos los sucesos se relacionan con soldados hambrientos que se procuraron su propia comida, y que por ello fueron castigados a la intemperie, aun mientras se producían bombardeos enemigos.
El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Mariel Borruto, quien esta semana volvió a postergar las indagatorias de seis integrantes de alto rango de las Fuerzas Armadas, informó Telam.
La medida encendió el enojo de asociaciones de excombatientes y especialistas en el tema que siguen de cerca la investigación, para quienes la Justicia, "lejos de querer llegar a la verdad, está haciendo todo lo posible para consagrar la impunidad", según dijeron varios de esos referentes consultados por Télam.
Uno de ellos, Ernesto Alonso, integrante del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) acusó a la jueza Borruto de "trabajar para la impunidad".
"No tenemos palabras para referirnos a estos hechos inaceptables. Si hay alguien que representa la impunidad en materia de derechos humanos en el país, es esta magistrada", afirmó Alonso en dialogo con Télam.
El dirigente recordó que las primeras 18 indagatorias en la causa fueron ordenadas en diciembre de 2018 por el juez subrogante del caso Federico Calvete.
Sin embargo, un año después solo declararon 4 militares, a quienes Borruto procesó en 2020 por el delito de "imposición de tormentos".
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó tres de esos procesamientos semanas atrás, y dictó una falta de mérito, además de convalidar, por mayoría, que se trata de "delitos de lesa humanidad" y por lo tanto no sujetos a prescripción.
Borruto llamó también a otras seis indagatorias, que primero postergó por falencias de "infraestructura y personal" en el juzgado, y luego por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.
Las declaraciones se iban a realizar esta semana, pero una de ellas, la del exgeneral de brigada Omar Edgardo Parada, se suspendió porque el exmilitar acusó problemas de salud, y las demás fueron suspendidas una vez más porque la jueza hizo lugar a un pedido del defensor oficial Guillermo Garone, de trasladarse a Buenos Aires para estar presente en las videoconferencias de sus asistidos.
"No puede ser que con citaciones realizadas con tanta antelación, la jueza acceda a un pedido de esta naturaleza. Primero el 'acting' de Parada y ahora esto", se quejó Alonso, miembro de la entidad que actúa como querellante en la causa.
Según el dirigente, "si analizamos lo que hizo Borruto desde su asunción en el cargo, todo va en un mismo sentido". Y agregó: "Es una de esas personas que dice pero no hace nada, que busca la impunidad biológica del caso".
Por su parte, el periodista de Ushuaia, excombatiente de la guerra y editor del portal especializado "Agenda Malvinas", Daniel Guzmán, coincide en que la Justicia está siendo "complaciente" con "los miembros del mismo poder militar que llevó al conflicto de 1982 las prácticas macabras utilizadas contra la población civil durante la dictadura", según señaló en diálogo con Télam.
Según Guzmán, el Estado argentino tiene una "deuda moral, legal y judicial" con los excombatientes, porque "no se ocupó de su contención y asistencia durante la postguerra, y tampoco de garantizar que se haga justicia por las torturas y vejaciones sufridas durante el conflicto, a manos de los propios oficiales y suboficiales".
"Nuestra democracia que actuó con máximo rigor contra los responsables del terrorismo de Estado por la desaparición de 30.000 compañeros, no actúa con la misma vehemencia en relación a estos delitos de lesa humanidad. Así, se impide la reconstrucción de los hechos históricos y se profundiza el proceso de desmalvinización", aseveró el periodista.
Aunque ni la jueza Borruto ni otros funcionarios del Juzgado Federal de Río Grande aceptaron hasta el momento dar explicaciones sobre las constantes dilaciones en la causa, puertas adentro hay funcionarios que admiten las críticas al accionar judicial.
"Siento vergüenza por lo que está pasando. No se puede conceder el viaje del defensor a Buenos Aires, justo en el momento de mayor contagio de Covid-19", reconoció un vocero del juzgado consultado por Télam.
Desde el Cecim insisten en que mientras la justicia contempla todas las alternativas que presentan los imputados, "nadie se pone del lado de las víctimas".
"Hace casi cuarenta años que un grupo de soldados espera justicia. Y lo que reciben es dilaciones e impunidad, como si la que estuviera detenida, pero en el tiempo, fuera la investigación judicial", concluyó Alonso.