En Túnez proponen que empresarios corruptos financien hospitales y escuelas
En medio de la crisis política que desató al suspender al premier y el Parlamento, el presidente de Túnez, Kais Saied, propuso hoy que cientos de magnates sospechosos de malversación de fondos lleguen a un acuerdo con el Estado para financiar hospitales públicos, escuelas y proyectos de desarrollo en regiones pobres a cambio de evitar ser condenados por corrupción.
Saied, que tomó el poder esta semana, intenta así luchar contra la corrupción a la vez que busca contrarrestar las acusaciones de golpe de Estado que pesan en su contra después de que el domingo despidiera al primer ministro y suspendiera el Parlamento.
El mandatario insistió en que se trata de una medida "provisional" y aseguró que mantiene su apego a las libertades y derechos garantizados en la Constitución, surgida tras el derrocamiento del dictador Zine El Abidine Ben Ali en 2011, en el marco del levantamiento popular conocido como Primavera Árabe.
Saied se reunió anoche con el director de la organización de empleadores tunecina, Samir Majoul, y propuso un trato inusual a unas 460 importantes figuras empresariales sospechosas de malversar miles de millones de dólares en los años previos a la revolución de 2011 en Túnez, según la agencia de noticias AFP.
Para evitar acciones legales, Saied sugirió llegar a un acuerdo con los magnates en virtud del cual financiarían proyectos de desarrollo en regiones pobres para "devolver el dinero robado al pueblo tunecino".
Los proyectos podrían incluir la construcción de hospitales, escuelas y vías públicas, y los empresarios serían responsables de asegurar su mantenimiento durante 10 años, explicó Saied.
Los nombres de los empresarios aparecen en un informe elaborado por una comisión investigadora tras la revolución que derrocó a Ben Ali en 2011. Se sospecha que han malversado alrededor de 13.500 millones de dinares (casi 5.000 millones de dólares) de las arcas estatales.
Saied denunció la corrupción en el sector del fosfato, cuya producción ha caído significativamente en los últimos años.
Los productores de fosfato “cobran 25 dinares por tonelada por el transporte (en camiones), mientras que por tren no supera los siete dinares. Pagan a las personas para que bloqueen el tren y pongan obstáculos en las vías. No es normal que Túnez, que fue el segundo mayor exportador de fosfato del mundo, se convierta en importador ”, explicó Saied.
También instó al presidente de la organización de empleadores a trabajar con los comerciantes mayoristas y minoristas para reducir los precios de los alimentos evitando la monopolización y la especulación.
La corrupción fue uno de los principales impulsores de la revolución de Túnez de 2010-2011, y muchos tunecinos están frustrados porque una década de democracia no ha podido acabar con ella.
Saied, que tomó el poder esta semana, intenta así luchar contra la corrupción a la vez que busca contrarrestar las acusaciones de golpe de Estado que pesan en su contra después de que el domingo despidiera al primer ministro y suspendiera el Parlamento.
El mandatario insistió en que se trata de una medida "provisional" y aseguró que mantiene su apego a las libertades y derechos garantizados en la Constitución, surgida tras el derrocamiento del dictador Zine El Abidine Ben Ali en 2011, en el marco del levantamiento popular conocido como Primavera Árabe.
Saied se reunió anoche con el director de la organización de empleadores tunecina, Samir Majoul, y propuso un trato inusual a unas 460 importantes figuras empresariales sospechosas de malversar miles de millones de dólares en los años previos a la revolución de 2011 en Túnez, según la agencia de noticias AFP.
Para evitar acciones legales, Saied sugirió llegar a un acuerdo con los magnates en virtud del cual financiarían proyectos de desarrollo en regiones pobres para "devolver el dinero robado al pueblo tunecino".
Los proyectos podrían incluir la construcción de hospitales, escuelas y vías públicas, y los empresarios serían responsables de asegurar su mantenimiento durante 10 años, explicó Saied.
Los nombres de los empresarios aparecen en un informe elaborado por una comisión investigadora tras la revolución que derrocó a Ben Ali en 2011. Se sospecha que han malversado alrededor de 13.500 millones de dinares (casi 5.000 millones de dólares) de las arcas estatales.
Saied denunció la corrupción en el sector del fosfato, cuya producción ha caído significativamente en los últimos años.
Los productores de fosfato “cobran 25 dinares por tonelada por el transporte (en camiones), mientras que por tren no supera los siete dinares. Pagan a las personas para que bloqueen el tren y pongan obstáculos en las vías. No es normal que Túnez, que fue el segundo mayor exportador de fosfato del mundo, se convierta en importador ”, explicó Saied.
También instó al presidente de la organización de empleadores a trabajar con los comerciantes mayoristas y minoristas para reducir los precios de los alimentos evitando la monopolización y la especulación.
La corrupción fue uno de los principales impulsores de la revolución de Túnez de 2010-2011, y muchos tunecinos están frustrados porque una década de democracia no ha podido acabar con ella.