El SOyEAP reclama que el cupo laboral trans se cumpla en la Provincia y en todos los municipios
Desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública exigieron el cumplimiento de la Ley Provincial N° 621 en todo el ámbito de la administración pública provincial y municipal, en todos los municipios que adhirieron a la presente Ley hace más de 1 año.
Esta Ley establece la obligatoriedad de ocupar a personas trans en el Estado en una proporción no inferior al 0,5% de la totalidad de su personal, y a más de un año de la sanción de la misma, ésta sigue sin implementarse efectivamente.
“El Estado es el principal actor en estos cambios de paradigmas que dejen de lado la discriminación y la desigualdad”, señaló Miguel López, interventor de SOyEAP.
“En el acceso a la educación y la seguridad social, el Estado debe dar el ejemplo en el mercado laboral para que como sociedad podamos tener una igualdad real de derechos y oportunidades, el respeto por la dignidad, la privacidad y la libertad de pensamiento de personas travestis, transexuales y transgénero. Sobre todo, en el contexto de pandemia, donde se vio aún más agravada su situación de vulnerabilidad social”.
La primera y la mejor
Tania Manrique referente del Área de Mujeres, Género y Diversidad del Sindicato, expresó: “Tenemos hace casi 10 años una ley de identidad de género, la primera del mundo y la mejor, que determina el derecho a una vida libre de violencias sin importar la identidad o expresión de género o su orientación sexual y aún con los avances normativos en la materia, las personas travestis, transexuales y transgénero continúan teniendo dificultades para el efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna.”
Estado garante
Según la Federación Argentina Lgbt (FALGBT), las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones. Resulta de vital importancia transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años.
Los Estados son garantes de los derechos humanos y asumieron el compromiso de propender a la eliminación de prácticas discriminatorias de cualquier naturaleza que entrañen la violación de derechos y medidas de acción positiva, con el objetivo de comenzar a reparar las vulneraciones que se han cometido históricamente contra las personas travestis, transexuales y transgénero.#
Desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública exigieron el cumplimiento de la Ley Provincial N° 621 en todo el ámbito de la administración pública provincial y municipal, en todos los municipios que adhirieron a la presente Ley hace más de 1 año.
Esta Ley establece la obligatoriedad de ocupar a personas trans en el Estado en una proporción no inferior al 0,5% de la totalidad de su personal, y a más de un año de la sanción de la misma, ésta sigue sin implementarse efectivamente.
“El Estado es el principal actor en estos cambios de paradigmas que dejen de lado la discriminación y la desigualdad”, señaló Miguel López, interventor de SOyEAP.
“En el acceso a la educación y la seguridad social, el Estado debe dar el ejemplo en el mercado laboral para que como sociedad podamos tener una igualdad real de derechos y oportunidades, el respeto por la dignidad, la privacidad y la libertad de pensamiento de personas travestis, transexuales y transgénero. Sobre todo, en el contexto de pandemia, donde se vio aún más agravada su situación de vulnerabilidad social”.
La primera y la mejor
Tania Manrique referente del Área de Mujeres, Género y Diversidad del Sindicato, expresó: “Tenemos hace casi 10 años una ley de identidad de género, la primera del mundo y la mejor, que determina el derecho a una vida libre de violencias sin importar la identidad o expresión de género o su orientación sexual y aún con los avances normativos en la materia, las personas travestis, transexuales y transgénero continúan teniendo dificultades para el efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna.”
Estado garante
Según la Federación Argentina Lgbt (FALGBT), las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones. Resulta de vital importancia transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años.
Los Estados son garantes de los derechos humanos y asumieron el compromiso de propender a la eliminación de prácticas discriminatorias de cualquier naturaleza que entrañen la violación de derechos y medidas de acción positiva, con el objetivo de comenzar a reparar las vulneraciones que se han cometido históricamente contra las personas travestis, transexuales y transgénero.#