Plan de seguridad: un paso hacia adelante
- Por esteban Gallo
La seguridad es un derecho humano, y garantizar que ese derecho se cumpla es una condición indispensable para el funcionamiento de la sociedad y un principio básico para asegurar la calidad de vida de la población. Quien debe instrumentar las políticas públicas que aseguren el cumplimiento de ese derecho ineludible es el Estado.
En esa dirección, que el gobernador “Nacho” Torres haya anunciado el domingo pasado una serie de medidas profundas destinadas a frenar la escalada de violencia es un paso hacia adelante, en una provincia acostumbrada a dar pasos para atrás en la materia.
Aunque las acciones están orientadas a brindar respuestas a todas las ciudades de la provincia, es lógico, que Trelew reciba una atención especial, en razón de los altos índices de inseguridad que la golpea.
Con esa mirada, el gobernador anunció que en muy pocos días empezará a funcionar el comando de seguridad unificado que atenderá especialmente “las zonas calientes” de Trelew, con personal de la policía provincial y el aporte en calle de las fuerzas federales del orden.
Todas las acciones dirigidas a incrementar la tarea de prevención y control de la delincuencia son bienvenidas para una comunidad que necesita sentirse protegida y segura.
Torres puntualizó también que su gobierno refrendará un acuerdo para instalar un polo penal, que funcionará en el Centro de Encuentro de la ciudad de Trelew. La idea es implementar herramientas que aceleren los plazos de las causas judiciales, que es una de las grandes falencias de la Justicia provincial.
En la misma sintonía, el mandatario reiteró el compromiso de avanzar antes del mes de mayo con la reforma del Código Procesal Penal con la que se pretende tener jueces específicos para hacer juicios abreviados, más sanciones para la violencia de género, que las penas de cárcel se cumplan de inmediato y más facultades para la investigación de los fiscales.
Es de esperar que los diputados provinciales de Chubut estén a la altura de las circunstancias y se decidan a avanzar de una vez por todas con una herramienta que el Ministerio Público Fiscal reclama con insistencia desde el año 2015.
Hablando de elevar la vara, el Poder Judicial deberá estar en sintonía con las medidas dispuestas por el jefe político de la provincia. No es una cuestión menor. No habrá resultados positivos si uno de los poderes del Estado se desentiende de sus responsabilidades y no logra romper con el estado de disociación que lo mantiene alejado de la sociedad.
Que Trelew reciba especial atención por parte del gobierno también es un acierto por los estragos que el desempleo ha provocado en la ciudad en los últimos años y la vinculación que la falta de trabajo tiene con los altos índices delictivos.
La creación de una subzona franca, anunciada por el mandatario provincial, con la reducción de costos, la simplificación de los procedimientos administrativos y los incentivos fiscales que traería aparejados, puede convertirse en una herramienta clave para el desarrollo del parque industrial.
Detrás del proyecto no solamente deben estar el gobernador Torres y el intendente Merino. Todos los sectores de la sociedad local, tanto del ámbito político como empresarial deberían comprometerse con la iniciativa y aunar esfuerzos denodados para concretarlo, porque Trelew no puede dejar pasar por alto esta oportunidad.
Al fin y al cabo, la seguridad también se consolida cuando todos los vecinos tienen la oportunidad de incorporarse plenamente a la sociedad. Para lograrlo, se necesitan políticas de desarrollo que permitan recuperar el empleo y la dignidad.
El gobernador transita en esa dirección. Que los demás actores caminen por la misma senda.
- Por esteban Gallo
La seguridad es un derecho humano, y garantizar que ese derecho se cumpla es una condición indispensable para el funcionamiento de la sociedad y un principio básico para asegurar la calidad de vida de la población. Quien debe instrumentar las políticas públicas que aseguren el cumplimiento de ese derecho ineludible es el Estado.
En esa dirección, que el gobernador “Nacho” Torres haya anunciado el domingo pasado una serie de medidas profundas destinadas a frenar la escalada de violencia es un paso hacia adelante, en una provincia acostumbrada a dar pasos para atrás en la materia.
Aunque las acciones están orientadas a brindar respuestas a todas las ciudades de la provincia, es lógico, que Trelew reciba una atención especial, en razón de los altos índices de inseguridad que la golpea.
Con esa mirada, el gobernador anunció que en muy pocos días empezará a funcionar el comando de seguridad unificado que atenderá especialmente “las zonas calientes” de Trelew, con personal de la policía provincial y el aporte en calle de las fuerzas federales del orden.
Todas las acciones dirigidas a incrementar la tarea de prevención y control de la delincuencia son bienvenidas para una comunidad que necesita sentirse protegida y segura.
Torres puntualizó también que su gobierno refrendará un acuerdo para instalar un polo penal, que funcionará en el Centro de Encuentro de la ciudad de Trelew. La idea es implementar herramientas que aceleren los plazos de las causas judiciales, que es una de las grandes falencias de la Justicia provincial.
En la misma sintonía, el mandatario reiteró el compromiso de avanzar antes del mes de mayo con la reforma del Código Procesal Penal con la que se pretende tener jueces específicos para hacer juicios abreviados, más sanciones para la violencia de género, que las penas de cárcel se cumplan de inmediato y más facultades para la investigación de los fiscales.
Es de esperar que los diputados provinciales de Chubut estén a la altura de las circunstancias y se decidan a avanzar de una vez por todas con una herramienta que el Ministerio Público Fiscal reclama con insistencia desde el año 2015.
Hablando de elevar la vara, el Poder Judicial deberá estar en sintonía con las medidas dispuestas por el jefe político de la provincia. No es una cuestión menor. No habrá resultados positivos si uno de los poderes del Estado se desentiende de sus responsabilidades y no logra romper con el estado de disociación que lo mantiene alejado de la sociedad.
Que Trelew reciba especial atención por parte del gobierno también es un acierto por los estragos que el desempleo ha provocado en la ciudad en los últimos años y la vinculación que la falta de trabajo tiene con los altos índices delictivos.
La creación de una subzona franca, anunciada por el mandatario provincial, con la reducción de costos, la simplificación de los procedimientos administrativos y los incentivos fiscales que traería aparejados, puede convertirse en una herramienta clave para el desarrollo del parque industrial.
Detrás del proyecto no solamente deben estar el gobernador Torres y el intendente Merino. Todos los sectores de la sociedad local, tanto del ámbito político como empresarial deberían comprometerse con la iniciativa y aunar esfuerzos denodados para concretarlo, porque Trelew no puede dejar pasar por alto esta oportunidad.
Al fin y al cabo, la seguridad también se consolida cuando todos los vecinos tienen la oportunidad de incorporarse plenamente a la sociedad. Para lograrlo, se necesitan políticas de desarrollo que permitan recuperar el empleo y la dignidad.
El gobernador transita en esa dirección. Que los demás actores caminen por la misma senda.