La paridad es voluntad de la Constitución
Por Patricia Reyes, jueza penal, socia de AMJA y docente.
Especial para Jornada.
A diario observamos que existe un apartamiento del sistema constitucional, esto se observa en todos los niveles y ámbitos donde deben tomarse decisiones, y no cualquier decisión, sino aquellas que afectan a los ciudadanos en el presente y hacia futuro.
Es necesario recordar que quienes ejercen el Poder deben ajustarse a la Constitución en todo su sentido, para ello es necesario que como argentinos, en todos los ámbitos y niveles, comprendamos las bondades del sistema constitucional y la necesidad imperiosa de que todo el sistema legal se ajuste a los principios allí contenidos, porque se trata de nuestra acta fundacional, es el estatuto organizativo supremo, el que contiene el pacto social de convivencia y el proyecto de vida de una sociedad.
Pero cada día estoy más convencida que poco conocemos y respetamos la Constitución. En ella se funda la legitimidad de ejercicio de los poderes y libertades, su fuerza normativa permite hablar de la inoperatividad de los preceptos constitucionales y su supremacía sobre las demás normas y actos que de ellos derivan se convierten en una regla de gobierno de todas las instituciones y la totalidad de la vida jurídica de la sociedad, por ello los principios constitucionales e instituciones allí consagrados dan origen a derechos y obligaciones y vinculan a todos los poderes públicos y a los particulares.
El valor de una Constitución se dimensiona por su proyección en el tiempo, cuando sus instituciones no pierden vigencia y en épocas de crisis permiten orientar a los ciudadanos y a las autoridades públicas, por sobre los conflictos y las diferencias.
Es en la propia Constitución Nacional donde se reconoce a las provincias su autonomía y ella hace que cada una se dé su propia Constitución que no puede recortar los principios, derechos, facultades, garantías y deberes de la nacional, pero si puede ampliarlos, como lo hizo el constituyente chubutense en 1994 dando forma a una Constitución de avanzada.
Allí a partir del piso del constituyente nacional se fijaron derechos y garantías que no podemos dejar de lado, por más embates políticos partidarios que aparezcan, porque justamente es allí donde cobra más fuerza la letra constitucional. Es entonces donde debemos recordar, respetar y hacer respetar esas normas.
En este momento difícil en nuestra provincia donde parece que hay un olvido, desconocimiento, descuido, distracción para nombrarlo de alguna manera, es necesario recordarles a las autoridades provinciales que allí en ese texto tan trascendental está presente el Derecho a la Igualdad, en el art. 6, 7, 24, 26, y también art. 21 y 22 en relación a la operatividad e interpretación de los derechos allí reconocidos.
Además, expresamente dice que las leyes dictadas en la provincia no pueden alterar ni menoscabar esos derechos que tienen base convencional y constitucional a nivel provincial, nacional.
Y no es letra muerta, está vigente y nos interpela. Las mujeres de esta provincia debemos alzar la voz, y hablo de las mujeres todas, en todos los Poderes, en todos los niveles porque la ausencia de mujeres en los altos mandos hace inevitablemente que no se piense en las mujeres como parte integrante de la sociedad y esto es lo que ha pasado y pasa en la sociedad.
Sin dudas las mujeres tenemos derecho a ser parte de la vida pública en la sociedad en la que vivimos, trabajamos, estudiamos y en donde aspiramos a acceder a los puestos de decisión en los poderes públicos y privados, con el claro objetivo de construir una democracia más fuertes, más igualitaria que garantice el pleno goce de los derechos humanos de la mujeres, este es el camino para garantizar la igualdad real y los Estados deben hacer todos los esfuerzos para lograrlo para evitar incurrir en incumplimiento de los Tratados de DDHH vigentes en la materia, para no incurrir en falta de transparencia en sus decisiones en el ámbito de la política de género.
Es que respetar la Igualdad y nombrar a una Ministra para el Superior Tribunal sería no solo una reparación histórica, sino un paso decisivo hacia la igualdad, un gran avance es materia democrática, una oportunidad para oxigenar y traer nuevas ideas hacia adentro y hacia fuera del poder judicial, que no puede ser desperdiciada por este gobierno.
Entonces, invito al Poder Ejecutivo a cumplir con las obligaciones constitucionales y la Ley V N° 152, pues la medida de lo posible está vigente, existe una vacante a cubrir en el Superior Tribunal de Justicia y la paridad aún no se logró, por tanto no hay otra opción posible debe proponerse a una mujer, pues sólo con una composición democrática de los altos órganos de decisión se podrán realizar cambios sostenibles en el tiempo en beneficio de la sociedad toda.
Por Patricia Reyes, jueza penal, socia de AMJA y docente.
Especial para Jornada.
A diario observamos que existe un apartamiento del sistema constitucional, esto se observa en todos los niveles y ámbitos donde deben tomarse decisiones, y no cualquier decisión, sino aquellas que afectan a los ciudadanos en el presente y hacia futuro.
Es necesario recordar que quienes ejercen el Poder deben ajustarse a la Constitución en todo su sentido, para ello es necesario que como argentinos, en todos los ámbitos y niveles, comprendamos las bondades del sistema constitucional y la necesidad imperiosa de que todo el sistema legal se ajuste a los principios allí contenidos, porque se trata de nuestra acta fundacional, es el estatuto organizativo supremo, el que contiene el pacto social de convivencia y el proyecto de vida de una sociedad.
Pero cada día estoy más convencida que poco conocemos y respetamos la Constitución. En ella se funda la legitimidad de ejercicio de los poderes y libertades, su fuerza normativa permite hablar de la inoperatividad de los preceptos constitucionales y su supremacía sobre las demás normas y actos que de ellos derivan se convierten en una regla de gobierno de todas las instituciones y la totalidad de la vida jurídica de la sociedad, por ello los principios constitucionales e instituciones allí consagrados dan origen a derechos y obligaciones y vinculan a todos los poderes públicos y a los particulares.
El valor de una Constitución se dimensiona por su proyección en el tiempo, cuando sus instituciones no pierden vigencia y en épocas de crisis permiten orientar a los ciudadanos y a las autoridades públicas, por sobre los conflictos y las diferencias.
Es en la propia Constitución Nacional donde se reconoce a las provincias su autonomía y ella hace que cada una se dé su propia Constitución que no puede recortar los principios, derechos, facultades, garantías y deberes de la nacional, pero si puede ampliarlos, como lo hizo el constituyente chubutense en 1994 dando forma a una Constitución de avanzada.
Allí a partir del piso del constituyente nacional se fijaron derechos y garantías que no podemos dejar de lado, por más embates políticos partidarios que aparezcan, porque justamente es allí donde cobra más fuerza la letra constitucional. Es entonces donde debemos recordar, respetar y hacer respetar esas normas.
En este momento difícil en nuestra provincia donde parece que hay un olvido, desconocimiento, descuido, distracción para nombrarlo de alguna manera, es necesario recordarles a las autoridades provinciales que allí en ese texto tan trascendental está presente el Derecho a la Igualdad, en el art. 6, 7, 24, 26, y también art. 21 y 22 en relación a la operatividad e interpretación de los derechos allí reconocidos.
Además, expresamente dice que las leyes dictadas en la provincia no pueden alterar ni menoscabar esos derechos que tienen base convencional y constitucional a nivel provincial, nacional.
Y no es letra muerta, está vigente y nos interpela. Las mujeres de esta provincia debemos alzar la voz, y hablo de las mujeres todas, en todos los Poderes, en todos los niveles porque la ausencia de mujeres en los altos mandos hace inevitablemente que no se piense en las mujeres como parte integrante de la sociedad y esto es lo que ha pasado y pasa en la sociedad.
Sin dudas las mujeres tenemos derecho a ser parte de la vida pública en la sociedad en la que vivimos, trabajamos, estudiamos y en donde aspiramos a acceder a los puestos de decisión en los poderes públicos y privados, con el claro objetivo de construir una democracia más fuertes, más igualitaria que garantice el pleno goce de los derechos humanos de la mujeres, este es el camino para garantizar la igualdad real y los Estados deben hacer todos los esfuerzos para lograrlo para evitar incurrir en incumplimiento de los Tratados de DDHH vigentes en la materia, para no incurrir en falta de transparencia en sus decisiones en el ámbito de la política de género.
Es que respetar la Igualdad y nombrar a una Ministra para el Superior Tribunal sería no solo una reparación histórica, sino un paso decisivo hacia la igualdad, un gran avance es materia democrática, una oportunidad para oxigenar y traer nuevas ideas hacia adentro y hacia fuera del poder judicial, que no puede ser desperdiciada por este gobierno.
Entonces, invito al Poder Ejecutivo a cumplir con las obligaciones constitucionales y la Ley V N° 152, pues la medida de lo posible está vigente, existe una vacante a cubrir en el Superior Tribunal de Justicia y la paridad aún no se logró, por tanto no hay otra opción posible debe proponerse a una mujer, pues sólo con una composición democrática de los altos órganos de decisión se podrán realizar cambios sostenibles en el tiempo en beneficio de la sociedad toda.