Dicen que el examen de ingreso al Secundario es “altamente discriminatorio”

La Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Asociación Civil Grupo Pro Derechos de los Niños, ambas entidades de Comodoro Rivadavia, le exigieron al ministro de Educación, Luis Zaffaroni, que revise y desactive el sistema de evaluación de aptitud de ingreso en el Nivel Secundario que el Gobierno provincial implementa en establecimientos educativos de Chubut.

La nota la firmaron Roberto del Carmen Llaiquel y Miryam Monasterolo, titulares de la Asociación y de la Oficina respectivamente. Según el reclamo, los exámenes de ingreso que propicia Educación “resultan altamente discriminatorios” y por ende “no sólo son ilegales sino inconstitucionales”. Si este operativo de evaluación continúa “generarían responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de los Tratados Internacionales suscriptos y por violación de los Derechos Humanos”. Los exámenes de ingreso esta previstos para hoy. La nota invita al ministro a una reunión para debatir junto a supervisores esta problemática “en el marco de los Derechos Humanos que el Ministerio de Educación debe garantizar”.

El pedido se funda en una “profunda revisión” de la documentación que emitió ese Ministerio: publicaciones de la convocatoria a aspirantes a ocupar bancos en escuelas de Comodoro y notas de la Supervisión de Escuelas, “así como denuncias realizadas ante estos organismos por padres y docentes”.

El sábado 10 de diciembre comienza el proceso de evaluación de calidad de los aprendizajes. Será para alumnos que terminan sexto grado y se inscribieron para continuar el Nivel Secundario en establecimientos con alta demanda de matrícula.

Educación calificó de “innovador y garante de la igualdad de oportunidades para todos” a este proceso de evaluación para seleccionar la matrícula. “De acuerdo al puntaje se cubrirán los lugares disponibles. Los resultados serán publicados el 7 de diciembre en las escuelas y las Supervisiones Regionales”. El operativo ya tiene previsto qué hacer con la población excluida: el 12 se comunicarán las vacantes disponibles en otros establecimientos.

Los niños y adolescentes que no aprueben esta evaluación irán a otro establecimiento que tenga vacantes. “Este sistema evaluativo –dice la denuncia- lejos de ser un proceso innovador, produce claramente un proceso de selección de los ´más aptos´ que ingresarán a las escuelas más demandas, y la exclusión de los ´menos aptos´ del ingreso a las mismas y deberán ´conformarse´ con ir a otras escuelas que oficiarán de receptoras. Escuelas que en el imaginario social quedarán registradas como de segunda categoría”.

Según la nota, “esto no es, ni más ni menos, un claro proceso de discriminación, los estereotipos, los prejuicios, en torno a esto constituyen un grado de racismo que el sistema educativo produce y reproduce. Que el mismo sistema educativo, con prácticas enmarcadas en su política académica, desde acciones de diseño y planeamiento, como son estos exámenes de aptitudes se encarga de crear y reproducir entre alumnos, escuelas y padres”.

Para las dos entidades “esta situación es grave y merece todo nuestro repudio” ya que viola los Derechos Humanos de los tratados internacionales ratificados por Argentina. “Viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes que proclaman los principios de igualdad entre los niños, niñas y adolescentes y que establecen la Responsabilidad del Estado de garantizar la educación para todos y todas en un marco de inclusión, permanencia y egreso con calidad educativa”.

Para los denunciantes, el Ministerio “expone a una situación de incomodidad a la población excluida”. Además, “claramente, este sistema marca un desencuentro entre principios rectores y la existencia de prácticas de exclusión y segregación al interior de las escuelas”. En este sentido, “el Ministerio permite y favorece, como con este tipo de medidas, que otros equipos de trabajo queden exceptuados de cumplir las leyes que los obligan a atender a todos sin ningún tipo de exclusión. De este modo, el derecho de los niños, niñas y adolescentes queda subordinado a las dádivas de tal o cual director, tal o cual colegio”.

“Mientras algunos colegios ponen el énfasis en los procesos de enseñanza procurando no responsabilizar del fracaso tradicionalmente atribuido al alumno, el propio Ministerio contraría la ley de educación, creando condiciones para evaluar los resultados que obtienen los estudiantes en una pseudo-evaluación de sus aprendizajes, constreñida en un tiempo de tres semanas. Y con la clara intencionalidad de emplear esos resultados para seleccionar aptitudes”.