En un gravísimo caso de pasivo ambiental, Petroquímica y Roch se devuelven culpas

Por Ismael Tebes

Cuando las distintas instancias administrativas parecen llegar a su límite, todo parece desembocar en un único camino. La Justicia Federal podría ser finalmente la que determine responsabilidades en el grave caso de contaminación por pasivo ambiental detectado en Kilómetro Ocho y que ya ha demandado, sin respuestas prácticas, la intervención de la Subsecretaría de Ambiente y del propio Ministerio de Ambiente del Chubut.

Se detectó en el lugar un derrame de petróleo sobre un oleoducto de 6” que antiguamente vinculada a los yacimientos Don Alberto y Don Ernesto en inmediaciones de los barrios Laprida/Manantial Rosales con la planta deshidratadora que funcionaba en Km. 8.

La misma se encuentra fuera de servicio y fue vendida en 1997 a la firma Bella Vista Oeste S.A. (Roch S.A.). En cuanto a los yacimientos mencionados y que incluyen el oleoducto en cuestión, los mismos se vendieron a EPP Petróleo el 23 de diciembre de 1997.

El caso podría llegar a la Justicia ya que al margen del perjuicio por el derrame constante de petróleo a través de ductos y cañerías aéreos y bajo tierra y la falta de saneamiento durante años, se ha generado un foco de extrema peligrosidad ya que en la zona, cercana a Kilómetro Cinco, se ha avanzado en la adjudicación de lotes y construcción de viviendas familiares.

La situación de mayor impacto visual se da en la zona costera donde puede observarse el afloramiento de líquidos hidrocarburíferos en el acantilado. “Es el mayor caso grave no resuelto y del que no hemos tenido respuesta a través de las vías normales”, explicó Fabián Suárez, responsable ambiental del municipio de Comodoro Rivadavia, quien aclaró que se viene observando el caso desde 2007.

En la zona se observan caños que transportaban –y contienen aún hoy- petróleo y se perforaron debido al deterioro. YPF intentó colaborar en su momento, previendo que podía tratarse de instalaciones propias, pero dejó de intervenir al comprobar que las mismas pertenecían a la empresa Roch en tierras de Petroquímica. La no reparación provocó que el petróleo se propagara, se contaminara la tierra y que únicamente se colocara una red sobre el lugar, a modo de prevención.

Se denunció la existencia de residuos peligrosos como el denominado “fondo de tanque” y que en el interior de la antigua planta también existen residuos de la explotación y que todos estos factores, producen la infiltración sobre la costa. “Son todas las instalaciones de una vieja operación que quedaron abandonadas y que hoy, nadie saneó. Petroquímica es dueño de la tierra, después le vendió a Roch que luego dejó la ciudad y no cumplió con el abandono. Se lo intimó; se hicieron notificaciones, constataciones y multas. Ahora estamos viendo que si no reparan la situación, tendremos que ir a la Justicia como municipio”.

Petroquímica negó responsabilidades en el caso pero aportó información relacionada únicamente con el trámite de venta, atribuyéndole responsabilidad a Roch y planteando que los organismos de control intimen por vía judicial, el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. “Hay mucho pasivo ambiental pero son pocos los que tienen estas características donde hay instalaciones grandes y en desuso. Afecta el suelo, la fauna, el acantilado y por ende llega hasta el mar. Y además ahora las viviendas comenzaron a acercarse donde está este problema. En la actual instancia nos estamos asesorando para ver cuál es el paso que tenemos que dar para que se resuelva, se retiren las instalaciones desafectadas y se remedie el suelo”, sostuvo Fabián Suárez aclarando que la mayoría de las situaciones detectadas son saneadas por las empresas que actualmente están en operación y disponen de equipamiento pero sobre todo, de compromiso social.