La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió no tomar en esta oportunidad la apelación planteada por la Argentina contra el primer fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, en el litigio que lleva adelante contra los tenedores de bonos que optaron por no ingresar al canje de deuda.
La decisión, publicada en el sitio web del tribunal en Washington, detalló que la jueza latina Sonia Sotomayor no tomó parte en la consideración o decisión de la petición.
La Corte Suprema, no obstante, podría volver a considerar el caso ante una nueva presentación de la Argentina en los próximos meses, sobre el segundo fallo de la justicia neoyorquina en el que fue avalado un método de pago al 100 por ciento a los fondos buitres.
La demanda contra los fondos buitre realizada por el gobierno argentino en esta oportunidad, responde a la decisión de Thomas Griesa en la que consideró que el país no trató de manera igualitaria (pari passu) a los acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda pública en 2005 y 2010.
Según publicó el blog de la Corte Suprema, en el segundo día de anuncios sobre las peticiones que el tribunal tratará en su próximo término de trabajo 2013-2014, que inicia hoy, no hubo ningún caso nuevo aceptado más allá de los ocho considerados el lunes pasado.
“La Corte Suprema declinó -por lo menos por ahora- a rever el poder de los tribunales de los Estados Unidos para controlar cómo el gobierno de Argentina elige pagar a aquellos que invirtieron en bonos de su gobierno”, señaló el anuncio publicado por Lyle Denniston.
El especialista, aclaró a su vez que “el tema, sin embargo, se espera que regresará (a la Corte Suprema) cuando los funcionarios argentinos presenten una nueva apelación a una posterior resolución de la Corte del Segundo Circuito” de Nueva York.
La decisión de la Corte coincidió con los pronósticos de varios expertos que siguen de cerca el caso, quienes habían anticipado que el escenario más probable sería aquel en el que la Corte no aceptaría en una primera instancia la petición argentina, a la espera de una posible segunda apelación por parte del gobierno nacional.
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió no tomar en esta oportunidad la apelación planteada por la Argentina contra el primer fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, en el litigio que lleva adelante contra los tenedores de bonos que optaron por no ingresar al canje de deuda.
La decisión, publicada en el sitio web del tribunal en Washington, detalló que la jueza latina Sonia Sotomayor no tomó parte en la consideración o decisión de la petición.
La Corte Suprema, no obstante, podría volver a considerar el caso ante una nueva presentación de la Argentina en los próximos meses, sobre el segundo fallo de la justicia neoyorquina en el que fue avalado un método de pago al 100 por ciento a los fondos buitres.
La demanda contra los fondos buitre realizada por el gobierno argentino en esta oportunidad, responde a la decisión de Thomas Griesa en la que consideró que el país no trató de manera igualitaria (pari passu) a los acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda pública en 2005 y 2010.
Según publicó el blog de la Corte Suprema, en el segundo día de anuncios sobre las peticiones que el tribunal tratará en su próximo término de trabajo 2013-2014, que inicia hoy, no hubo ningún caso nuevo aceptado más allá de los ocho considerados el lunes pasado.
“La Corte Suprema declinó -por lo menos por ahora- a rever el poder de los tribunales de los Estados Unidos para controlar cómo el gobierno de Argentina elige pagar a aquellos que invirtieron en bonos de su gobierno”, señaló el anuncio publicado por Lyle Denniston.
El especialista, aclaró a su vez que “el tema, sin embargo, se espera que regresará (a la Corte Suprema) cuando los funcionarios argentinos presenten una nueva apelación a una posterior resolución de la Corte del Segundo Circuito” de Nueva York.
La decisión de la Corte coincidió con los pronósticos de varios expertos que siguen de cerca el caso, quienes habían anticipado que el escenario más probable sería aquel en el que la Corte no aceptaría en una primera instancia la petición argentina, a la espera de una posible segunda apelación por parte del gobierno nacional.