Informe advierte que hay fiscales de Comodoro con“poco compromiso”
Lo elaboró un integrante del Consejo de la Magistratura que representa a los abogados de Trelew. También revela que los jueces “liberan a detenidos por teléfono”. Y cuestiona las críticas de algunos políticos y periodistas.
Por Rolando Tobarez
En un duro pronunciamiento, un miembro del Consejo de la Magistratura acusó de “escaso compromiso laboral” y “poca vocación funcional” a los miembros del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. Se trata de Eduardo Palacios, que investigó la denuncia del intendente Néstor Di Pierro contra la exjueza Mariel Suárez, acusada de liberar detenidos por teléfono. El consejero descubrió que esta práctica es común en los magistrados de la ciudad petrolera y que los fiscales no suelen pedir que alguien descubierto in fraganti quede preso.
“Determinar qué delito se investiga y quién queda detenido pasa por la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que actúa de acuerdo a su capacidad operativa y a su política criminal”, escribió el representante de los abogados de Trelew. “Aún con estos filtros procesales, a los que puede agregarse el escaso compromiso laboral y la poca vocación funcional que en general puede observarse en el MPF de Comodoro, los detenidos se hacinan en las comisarías de esa ciudad”.
El “Tano” había acusado a Suárez de librar órdenes de liberación de detenidos in fraganti por teléfono, sin hacer antes la audiencia de control de detención. Ocurrió el feriado de Semana Santa y lo hizo con al menos 10 detenidos. Para Di Pierro fue una falta grave. “Pudo impedir investigar y juzgar delitos, y es un mensaje dañino para la sociedad, para los que cometen delitos y para la Policía”.
En su defensa, Suárez atribuyó la denuncia a motivos políticos. “Es público y notorio que los poderes ejecutivos atribuyen el problema de la inseguridad al Poder Judicial efectuando múltiples declaraciones públicas”. Destacó una “animosidad particular” del intendente en su contra. Y acusó al jefe comunal de promover marchas contra Fiscalía y “retar” a los jueces por sus decisiones. “Es claramente una persona con sentimientos negativos hacia ella”. Cabe recordar que Suárez fue destituida hace poco por otro caso, pese a lo cual la Magistratura completó esta investigación.
La acusada “afirmó que la libertad dispuesta por teléfono es una práctica habitual en Comodoro y a nivel nacional”. Algunos jueces que la practicaron son Alejandro Soñis, Margarita Pfister y Hugo Juárez. Explicó que cuando Policía detiene a alguien, lo comunica a Fiscalía y ésta a la Oficina Judicial, que informa al juez los detalles del caso. Suárez aclaró: “Cuando la Oficina trasmite a los jueces que Fiscalía no manifiesta interés en la detención, ordena la libertad para evitar la prolongación estéril de la detención en las inadecuadas celdas de las comisarías”. Suárez advirtió lo innecesario de dejar preso a alguien por un delito que no tendrá pena.
Palacios entrevistó a Juan Carlos Caperochipi, fiscal en Comodoro. “Fiscalía no participa de la decisión de libertad o detención. En su jurisdicción los fiscales no sugieren libertades ni detenciones”. Tampoco el juez pregunta al fiscal si quiere la detención. “Si lo libera nos avisan, no está reglado ni nos consulta”.
Jorge González, subdirector de la Oficina de Comodoro, explicó que “los fiscales nunca manifiestan instrucción de sus intenciones, simplemente informan que ponen a disposición al detenido”. Admitió que la liberación telefónica es habitual. “Siempre ocurrió. Hay jueces que deciden menos libertades que otros, pero todos lo hacen”. Coincidió María Victoria Di Capua, secretaria. “Los fiscales no piden medida alguna con los detenidos. Todos ordenan liberaciones telefónicas de menores, tentativa de hurtos y daños. Algunos son más estrictos pero todos en algún momento ordenaron liberaciones”.
La fiscal Ana Codina dijo que no acepta liberaciones telefónicas. Pero estuvo de turno el 28 de marzo, cuando hubo liberados así. “Dijo no haber intervenido y consta que fueron liberados por Suárez y que el funcionario de Fiscalía –que tiene el celular de turno- seguramente no le notificó nada a ella por la poca gravedad del hecho”.
“Es claramente contradictoria la presunta actividad que dice efectuar la Fiscalía en cada caso-advirtió Palacios- con el hecho de que la responsable de turno no sólo delega el celular a un funcionario de menor jerarquía, sino que se infiere que tienen instrucciones de no molestar a la fiscal por casos menores”.
El fiscal Adrián Cabral estaba de turno con la detención de una persona en camioneta con guanacos, carabina sin numeración, municiones, cuchillo y machete. Fue rápidamente liberado por teléfono. Dijo que el teléfono lo tiene un funcionario de Fiscalía y sólo le comunican hechos graves.
Palacios explicó que hay distintas interpretaciones de para qué sirve una audiencia de detención y de las obligaciones de Fiscalía. Suárez había dicho que si el fiscal no muestra interés en mantener presa a una persona, el juez puede liberarla. Los fiscales aceptan este método.
“Los procedimientos dentro de la misma provincia pero en distintas jurisdicciones, muchas veces son muy disímiles. No es igual la actividad judicial en Comodoro que en Esquel por ejemplo, y hasta en algunos procesos, como el laboral, existen grandes diferencias de desarrollo aún en ciudades tan próximas como Trelew y Puerto Madryn”. Concluyó que según los propios fiscales, los jueces pueden liberar sin hacer la audiencia. Y coincidió con Di Pierro con que las libertades telefónicas pueden ser “un mensaje dañino para la sociedad”. Sin embargo, “Suárez no es la responsable de tal mensaje, ya que forma parte de un sistema procesal instaurado hace algunos años en Iberoamérica”.
“El poder político tiene su gran cuota de responsabilidad en la existencia de delincuentes sin castigo y delitos impunes, no sólo porque es el artífice del marco procesal que debe aplicarse y que permite que infinidad de delitos no se investiguen, sino porque aún para aquéllos delitos y delincuentes que Fiscalía quiera investigar y castigar, no invierte ni invirtió en lugares de detención adecuados y acordes con las disposiciones constitucionales.
Palacios consideró que Suárez no merecía sanción por estas liberaciones sin audiencia de control de detención. “Fueron casos en que Fiscalía nada hizo y nada pidió, tratándose de una conducta común a todos los jueces de la jurisdicción y aceptada por el Ministerio Público”.
Políticos y periodistas
Palacios advirtió “la tendencia de funcionarios de los poderes ejecutivos de achacar toda la culpa de la inseguridad al Poder Judicial”. En los últimos años “es una conducta recurrente a la que tampoco es ajena un sector del periodismo, que por convicción o por razones ideológicas descreen de las garantías constitucionales a favor de todos los ciudadanos, instalando la idea simplista de que sólo existen para quienes violan la ley”.
Por Rolando Tobarez
En un duro pronunciamiento, un miembro del Consejo de la Magistratura acusó de “escaso compromiso laboral” y “poca vocación funcional” a los miembros del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia. Se trata de Eduardo Palacios, que investigó la denuncia del intendente Néstor Di Pierro contra la exjueza Mariel Suárez, acusada de liberar detenidos por teléfono. El consejero descubrió que esta práctica es común en los magistrados de la ciudad petrolera y que los fiscales no suelen pedir que alguien descubierto in fraganti quede preso.
“Determinar qué delito se investiga y quién queda detenido pasa por la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que actúa de acuerdo a su capacidad operativa y a su política criminal”, escribió el representante de los abogados de Trelew. “Aún con estos filtros procesales, a los que puede agregarse el escaso compromiso laboral y la poca vocación funcional que en general puede observarse en el MPF de Comodoro, los detenidos se hacinan en las comisarías de esa ciudad”.
El “Tano” había acusado a Suárez de librar órdenes de liberación de detenidos in fraganti por teléfono, sin hacer antes la audiencia de control de detención. Ocurrió el feriado de Semana Santa y lo hizo con al menos 10 detenidos. Para Di Pierro fue una falta grave. “Pudo impedir investigar y juzgar delitos, y es un mensaje dañino para la sociedad, para los que cometen delitos y para la Policía”.
En su defensa, Suárez atribuyó la denuncia a motivos políticos. “Es público y notorio que los poderes ejecutivos atribuyen el problema de la inseguridad al Poder Judicial efectuando múltiples declaraciones públicas”. Destacó una “animosidad particular” del intendente en su contra. Y acusó al jefe comunal de promover marchas contra Fiscalía y “retar” a los jueces por sus decisiones. “Es claramente una persona con sentimientos negativos hacia ella”. Cabe recordar que Suárez fue destituida hace poco por otro caso, pese a lo cual la Magistratura completó esta investigación.
La acusada “afirmó que la libertad dispuesta por teléfono es una práctica habitual en Comodoro y a nivel nacional”. Algunos jueces que la practicaron son Alejandro Soñis, Margarita Pfister y Hugo Juárez. Explicó que cuando Policía detiene a alguien, lo comunica a Fiscalía y ésta a la Oficina Judicial, que informa al juez los detalles del caso. Suárez aclaró: “Cuando la Oficina trasmite a los jueces que Fiscalía no manifiesta interés en la detención, ordena la libertad para evitar la prolongación estéril de la detención en las inadecuadas celdas de las comisarías”. Suárez advirtió lo innecesario de dejar preso a alguien por un delito que no tendrá pena.
Palacios entrevistó a Juan Carlos Caperochipi, fiscal en Comodoro. “Fiscalía no participa de la decisión de libertad o detención. En su jurisdicción los fiscales no sugieren libertades ni detenciones”. Tampoco el juez pregunta al fiscal si quiere la detención. “Si lo libera nos avisan, no está reglado ni nos consulta”.
Jorge González, subdirector de la Oficina de Comodoro, explicó que “los fiscales nunca manifiestan instrucción de sus intenciones, simplemente informan que ponen a disposición al detenido”. Admitió que la liberación telefónica es habitual. “Siempre ocurrió. Hay jueces que deciden menos libertades que otros, pero todos lo hacen”. Coincidió María Victoria Di Capua, secretaria. “Los fiscales no piden medida alguna con los detenidos. Todos ordenan liberaciones telefónicas de menores, tentativa de hurtos y daños. Algunos son más estrictos pero todos en algún momento ordenaron liberaciones”.
La fiscal Ana Codina dijo que no acepta liberaciones telefónicas. Pero estuvo de turno el 28 de marzo, cuando hubo liberados así. “Dijo no haber intervenido y consta que fueron liberados por Suárez y que el funcionario de Fiscalía –que tiene el celular de turno- seguramente no le notificó nada a ella por la poca gravedad del hecho”.
“Es claramente contradictoria la presunta actividad que dice efectuar la Fiscalía en cada caso-advirtió Palacios- con el hecho de que la responsable de turno no sólo delega el celular a un funcionario de menor jerarquía, sino que se infiere que tienen instrucciones de no molestar a la fiscal por casos menores”.
El fiscal Adrián Cabral estaba de turno con la detención de una persona en camioneta con guanacos, carabina sin numeración, municiones, cuchillo y machete. Fue rápidamente liberado por teléfono. Dijo que el teléfono lo tiene un funcionario de Fiscalía y sólo le comunican hechos graves.
Palacios explicó que hay distintas interpretaciones de para qué sirve una audiencia de detención y de las obligaciones de Fiscalía. Suárez había dicho que si el fiscal no muestra interés en mantener presa a una persona, el juez puede liberarla. Los fiscales aceptan este método.
“Los procedimientos dentro de la misma provincia pero en distintas jurisdicciones, muchas veces son muy disímiles. No es igual la actividad judicial en Comodoro que en Esquel por ejemplo, y hasta en algunos procesos, como el laboral, existen grandes diferencias de desarrollo aún en ciudades tan próximas como Trelew y Puerto Madryn”. Concluyó que según los propios fiscales, los jueces pueden liberar sin hacer la audiencia. Y coincidió con Di Pierro con que las libertades telefónicas pueden ser “un mensaje dañino para la sociedad”. Sin embargo, “Suárez no es la responsable de tal mensaje, ya que forma parte de un sistema procesal instaurado hace algunos años en Iberoamérica”.
“El poder político tiene su gran cuota de responsabilidad en la existencia de delincuentes sin castigo y delitos impunes, no sólo porque es el artífice del marco procesal que debe aplicarse y que permite que infinidad de delitos no se investiguen, sino porque aún para aquéllos delitos y delincuentes que Fiscalía quiera investigar y castigar, no invierte ni invirtió en lugares de detención adecuados y acordes con las disposiciones constitucionales.
Palacios consideró que Suárez no merecía sanción por estas liberaciones sin audiencia de control de detención. “Fueron casos en que Fiscalía nada hizo y nada pidió, tratándose de una conducta común a todos los jueces de la jurisdicción y aceptada por el Ministerio Público”.
Políticos y periodistas
Palacios advirtió “la tendencia de funcionarios de los poderes ejecutivos de achacar toda la culpa de la inseguridad al Poder Judicial”. En los últimos años “es una conducta recurrente a la que tampoco es ajena un sector del periodismo, que por convicción o por razones ideológicas descreen de las garantías constitucionales a favor de todos los ciudadanos, instalando la idea simplista de que sólo existen para quienes violan la ley”.