Una pauta salarial razonable, el gran objetivo para iniciar 2014 sin problemas
Leé La Columna del Domingo, la tradicional editorial de la edición dominical de Jornada, con la mejor información política de Chubut.
La paritarias va a arrancar en febrero y el gremio docente será uno de los primeros en sentarse a la mesa de discusión”, adelantó esta semana el ministro Coordinador de Gabinete, Miguel Castro.
Fue una de las frases importantes de la semana política y marca el interés que tiene el Gobierno provincial por atender el tema salarial de los estatales antes de que las presiones sindicales comiencen.
La pauta salarial para este año será el gran tema en 2014. Inclusive, fuera de Chubut. Tanto el Gobierno nacional como el provincial saben que llevar las riendas fuertes cuando se discutan los salarios públicos y los privados será clave para que el resto de la economía marche sobre ruedas y sin sobresaltos marcados.
La idea del Gobierno provincial es intentar resolver la situación salarial con todos los trabajadores estatales durante febrero. Fue una de las premisas que dejó el gobernador Martín Buzzi antes de salir de licencia, y ya hubo reuniones entre Castro, el ministro de Economía, Ricardo Bestene, y funcionarios del Ministerio de Educación para preparar el escenario.
“Nosotros partimos de las posibilidades reales que tiene la provincia del Chubut, de la proyección de recaudación e ingresos genuinos. Ha sido una premisa siempre prometer lo que podemos cumplir”, sostuvo Castro esta semana, con el ánimo empezar a trazar las líneas de la cancha en donde se pretende jugar.
Cada vez son más
Esta semana, Jornada divulgó un informe privado sobre el empleo público en todo el país que contiene cifras preocupantes o, al menos, para tener en cuenta: Chubut es la cuarta provincia de la Argentina que más aumentó la cantidad de empleados públicos en la última década. Y, además, ya es la sexta que más agentes estatales tiene cada mil habitantes.
El informe, realizado por la consultora NOAnomics, reveló que entre los años 2003 y 2013, la provincia del Chubut aumentó su planta de empleados estatales en un 64%, trepando a los casi 40.000 agentes que reportan en la actualidad, según los datos oficiales del Presupuesto 2014 aprobado en la Legislatura.
Nunca antes hubo tantos empleados públicos: eran 57 cada mil habitantes en 2003. Contra los 84 cada mil habitantes que hay hoy, una cifra sólo superada por otras tres provincias argentinas.
Luces amarillas
Con estos datos, es más que obvio que el Estado provincial debe afinar su ingenio para conseguir los fondos necesarios para bancar una estructura que, a todas luces, es excesiva. Y no sólo en 2014, sino en los próximos años.
Los que gobiernan hoy y los que ya se prueban el traje de candidatos para 2015 deben saber que la estructura estatal requiere una atención particular. Al ritmo que vienen teniendo las negociaciones paritarias en los últimos años va a ser casi imposible no sentir ruidos en las cuentas públicas. Ya no sirve llorar sobre la leche derramada, ni señalar a los responsables de que el Estado haya “engordado” tanto desde 2003. Ahora hay que afinar el lápiz, llamar a la cordura de los gremios y firmar cosas que se puedan cumplir.
“Esta tendencia de mayor creación de empleo público que privado intensifica las tensiones salariales provinciales, a la vez que deja en evidencia que es una trayectoria insostenible en el mediano plazo”, alerta el economista Félix Piacentini, titular de NOAnomics.
Un Banco que preste
La gestión que hizo Rubén Bambaci al frente del Banco del Chubut, durante los dos primeros años de gobierno de Buzzi, serían un ejemplo en un banco privado: ordenada, con alto nivel de ganancias y una altísima liquidez.
Sin embargo, el Banco del Chubut es una entidad privada desde su organización pero nunca debería haber abandonado el sentido público que tiene.
La salida de Bambaci no se debió a su ineficiencia sino a su dificultad para convertir una gestión ordenada en una proactiva. La llegada de Oscar Antonena, aunque envuelta en chicanas políticas, está apuntada a darle al Banco del Chubut el sentido que nunca debería haber perdido. Era importante recuperarlo, como lo hizo Mario Das Neves durante su gestión. Pero no menos relevante es salir de ese esquema de Banco rico y clientes pobres.
Esta semana, Antonena visitó a tres intendentes importantes: Ricarso Sastre, de Puerto Madryn; Rossana Artero, de Rawson; y Máximo Pérez Catán, de Trelew.
A todos les contó que el Banco está para ayudar a los municipios con sus diferentes productos, y las pequeñas y medianas empresas que son las dinamizadoras de las economías locales.
En el caso de Rawson, además, ofreció financiar obras de pavimentación, una de las demandas de la gente que por ahora marchan a ritmo lento, hasta que arranque el plan de obras públicas que anunció el Gobierno, o vuelva otra oleada de obras públicas desde Nación.
Además, se anunció que la entidad provincial lanzará en poco tiempo una línea de créditos hipotecarios a 30 años, destinado a la refacción de viviendas y la compra de una segunda casa.
Será un producto orientada a la clase media, que un nivel de ingresos razonable y con capacidad de endeudarse si es a largo plazo. Es, de antemano, un producto atractivo a varias puntas, sobre todo porque reactivará el mercado de la construcción privada.
Hartos
El corte de ruta que esta semana protagonizó en Trelew un grupito de seguidores de Raúl Castells, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la legitimidad del método.
El delito de entorpecimiento de servicios públicos está previsto en el artículo 194 del Código Penal. Castiga a aquellos que impidan, estorben o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por tierra. Visto desde esta perspectiva, los cortes de rutas son delitos.
Sin embargo, la interpretación dispar que hacen los jueces, deja a la mayoría de la sociedad desprotegida ante estas situaciones. Es verdad que algunos sectores de la sociedad propugnan “criminalizar la protesta social” sin medias tintas, pero estas expresiones son minorías reaccionarias.
Los que esta semana se bajaron de sus autos en el acceso norte a Trelew para decirle a los seguidores de Castells que no había motivo para semejante maltrato, no parecían reaccionarios. Es más, algunos intentaron dialogar con el grupo de piqueteros. Pero fue en vano: los que reclamaban tenían menos argumento que una telenovela venezolana.
De lo que se trata es de respetar las reglas de juego. El derecho a peticionar antes las autoridades es inalienable, pero no necesariamente hay que ejercerlo en las rutas.
Hoy, más que nunca, y como decía Juan Domingo Perón: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”.
La paritarias va a arrancar en febrero y el gremio docente será uno de los primeros en sentarse a la mesa de discusión”, adelantó esta semana el ministro Coordinador de Gabinete, Miguel Castro.
Fue una de las frases importantes de la semana política y marca el interés que tiene el Gobierno provincial por atender el tema salarial de los estatales antes de que las presiones sindicales comiencen.
La pauta salarial para este año será el gran tema en 2014. Inclusive, fuera de Chubut. Tanto el Gobierno nacional como el provincial saben que llevar las riendas fuertes cuando se discutan los salarios públicos y los privados será clave para que el resto de la economía marche sobre ruedas y sin sobresaltos marcados.
La idea del Gobierno provincial es intentar resolver la situación salarial con todos los trabajadores estatales durante febrero. Fue una de las premisas que dejó el gobernador Martín Buzzi antes de salir de licencia, y ya hubo reuniones entre Castro, el ministro de Economía, Ricardo Bestene, y funcionarios del Ministerio de Educación para preparar el escenario.
“Nosotros partimos de las posibilidades reales que tiene la provincia del Chubut, de la proyección de recaudación e ingresos genuinos. Ha sido una premisa siempre prometer lo que podemos cumplir”, sostuvo Castro esta semana, con el ánimo empezar a trazar las líneas de la cancha en donde se pretende jugar.
Cada vez son más
Esta semana, Jornada divulgó un informe privado sobre el empleo público en todo el país que contiene cifras preocupantes o, al menos, para tener en cuenta: Chubut es la cuarta provincia de la Argentina que más aumentó la cantidad de empleados públicos en la última década. Y, además, ya es la sexta que más agentes estatales tiene cada mil habitantes.
El informe, realizado por la consultora NOAnomics, reveló que entre los años 2003 y 2013, la provincia del Chubut aumentó su planta de empleados estatales en un 64%, trepando a los casi 40.000 agentes que reportan en la actualidad, según los datos oficiales del Presupuesto 2014 aprobado en la Legislatura.
Nunca antes hubo tantos empleados públicos: eran 57 cada mil habitantes en 2003. Contra los 84 cada mil habitantes que hay hoy, una cifra sólo superada por otras tres provincias argentinas.
Luces amarillas
Con estos datos, es más que obvio que el Estado provincial debe afinar su ingenio para conseguir los fondos necesarios para bancar una estructura que, a todas luces, es excesiva. Y no sólo en 2014, sino en los próximos años.
Los que gobiernan hoy y los que ya se prueban el traje de candidatos para 2015 deben saber que la estructura estatal requiere una atención particular. Al ritmo que vienen teniendo las negociaciones paritarias en los últimos años va a ser casi imposible no sentir ruidos en las cuentas públicas. Ya no sirve llorar sobre la leche derramada, ni señalar a los responsables de que el Estado haya “engordado” tanto desde 2003. Ahora hay que afinar el lápiz, llamar a la cordura de los gremios y firmar cosas que se puedan cumplir.
“Esta tendencia de mayor creación de empleo público que privado intensifica las tensiones salariales provinciales, a la vez que deja en evidencia que es una trayectoria insostenible en el mediano plazo”, alerta el economista Félix Piacentini, titular de NOAnomics.
Un Banco que preste
La gestión que hizo Rubén Bambaci al frente del Banco del Chubut, durante los dos primeros años de gobierno de Buzzi, serían un ejemplo en un banco privado: ordenada, con alto nivel de ganancias y una altísima liquidez.
Sin embargo, el Banco del Chubut es una entidad privada desde su organización pero nunca debería haber abandonado el sentido público que tiene.
La salida de Bambaci no se debió a su ineficiencia sino a su dificultad para convertir una gestión ordenada en una proactiva. La llegada de Oscar Antonena, aunque envuelta en chicanas políticas, está apuntada a darle al Banco del Chubut el sentido que nunca debería haber perdido. Era importante recuperarlo, como lo hizo Mario Das Neves durante su gestión. Pero no menos relevante es salir de ese esquema de Banco rico y clientes pobres.
Esta semana, Antonena visitó a tres intendentes importantes: Ricarso Sastre, de Puerto Madryn; Rossana Artero, de Rawson; y Máximo Pérez Catán, de Trelew.
A todos les contó que el Banco está para ayudar a los municipios con sus diferentes productos, y las pequeñas y medianas empresas que son las dinamizadoras de las economías locales.
En el caso de Rawson, además, ofreció financiar obras de pavimentación, una de las demandas de la gente que por ahora marchan a ritmo lento, hasta que arranque el plan de obras públicas que anunció el Gobierno, o vuelva otra oleada de obras públicas desde Nación.
Además, se anunció que la entidad provincial lanzará en poco tiempo una línea de créditos hipotecarios a 30 años, destinado a la refacción de viviendas y la compra de una segunda casa.
Será un producto orientada a la clase media, que un nivel de ingresos razonable y con capacidad de endeudarse si es a largo plazo. Es, de antemano, un producto atractivo a varias puntas, sobre todo porque reactivará el mercado de la construcción privada.
Hartos
El corte de ruta que esta semana protagonizó en Trelew un grupito de seguidores de Raúl Castells, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la legitimidad del método.
El delito de entorpecimiento de servicios públicos está previsto en el artículo 194 del Código Penal. Castiga a aquellos que impidan, estorben o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por tierra. Visto desde esta perspectiva, los cortes de rutas son delitos.
Sin embargo, la interpretación dispar que hacen los jueces, deja a la mayoría de la sociedad desprotegida ante estas situaciones. Es verdad que algunos sectores de la sociedad propugnan “criminalizar la protesta social” sin medias tintas, pero estas expresiones son minorías reaccionarias.
Los que esta semana se bajaron de sus autos en el acceso norte a Trelew para decirle a los seguidores de Castells que no había motivo para semejante maltrato, no parecían reaccionarios. Es más, algunos intentaron dialogar con el grupo de piqueteros. Pero fue en vano: los que reclamaban tenían menos argumento que una telenovela venezolana.
De lo que se trata es de respetar las reglas de juego. El derecho a peticionar antes las autoridades es inalienable, pero no necesariamente hay que ejercerlo en las rutas.
Hoy, más que nunca, y como decía Juan Domingo Perón: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”.