El gobierno argentino presentará este lunes ante la Corte Suprema de Estados Unidos la apelación correspondiente en la causa contra los fondos buitre.
Los bonistas que ingresaron al canje que integran el Exchange Bondholder Group, que lidera Gramercy, y otros fondos como Fintech, podrían realizar una movida en el mismo sentido, es decir apelar ante el máximo tribunal, debido a que en este caso el fallo de Thomas Griesa los afecta directamente como inversores.
La presentación judicial se realizará el día que vence el plazo y fue confirmada a Télam por fuentes allegadas a la Unidad de Reestructuración de Deuda, creada a través del decreto 1935/2013.
Este lunes vencen los plazos legales para que la Argentina realice la presentación de su apelación ante el máximo Tribunal del fallo negativo para el país del juez Thomas Griesa, que fue dividido en dos por la Corte de Apelaciones de Nueva York.
El tribunal de instancia el pasado 23 de agosto avaló el pronunciamiento del juez Griesa, aunque dejó en suspenso la instrumentación hasta que la Corte Suprema se pronuncie en torno a ellos.
Técnicamente, Argentina apelará el segundo fallo de la Cámara de Apelaciones, que aprobó el método de pago propuesto por Griesa. Esto es, buscará que el máximo tribunal estadounidense tome la causa y rechace tener que pagarle primero a los holdouts que no ingresaron al canje que ganaron la sentencia (1330 millones de dólares actualizables según corran intereses), con fondos destinados por Argentina al pago a los bonistas que ingresaron al proceso de reestructuración llevado a cabo en 2005 y 2010.
El primer fallo ya fue rechazado para su tratamiento por la Corte Suprema, con lo que la estrategia oficial se centrará en intentar demostrar al máximo tribunal la falta de equidad que existiría en el pago a los holdouts y fondos buitre (que reúnen el 7% que quedó en default), respecto de los bonistas del canje.
A lo que se suma la decisión del gobierno de reabrir el canje -al que los especialistas denominan Canje III-, que ya está aprobado por el Congreso, y podría implementarse en cualquier momento si los holdouts aceptan voluntariamente las mismas condiciones que el resto.
El gobierno argentino sumó en noviembre pasado al abogado Paul Clement, ex procurador general de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, quien liderará el proceso junto con la asistencia del estudio Cleary Gottlieb, buffet que históricamente defendió a la Argentina en esta causa.
Clement conoce cómo se mueve la Corte Suprema. Acumula en su carrera el récord de haber participado en 41 litigios en la instancia del máximo tribunal de Estados Unidos, 16 de los cuales se desarrollaron en los últimos dos años.
En el 2005, Clement fue nominado por el ex presidente George W. Bush para el cargo de Procurador General, en reemplazo de Theodore Olson.
El gobierno argentino presentará este lunes ante la Corte Suprema de Estados Unidos la apelación correspondiente en la causa contra los fondos buitre.
Los bonistas que ingresaron al canje que integran el Exchange Bondholder Group, que lidera Gramercy, y otros fondos como Fintech, podrían realizar una movida en el mismo sentido, es decir apelar ante el máximo tribunal, debido a que en este caso el fallo de Thomas Griesa los afecta directamente como inversores.
La presentación judicial se realizará el día que vence el plazo y fue confirmada a Télam por fuentes allegadas a la Unidad de Reestructuración de Deuda, creada a través del decreto 1935/2013.
Este lunes vencen los plazos legales para que la Argentina realice la presentación de su apelación ante el máximo Tribunal del fallo negativo para el país del juez Thomas Griesa, que fue dividido en dos por la Corte de Apelaciones de Nueva York.
El tribunal de instancia el pasado 23 de agosto avaló el pronunciamiento del juez Griesa, aunque dejó en suspenso la instrumentación hasta que la Corte Suprema se pronuncie en torno a ellos.
Técnicamente, Argentina apelará el segundo fallo de la Cámara de Apelaciones, que aprobó el método de pago propuesto por Griesa. Esto es, buscará que el máximo tribunal estadounidense tome la causa y rechace tener que pagarle primero a los holdouts que no ingresaron al canje que ganaron la sentencia (1330 millones de dólares actualizables según corran intereses), con fondos destinados por Argentina al pago a los bonistas que ingresaron al proceso de reestructuración llevado a cabo en 2005 y 2010.
El primer fallo ya fue rechazado para su tratamiento por la Corte Suprema, con lo que la estrategia oficial se centrará en intentar demostrar al máximo tribunal la falta de equidad que existiría en el pago a los holdouts y fondos buitre (que reúnen el 7% que quedó en default), respecto de los bonistas del canje.
A lo que se suma la decisión del gobierno de reabrir el canje -al que los especialistas denominan Canje III-, que ya está aprobado por el Congreso, y podría implementarse en cualquier momento si los holdouts aceptan voluntariamente las mismas condiciones que el resto.
El gobierno argentino sumó en noviembre pasado al abogado Paul Clement, ex procurador general de Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, quien liderará el proceso junto con la asistencia del estudio Cleary Gottlieb, buffet que históricamente defendió a la Argentina en esta causa.
Clement conoce cómo se mueve la Corte Suprema. Acumula en su carrera el récord de haber participado en 41 litigios en la instancia del máximo tribunal de Estados Unidos, 16 de los cuales se desarrollaron en los últimos dos años.
En el 2005, Clement fue nominado por el ex presidente George W. Bush para el cargo de Procurador General, en reemplazo de Theodore Olson.