Préstamo a Alpesca: la defensa de Buzzi y Dufour apeló al STJ
Presentaron una impugnación ante la Sala Penal.
Los defensores públicos Jorge Benesperiy Sergio Rey presentaron ante los jueces de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia la impugnación extraordinaria a favor del gobernador Martín Buzzi y la ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour, imputados en una causa iniciada a partir de la denuncia del bloque de diputados del Modelo Chubut, por la asignación de un crédito de $ 10 millones a la firma Alpesca.
La impugnación es contra una resolución de los jueces Ivana González y Adrián Barrios, que en su momento resolvieron no hacer lugar al recurso de revocatoria presentado por los defensores, rechazado por improcedente.
La revocatoria se había presentado contra una resolución del 16 de abril pasado, en la que la misma jueza González y su par Patricia Asaro, dispusieron confirmar una resolución anterior del juez de la causa, Fabio Monti, que dispuso que el gobernador y su ministra pudieran ser investigados en la causa más allá de los fueros que tienen por sus funciones.
Benesperiy Rey quieren con esta presentación que sea el Superior Tribunal de Justicia del Chubut el que revise y, eventualmente, revoque la decisión tomada por los otros jueces.
“La resolución cuestionada genera un gravamen de tardía e imposible reparación posterior, por lo que resulta pertinente la intervención en esta instancia del máximo Tribunal provincial a fin de tratar la impugnación y reparar el error denunciado”, escribieron los defensores de Buzzi y Dufour en el escrito.
“Ratificar la postura adoptada por la Fiscalía, aceptada por el juez Monti, confirmada por la juezas González y Asaro, y sostenida por los jueces González y Barrios, haría aceptable que cada acto de gobierno de la máxima magistratura provincial, y cada decisión de un magistrado judicial de cualquier instancia, pudieran ser denunciados frente a la autoridad policial o fiscal, y justificaran el desarrollo de investigaciones fiscales”, señalan Benesperi y Rey.
Y agregan: “Esto llevaría a articular procesos penales que pondrían a tales funcionarios públicos a disposición de todo querellante, y los obligarían a concurrir a los estrados judiciales en calidad de imputados, dando justificaciones y explicaciones, sin que los casos en los que las medidas de gobierno o justicia se hubieran tomado hubieran sido previamente calificadas como erradas o viciadas por los organismos que la Constitución establece”.
Para los defensores públicos, existe una “errónea interpretación y aplicación de la Constitución y de la Ley por parte del Juez y del Tribunal revisor; y que el mismo Tribunal, al rechazar la revocatoria interpuesta contra esa resolución, incurre en arbitrariedad al dictar una resolución que carece completamente de motivación y no trata la postulación, pese a los fundamentos dados por esta parte justificando la instancia.”
En el final del escrito, Benesperi y Rey dejan constancia de mantener la reserva del caso federal, lo que implica que están dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender la posición que sostienen.
Los defensores públicos Jorge Benesperiy Sergio Rey presentaron ante los jueces de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia la impugnación extraordinaria a favor del gobernador Martín Buzzi y la ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour, imputados en una causa iniciada a partir de la denuncia del bloque de diputados del Modelo Chubut, por la asignación de un crédito de $ 10 millones a la firma Alpesca.
La impugnación es contra una resolución de los jueces Ivana González y Adrián Barrios, que en su momento resolvieron no hacer lugar al recurso de revocatoria presentado por los defensores, rechazado por improcedente.
La revocatoria se había presentado contra una resolución del 16 de abril pasado, en la que la misma jueza González y su par Patricia Asaro, dispusieron confirmar una resolución anterior del juez de la causa, Fabio Monti, que dispuso que el gobernador y su ministra pudieran ser investigados en la causa más allá de los fueros que tienen por sus funciones.
Benesperiy Rey quieren con esta presentación que sea el Superior Tribunal de Justicia del Chubut el que revise y, eventualmente, revoque la decisión tomada por los otros jueces.
“La resolución cuestionada genera un gravamen de tardía e imposible reparación posterior, por lo que resulta pertinente la intervención en esta instancia del máximo Tribunal provincial a fin de tratar la impugnación y reparar el error denunciado”, escribieron los defensores de Buzzi y Dufour en el escrito.
“Ratificar la postura adoptada por la Fiscalía, aceptada por el juez Monti, confirmada por la juezas González y Asaro, y sostenida por los jueces González y Barrios, haría aceptable que cada acto de gobierno de la máxima magistratura provincial, y cada decisión de un magistrado judicial de cualquier instancia, pudieran ser denunciados frente a la autoridad policial o fiscal, y justificaran el desarrollo de investigaciones fiscales”, señalan Benesperi y Rey.
Y agregan: “Esto llevaría a articular procesos penales que pondrían a tales funcionarios públicos a disposición de todo querellante, y los obligarían a concurrir a los estrados judiciales en calidad de imputados, dando justificaciones y explicaciones, sin que los casos en los que las medidas de gobierno o justicia se hubieran tomado hubieran sido previamente calificadas como erradas o viciadas por los organismos que la Constitución establece”.
Para los defensores públicos, existe una “errónea interpretación y aplicación de la Constitución y de la Ley por parte del Juez y del Tribunal revisor; y que el mismo Tribunal, al rechazar la revocatoria interpuesta contra esa resolución, incurre en arbitrariedad al dictar una resolución que carece completamente de motivación y no trata la postulación, pese a los fundamentos dados por esta parte justificando la instancia.”
En el final del escrito, Benesperi y Rey dejan constancia de mantener la reserva del caso federal, lo que implica que están dispuestos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender la posición que sostienen.