Nadie dejó de asombrarse ante la escena en la que se vio a un alto funcionario judicial sentado en el banquillo. Es que ayer por la mañana se abrió por decisión del juez Darío Arguiano, la investigación en contra del defensor general Sergio Gabriel Rey, quien hace 10 años cumple funciones en el Poder Judicial de Trelew como abogado público.
Rey será investigado a pedido del fiscal general jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, por la denuncia del comisario inspector Miguel Gómez, exjefe del GEOP, quien afirmó que el funcionario le había solicitado 50 mil pesos para finalizar una causa penal. Rey lo hizo en su calidad de querellante y en representación de las víctimas de un presunto caso de abuso policial: dispuso realizar un acuerdo con el comisario Gómez, a cambio del pago de 50 mil pesos para las víctimas, lo que generaría el desistimiento de la acción penal de sus representados en el juicio.
El pedido de dinero del defensor era para finalizar una causa en la cual el comisario fue procesado por un procedimiento de 2009. Pero en el juicio oral y público efectuado días atrás, Gómez fue absuelto de los cargos.
En la audiencia desarrollada ayer en la sala de la Cámara Criminal de Trelew Báez puso el énfasis de la cuestión sobre las prohibiciones que la ley impone en acciones como las desplegadas por Rey cuando le pidió la plata a Gómez. Dijo que el Código de Procedimiento de la Provincia prohíbe la acción de resarcimientos económicos o indemnizaciones cuando el imputado fuere un funcionario público. Gómez era jefe de una fuerza de elite de la Policía del Chubut.
“Yo cumplí con mi trabajo”
El juez le dio la palabra al abogado imputado quien inició su relato diciendo que en calidad de querellante, es decir en representación de las familias consideradas víctimas del caso por el cual se lo imputó a Gómez, “debo decir su Señoría que lo único que hice fue cumplir con mi trabajo, yo estaba en calidad de querellante en ese caso”.
Posteriormente se refirió a que en ese momento representaba a víctimas de un accionar policial que viven en la pobreza en una zona de campos y en extrema vulnerabilidad. Dijo que en esa causa, de la que tomó partida en 2011 mientras estaba archivada –según señaló Rey- hubo numerosos avatares que llevaron a varias suspensiones de distintas diligencias. Señaló que eso revestía perjuicios a la familia Chingoleo que a veces venía a dedo desde el campo hasta Trelew. En ese contexto aseguró que fue la familia la que le pidió desistir de la denuncia a cambio de plata. “Yo como querellante represento a la víctima, uno acata los intereses de las víctimas. No tengo porqué ser imparcial, entendí que estaba cumpliendo con mi trabajo”, sintetizó. Luego dijo que “estoy muy seguro de lo que hice y no tengo nada de qué arrepentirme”
Involucró a su colega de la defensa pública Damián D`Antonio , quien estaba al tanto de las maniobras. Pese a que debería dar alguna explicación el abogado, al menos como testigo, ayer estaba en la sala escuchando todo lo que se decía.
Posteriormente dijo que no se iba a referir a las filmaciones incriminatorias que lo muestran pidiéndole la plata a Gómez mientras reconocía la ilegalidad del acto. Dijo que pese a que le gustaría decir muchas cosas sobre las cámaras ocultas de Gómez, por recomendación de su defensor no lo haría.
Las preguntas de Báez
El fiscal de la causa le preguntó a Rey cómo arribó al monto de 50 mil pesos pedido a Gómez en su oficina. En su respuesta Rey mencionó a un abogado de la defensa civil, Nelson Rapimán.
“Todo lo que se refiere a la cuestión económica fue llevada adelante por el doctor Rapimán. Por parte de él y de las víctimas buscaban la pronta resolución del conflicto”, dijo Rey al agregar que “yo no sé si era más o menos plata porque en definitiva el monto lo manejaba la víctima. Yo lo único que hacía era trasladar eso a la posibilidad de un acuerdo. Capaz que el monto fue por concejo de Rapimán”, aventuró al aclarar que no está en condiciones de responder la pregunta.
Luego Báez le preguntó si existió una reunión por ese tema con Rapimán y D`Antonio, los 3 juntos.
“No, solamente entre el doctor Rapimán y yo”.
El acusador luego le preguntó si sobre este pedido estaba al tanto el jefe de los defensores de la provincia , Alfredo Pérez Galimberti.
“Nosotros tenemos una cierta autonomía, no hay ningún mandato que diga que tenemos que consultar. Luego a posteriori el doctor Pérez Galimberti emitió una resolución para que en determinados posibles acuerdos sea consultado, pero hasta ese momento no”.
Báez insistió enérgico:
-¿Estaba o no al tanto sobre el arreglo?
-No lo recuerdo, fue en noviembre este hecho y Gómez hizo la denuncia ahora en junio, no sé por qué esperó tanto tiempo.
-¿Recuerda si se formalizó el pedido de desistimiento a través de un acta que indicara que las víctimas desistían de la acción penal?
-Tengo conocimiento de que no, si hubiera algo formalizado me hubiera puesto en conocimiento el doctor Rapimán. Ante la negativa de Gómez de acceder al acuerdo no se formalizó.
La defensa de Gabalachis
El defensor de Rey, Fabián Gabalachis, llevó su estrategia de defensa al terreno legal donde hizo interpretaciones de la ley que favorecen a su cliente en cuanto a la acción desplegada.
La explicación del penalista se dividió en dos partes: una técnica y una material. Dijo que las explicaciones de Rey fueron satisfactorias y que sobre las cuales buscó acogimiento técnico de acuerdo a lo que dice la ley. “No estamos ante la presencia de ningún tipo de delito. Lo cierto es que estoy persuadido de que aquí no hay delito”.
Se le preguntó sobre las filmaciones que incriminan a Rey. “Esas cuestiones no entran en juego, esta defensa tiene pruebas acabadas que prueban lo que decimos nosotros. Quienes son protagonistas de esta situación ya han declarado en el Consejo de la Magistratura bajo juramento y ahí han manifestado lo que pasó”.
Luego dijo que “creo en principio que no va a haber juicio, este proceso tiene corta vida. Tiene que terminar sin una acusación fiscal”.
En la audiencia Gabalachis dijo que el hecho existió pero que no hay delito por lo que le hacía un favor a la Fiscalía en virtud de que no era necesario investigar el hecho en sí.
Báez le dijo a Gabalachis que no le estaba haciendo ningún favor porque lo que iba a investigar es si acaso no fue Rey el de la idea de pedir plata al imputado a diferencia de lo que dice la defensa que fue una idea de las víctimas.
“Hay elementos que ameritan ser investigados. No alcanza con lo que plantea la defensa”, explicó finalmente.
Nadie dejó de asombrarse ante la escena en la que se vio a un alto funcionario judicial sentado en el banquillo. Es que ayer por la mañana se abrió por decisión del juez Darío Arguiano, la investigación en contra del defensor general Sergio Gabriel Rey, quien hace 10 años cumple funciones en el Poder Judicial de Trelew como abogado público.
Rey será investigado a pedido del fiscal general jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, por la denuncia del comisario inspector Miguel Gómez, exjefe del GEOP, quien afirmó que el funcionario le había solicitado 50 mil pesos para finalizar una causa penal. Rey lo hizo en su calidad de querellante y en representación de las víctimas de un presunto caso de abuso policial: dispuso realizar un acuerdo con el comisario Gómez, a cambio del pago de 50 mil pesos para las víctimas, lo que generaría el desistimiento de la acción penal de sus representados en el juicio.
El pedido de dinero del defensor era para finalizar una causa en la cual el comisario fue procesado por un procedimiento de 2009. Pero en el juicio oral y público efectuado días atrás, Gómez fue absuelto de los cargos.
En la audiencia desarrollada ayer en la sala de la Cámara Criminal de Trelew Báez puso el énfasis de la cuestión sobre las prohibiciones que la ley impone en acciones como las desplegadas por Rey cuando le pidió la plata a Gómez. Dijo que el Código de Procedimiento de la Provincia prohíbe la acción de resarcimientos económicos o indemnizaciones cuando el imputado fuere un funcionario público. Gómez era jefe de una fuerza de elite de la Policía del Chubut.
“Yo cumplí con mi trabajo”
El juez le dio la palabra al abogado imputado quien inició su relato diciendo que en calidad de querellante, es decir en representación de las familias consideradas víctimas del caso por el cual se lo imputó a Gómez, “debo decir su Señoría que lo único que hice fue cumplir con mi trabajo, yo estaba en calidad de querellante en ese caso”.
Posteriormente se refirió a que en ese momento representaba a víctimas de un accionar policial que viven en la pobreza en una zona de campos y en extrema vulnerabilidad. Dijo que en esa causa, de la que tomó partida en 2011 mientras estaba archivada –según señaló Rey- hubo numerosos avatares que llevaron a varias suspensiones de distintas diligencias. Señaló que eso revestía perjuicios a la familia Chingoleo que a veces venía a dedo desde el campo hasta Trelew. En ese contexto aseguró que fue la familia la que le pidió desistir de la denuncia a cambio de plata. “Yo como querellante represento a la víctima, uno acata los intereses de las víctimas. No tengo porqué ser imparcial, entendí que estaba cumpliendo con mi trabajo”, sintetizó. Luego dijo que “estoy muy seguro de lo que hice y no tengo nada de qué arrepentirme”
Involucró a su colega de la defensa pública Damián D`Antonio , quien estaba al tanto de las maniobras. Pese a que debería dar alguna explicación el abogado, al menos como testigo, ayer estaba en la sala escuchando todo lo que se decía.
Posteriormente dijo que no se iba a referir a las filmaciones incriminatorias que lo muestran pidiéndole la plata a Gómez mientras reconocía la ilegalidad del acto. Dijo que pese a que le gustaría decir muchas cosas sobre las cámaras ocultas de Gómez, por recomendación de su defensor no lo haría.
Las preguntas de Báez
El fiscal de la causa le preguntó a Rey cómo arribó al monto de 50 mil pesos pedido a Gómez en su oficina. En su respuesta Rey mencionó a un abogado de la defensa civil, Nelson Rapimán.
“Todo lo que se refiere a la cuestión económica fue llevada adelante por el doctor Rapimán. Por parte de él y de las víctimas buscaban la pronta resolución del conflicto”, dijo Rey al agregar que “yo no sé si era más o menos plata porque en definitiva el monto lo manejaba la víctima. Yo lo único que hacía era trasladar eso a la posibilidad de un acuerdo. Capaz que el monto fue por concejo de Rapimán”, aventuró al aclarar que no está en condiciones de responder la pregunta.
Luego Báez le preguntó si existió una reunión por ese tema con Rapimán y D`Antonio, los 3 juntos.
“No, solamente entre el doctor Rapimán y yo”.
El acusador luego le preguntó si sobre este pedido estaba al tanto el jefe de los defensores de la provincia , Alfredo Pérez Galimberti.
“Nosotros tenemos una cierta autonomía, no hay ningún mandato que diga que tenemos que consultar. Luego a posteriori el doctor Pérez Galimberti emitió una resolución para que en determinados posibles acuerdos sea consultado, pero hasta ese momento no”.
Báez insistió enérgico:
-¿Estaba o no al tanto sobre el arreglo?
-No lo recuerdo, fue en noviembre este hecho y Gómez hizo la denuncia ahora en junio, no sé por qué esperó tanto tiempo.
-¿Recuerda si se formalizó el pedido de desistimiento a través de un acta que indicara que las víctimas desistían de la acción penal?
-Tengo conocimiento de que no, si hubiera algo formalizado me hubiera puesto en conocimiento el doctor Rapimán. Ante la negativa de Gómez de acceder al acuerdo no se formalizó.
La defensa de Gabalachis
El defensor de Rey, Fabián Gabalachis, llevó su estrategia de defensa al terreno legal donde hizo interpretaciones de la ley que favorecen a su cliente en cuanto a la acción desplegada.
La explicación del penalista se dividió en dos partes: una técnica y una material. Dijo que las explicaciones de Rey fueron satisfactorias y que sobre las cuales buscó acogimiento técnico de acuerdo a lo que dice la ley. “No estamos ante la presencia de ningún tipo de delito. Lo cierto es que estoy persuadido de que aquí no hay delito”.
Se le preguntó sobre las filmaciones que incriminan a Rey. “Esas cuestiones no entran en juego, esta defensa tiene pruebas acabadas que prueban lo que decimos nosotros. Quienes son protagonistas de esta situación ya han declarado en el Consejo de la Magistratura bajo juramento y ahí han manifestado lo que pasó”.
Luego dijo que “creo en principio que no va a haber juicio, este proceso tiene corta vida. Tiene que terminar sin una acusación fiscal”.
En la audiencia Gabalachis dijo que el hecho existió pero que no hay delito por lo que le hacía un favor a la Fiscalía en virtud de que no era necesario investigar el hecho en sí.
Báez le dijo a Gabalachis que no le estaba haciendo ningún favor porque lo que iba a investigar es si acaso no fue Rey el de la idea de pedir plata al imputado a diferencia de lo que dice la defensa que fue una idea de las víctimas.
“Hay elementos que ameritan ser investigados. No alcanza con lo que plantea la defensa”, explicó finalmente.