Ex banquero Rodrigo Rato, sin pasaporte por corrupto

El juez que investiga el patrimonio del ex vicepresidente económico de España y ex jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, ordenó hoy retirarle su pasaporte y que acuda a tribunales una vez al mes, tras tomarle declaración como imputado por delitos de fraude fiscal, blanqueo y corrupción.

06 OCT 2015 - 10:58 | Actualizado

Rato, de 66 años, fue citado a declarar de forma precipitada ante el juez Antonio Serrano Arnal, en Madrid, luego de que los avances de la investigación en su contra revelaron que cobró más de 800.000 euros provenientes de presuntas comisiones por el concurso de Bankia, entidad financiera que presidía.

Sin embargo, luego de tres horas de interrogatorios, Rato quedó en libertad aunque con la obligación de entregar su pasaporte y de comparecer una vez por mes ante el juzgado, según informaron fuentes judiciales.

El pasado 16 de abril, el otrora hombre poderoso del derechista Partido Popular (PP) fue detenido por unas horas en el marco de esta misma causa.

En julio, Rato acudió a tribunales por primera vez, pero se acogió a su derecho a no declarar argumentando que desconocía las acusaciones que le atribuía la Oficina Antifraude española (ONIF), que lleva adelante la investigaciones en su contra.

El ex vicepresidente económico llegó hoy a los juzgados a primera hora de la mañana evitando las cámaras de televisión, e ingresó a pie.

Una veintena de afectados por el fraude de las "preferentes" vendidas por Bankia, productos tóxicos con los que fueron estafados miles de españoles, lo increparon con gritos y pancartas a las puertas de tribunales.

La investigación de la ONIF detectó inicialmente que Rato había tejido un "complejo entramado societario" para evitar embargos por su presunta responsabilidad en el "caso Bankia", sobre las irregularidades y fraude en torno a la salida a Bolsa de la entidad que presidió hasta 2012.

No obstante, a medida que avanzó la investigación se descubrieron 6,5 millones de euros de origen desconocido en una sociedad propiedad de Rato, Kradonara, que habría sido utilizada por el ex presidente de Bankia para cobrar comisiones a cambio de la concesión de contratos con la entidad.

La declaración del presunto testaferro de Rato, el empresario Alberto Portuondo, resultó clave.

Portando afirmó al juez que a través de su empresa Albisa Inversiones y Asesoramientos pagó 473.000 euros en 2011 y 360.000 euros en 2012 a la firma Kradonara 2001, aunque dijo que no sabía que era propiedad de Rato. ?

A su vez, la empresa de Portuondo cobró casi dos millones de euros de las empresas de publicidad Zenith y Publicis, que habían ganado sendos concursos de publicidad de Bankia por 40 millones de euros.?

El pasado 24 de septiembre, la Justicia ordenó el embargo de bienes de Rato por un importe de 18 millones de euros por no haber hecho efectivo el pago de la fianza correspondiente a su imputación en esta causa.

El embargo ordenado incluye la pensión que recibe Rato del FMI, de acuerdo con la resolución judicial.

Rato tiene tres frentes judiciales abiertos: la investigación sobre su patrimonio, la salida a bolsa de Bankia y una causa por el uso indiscriminado de "tarjetas en negro" por parte de toda la cúpula de esa misma entidad financiera.

06 OCT 2015 - 10:58

Rato, de 66 años, fue citado a declarar de forma precipitada ante el juez Antonio Serrano Arnal, en Madrid, luego de que los avances de la investigación en su contra revelaron que cobró más de 800.000 euros provenientes de presuntas comisiones por el concurso de Bankia, entidad financiera que presidía.

Sin embargo, luego de tres horas de interrogatorios, Rato quedó en libertad aunque con la obligación de entregar su pasaporte y de comparecer una vez por mes ante el juzgado, según informaron fuentes judiciales.

El pasado 16 de abril, el otrora hombre poderoso del derechista Partido Popular (PP) fue detenido por unas horas en el marco de esta misma causa.

En julio, Rato acudió a tribunales por primera vez, pero se acogió a su derecho a no declarar argumentando que desconocía las acusaciones que le atribuía la Oficina Antifraude española (ONIF), que lleva adelante la investigaciones en su contra.

El ex vicepresidente económico llegó hoy a los juzgados a primera hora de la mañana evitando las cámaras de televisión, e ingresó a pie.

Una veintena de afectados por el fraude de las "preferentes" vendidas por Bankia, productos tóxicos con los que fueron estafados miles de españoles, lo increparon con gritos y pancartas a las puertas de tribunales.

La investigación de la ONIF detectó inicialmente que Rato había tejido un "complejo entramado societario" para evitar embargos por su presunta responsabilidad en el "caso Bankia", sobre las irregularidades y fraude en torno a la salida a Bolsa de la entidad que presidió hasta 2012.

No obstante, a medida que avanzó la investigación se descubrieron 6,5 millones de euros de origen desconocido en una sociedad propiedad de Rato, Kradonara, que habría sido utilizada por el ex presidente de Bankia para cobrar comisiones a cambio de la concesión de contratos con la entidad.

La declaración del presunto testaferro de Rato, el empresario Alberto Portuondo, resultó clave.

Portando afirmó al juez que a través de su empresa Albisa Inversiones y Asesoramientos pagó 473.000 euros en 2011 y 360.000 euros en 2012 a la firma Kradonara 2001, aunque dijo que no sabía que era propiedad de Rato. ?

A su vez, la empresa de Portuondo cobró casi dos millones de euros de las empresas de publicidad Zenith y Publicis, que habían ganado sendos concursos de publicidad de Bankia por 40 millones de euros.?

El pasado 24 de septiembre, la Justicia ordenó el embargo de bienes de Rato por un importe de 18 millones de euros por no haber hecho efectivo el pago de la fianza correspondiente a su imputación en esta causa.

El embargo ordenado incluye la pensión que recibe Rato del FMI, de acuerdo con la resolución judicial.

Rato tiene tres frentes judiciales abiertos: la investigación sobre su patrimonio, la salida a bolsa de Bankia y una causa por el uso indiscriminado de "tarjetas en negro" por parte de toda la cúpula de esa misma entidad financiera.


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