Editorial/ Pérdida de empleos, protocolo antipiquetes y falta de soluciones de fondo

En toda la Patagonia, además, la caída de trabajos registrados llegó a 19.174 puestos perdidos. Esto equivale a decir que desde la Patagonia salió uno de cada cinco trabajadores que fueron despedidos en el último año. Dramático es poco.

Los números contrastan con el aumento del empleo público en este mismo año: mientras el Ministerio de Trabajo admite un descenso de los puestos en blanco, también confirma una fuerte suba del empleo público. En el caso de Chubut, unos 1.600 más este año.

Si, además, se tiene en cuenta que en Chubut se duplicó la cantidad de empleados del Estado provincial en los últimos veinte años (de unos 25.000 a los actuales casi 50.000), la actual crisis laboral generada por las políticas económicas del presidente Mauricio Macri es la frutilla del postre.

Claro que también sería necesario hacer un “mea culpa” y buscar las causas de la crisis del empleo en quienes han venido elaborando el postre en todos estos años.

No ha habido una política laboral seria en los últimos veinte años, más allá de la creación de empleo público o la generación de empleo privado ligado a la obra pública. Y esto corre para Chubut como para casi todo el país.

Al que le quepa el sayo, que se lo ponga.

¿La nueva Alpesca?

En este contexto, la situación laboral de varios sectores clave de la provincia no deja de preocupar. Lo que está ocurriendo con la textil Guilford de Comodoro Rivadavia es un botón de muestra y hace recordar no sin cierta angustia a lo que ocurrió hace algunos años con los trabajadores de Alpesca.

En el caso de Guilford, además, juegan otros elementos. No sólo se trata de una empresa en crisis en medio de un panorama económico desolador, sino también de empresarios que aprovechan la crisis para encontrar oportunidades que, en este caso, no incluye a sus trabajadores.

Es por eso que el gobernador Mario Das Neves viene machacando desde hace varias semanas contra los accionistas de la firma, un jugador fuerte del sector textil argentino, cuyo plan es abandonar su fábrica de Comodoro para fortalecer su presencia en San Luis, en donde le han dado mejores condiciones tributarias para seguir creciendo.

El que viene poniendo la cara por Guilford es Nicolás Goransky, presidente de la firma, pero sería bueno saber quiénes son los accionistas que quieren levantar todo e irse a otra provincia en busca de mejores condiciones.

Chubut ya tuvo muchas “Guilford” en la década del ’90, cuando el otrora pujante Parque Industrial de Trelew empezó a sufrir una crisis similar y los trabajadores empezaron a quedar en la calle mientras sus patrones le ponían rueditas a las maquinarias y se iban a San Luis y La Rioja, que ofrecían condiciones tributarias inmejorables.

Como una cruel paradoja del destino, esta semana que pasó Jornada contó que está a la venta el edificio de la extextil Dos Muñecos, un símbolo del esplendor del Parque Industrial de Trelew en los años '80. Ya nada de eso queda, apenas el recuerdo de una época que no volverá.

Subsidio y toma

Los trabajadores de Guilford vienen haciendo todo lo que cualquier otro haría para defender con uñas y dientes sus puestos laborales. A pesar de recibir el apoyo del Gobierno provincial, que otorgó a los 206 trabajadores de Guilford una ayuda social de 6.000 pesos, de los cuales 2.500 pesos ya fueron depositados –otros 2.500 pesos se depositarán en los próximos días y los restantes 1.000 pesos corresponden al denominado fondo anticíclico-, los empleados de la textil tomaron el jueves la playa de tanques de YPF en Comodoro Rivadavia y advirtieron que la medida no iba a cerrar hasta tanto logren una respuesta satisfactoria ante el cierre de las plantas de esa empresa en la ciudad y la falta de pago de las quincenas adeudadas.

En medio de la crítica situación, los trabajadores decidieron tomar un camino riesgoso, impidiendo la entrada y salida de camiones con combustibles, algo que –saben- podría causar un desabastecimiento en la provincia y hacer resonar el conflicto en todos lados.

Salvando las distancias y la dimensión de los conflictos, algo parecido ocurrió unos días antes en Rawson, cuando grupos de trabajadores del SOMU y el SUPA, dos gremios vinculados a la pesca, metieron presión por cuestiones no tan claras como la de los trabajadores de Guilford, y cortaron los accesos a la capital provincial a la hora en la que miles de personas se trasladan desde Trelew para ir a trabajar en la Administración Pública.

El malhumor social que generó la medida, sobre todo porque no había un conflicto claro que ameritara semejante decisión de los trabajadores, también causó una dura reprimenda del gobernador Das Neves, que desde el atril de Salón de los Constituyentes, les advirtió a los gremios que no iba a haber otro corte: “Es la última vez que va a suceder, no pueden joderle la vida a la gente que va a trabajar”, disparó Das Neves. “El que avisa no traiciona. No voy a permitir cortes de ruta, los problemas cada uno los resuelve como corresponde.”

Das Neves, se sabe, no advierte en vano. Ordenó a sus funcionarios presentar denuncias penales contra los sindicalistas que impulsaron el corte y que se pongan a trabajar rápido en un tema que ya ha causado cierto resquemor a nivel nacional: un protocolo antipiquetes.

Protestas bajo la lupa

El secretario general del Ministerio de Gobierno, Pablo Durán, un funcionario que se ha ganado un lugar en el entorno del gobernador a fuerza de trabajo y también por el poco vuelo que tiene su jefe directo, el (poco visible) ministro de Gobierno, Rafael Williams, es el encargado de llevar adelante e implementar un tema espinoso como puede ser aplicar un protocolo antipiquetes.

“Habrá diálogo sin extorsión. Esto debe quedar claro. No se puede perjudicar a los vecinos porque si bien uno entiende el reclamo de los trabajadores, sobre todo los que tenemos una concepción peronista, hay que entender que acá hay muchos vecinos y chicos que necesitan llegar hasta las escuelas. No podemos permitir que se perjudique a la sociedad con un reclamo de una gente minoritaria”, dijo Durán, a tono con Das Neves.

En el despacho de Durán ya hubo reuniones en los últimos días y el plan para ponerle freno a los reclamos callejeros o ruteros de los trabajadores ya tiene varias páginas escritas con los lineamientos básicos trazados.

El protocolo pretende dejar establecido quién será el que participe en casos de cortes de ruta o de calles. Y cómo se llevará a cabo el procedimiento. En el Gobierno entienden que a los trabajadores los asiste el derecho a reclamar pero siempre en un marco de respeto. “En esto hay que ser muy duros y estrictos. Acá no habrá amiguismos”, advirtió Durán durante una entrevista con la emisora La Cien Punto Uno de Comodoro Rivadavia.

Durán sumó al equipo que diseñará el protocolo antipiquetes al secretario de Trabajo, Marcial Paz; al fiscal Anticorrupción, Guillermo Hansen; y al jefe de la Policía del Chubut, Juan Luis Ale.

En el Ministerio de Gobierno aseguran que ya había líneas trazadas al respecto desde 2009. Y aunque la Procuración General había avanzado en este sentido, le endilgan al exgobernador Martín Buzzi haber dormido el tema.

“El gobernador nos dio claras directivas de que no se corte más la ruta. La gente tiene que saber que cuando uno reclama no puede entorpecer la vida cotidiana de los demás”, sentenció Durán.

“Los gremios tienen sus derechos, pero también hay que tener en cuenta que uno gobierna para todos los chubutenses y siempre hay que privilegiar los derechos de la mayoría”, apuntó.

Los encargados de llevar adelante el tema no se fijaron plazos. Pero saben que Das Neves pidió extrema celeridad. Si hay una escalada de conflictos debido a la profundización de la crisis económica del país, habrá que estar preparados. De los que quieran protestar y de los que pretendan controlar la protesta dependerá que nada se salga de su cauce.