Insólito: una jueza usó un caso reservado de abuso sexual para que estudien sus alumnos

Además de las explicaciones que deberá ensayar ante el Tribunal de Enjuiciamiento, donde la envió el Consejo de la Magistratura para dejarla al borde de la destitución, la jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez tiene otra gravísima cuenta pendiente: es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ciudad petrolera y la acusan de haber dejado en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes documentación sensible acerca de un caso de abuso sexual el cual ella juzgó. La idea era darles a los alumnos detalles de un proceso judicial real para que analicen.

El material de estudio a disposición de los cursantes incluía fotos de la mujer abusada, del presunto victimario, copias de sus DNI con nombres y apellidos sin tachar, informes psicológicos y del Servicio de Asistencia a la Víctima, pruebas de ADN y hasta direcciones y teléfonos. Fueron los propios alumnos quienes le avisaron al Ministerio Público Fiscal el material privado que tenían para estudiar.

El dato lo confirmó la fiscal general Elsa Liliana Ferrari, de la Agencia de Investigaciones y Delitos Complejos de la Fiscalía comodorense. “Me enteré que se había dejado legajos con copias de pruebas vinculadas al caso, que era una causa reservada”, le dijo Ferrari a este diario.

Apenas se supo, Fiscalía pidió un listado completo de los alumnos. Pero llegó tarde porque la mayoría había sacado las copias. El rector de Ciencias Jurídicas, Dardo Petroli, dijo que por el tema se abrió un expediente administrativo para deslindar responsabilidades. Pero no hubo sumario a la docente.

Eran no menos de 20 alumnos en la cátedra. “Según tengo entendido, la idea no era detectar a quienes habían fotocopiado el material sino proteger el derecho de la víctima”, detalló. No es raro que en Comodoro se estudien casos reales, pero de los expedientes se tachan los datos personales y otros datos que sirvan para identificar circunstancias o protagonistas.

Según la web de esa Facultad, Suárez es jefa de trabajos prácticos en la materia Práctica Profesional II, que se dicta en el segundo cuatrimestre. El cargo debía renovarse el 30 de abril. Petroli no pudo precisar si la jueza conserva su trabajo en la cátedra.

Julia Pérez Botel, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Jurídicas, confirmó que fue citada a declarar junto con el responsable de la fotocopiadora. “Como las notas de la cátedra no estaban cerradas elevamos un informe de inmediato para que no haya problemas con los alumnos”, explicó, al tiempo que se preguntó: “¿Qué hubiese pasado si un conocido o un pariente de la víctima hubiese sido estudiante y se encontraba con este material?”.

“Por lo sensible de estos casos, a la prensa se le niega el acceso a los juicios –recordó la fiscal Ferrari- pero con esto que sucedió estaba todo a la vista. El problema es que aún cuando el juicio hubiese terminado y hubiere condena firme ese material no se puede difundir, porque se deben proteger los derechos de la víctima”. Razonable, la funcionaria judicial agregó que “en Comodoro la gente se conoce mucho y no es bueno develar apellidos de las víctimas”. Ferrari elevó un informe del tema a su jefe, el procurador general Jorge Miquelarena, que a su vez lo envió al Superior Tribunal de Justicia. El máximo tribunal chubutense lo remitió al Consejo de la Magistratura.

Aunque algunos consejeros opinaron que la denuncia del Superior debía incorporarse a la evaluación trianual de Suárez, se impuso la postura de que en realidad, el caso de las fotocopias universitarias debe seguir el trámite habitual: es decir, ser sometido a la comisión de admisibilidad para definir una sanción. La integran Daniel Gómez Lozano, Rubén Camarda, Gladys Del Balzo, Dante Corchuelo Blasco y Mónica y Köenigsder.

Pese a la gravedad del caso, es público que el trabajo de Suárez como jueza ya fue declarado insatisfactorio por el Consejo. Hubo tres razones: “El reiterado apartamiento de la doctrina judicial sentada por el Superior Tribunal de Justicia, sin dar argumentos que avalen tal proceder, con claro perjuicio al servicio de justicia; asunción de actividades procesales que evidencian una confusión de roles que diferenciadamente asigna el Código, y confusión conceptual entre evidencia y prueba, lo que trasluce incomprensión de principios que gobiernan el proceso penal”.

Una costumbre de la magistrada de Comodoro es ir a operativos que son parte del proceso, como los allanamientos. “Concurrir a diligencias de investigación en distintas ocasiones, en casos que la misma magistrada calificó como resonantes, evidencia un resabio de la práctica forense propia del sistema escritural ya perimido”, advirtió el Consejo.

“Es un exceso en el rol que el juez está llamado a cumplir, donde en la etapa de investigación debe ser custodio de las garantías preservando el principio de legalidad pero sin inmiscuirse en tareas propias de la investigación, que se encuentran bajo exclusiva responsabilidad del Ministerio Público Fiscal”, agregó.

Según el acuerdo que la envió al jury, que el juez intervenga en actos de una investigación, aunque sólo sea con su presencia, podría convertirlo en testigo. “Esto revela la incompatibilidad de la actividad desplegada con aquella que le es propia: preservar la división de funciones es lo que posibilita contar con un tercero independiente e imparcial, llamado a decidir”.