Desalojan asentamiento
Tolerancia cero en Madryn. El asentamiento se encontraba contiguo al barrio La Colina en al zona oeste.
Parte del gabinete municipal fue hasta la zona contigua al barrio La Colina, en la zona oeste a Puerto Madryn, para supervisar el desalojo en terrenos de la firma San Miguel, que venía sufriendo estas ocupaciones ilegales.
El asentamiento proliferó en las últimas semanas y la cifra de precarias viviendas se multiplicó. Durante este período se censó a las 51 familias que se habían asentado aunque ese número había crecido, llevando a San Miguel a decidir desarrollar los terrenos.
El municipio envió los móviles de Control Urbano Tierras para mediar con la gente, mientras que Policía custodió las tareas de la maquinaria vial. Los funcionarios municipales reconocieron que se trata de familias con problemáticas habitacionales, que serán encuestadas para poder brindar una solución.
Es un trabajo que lleva su tiempo, pero los funcionarios dejaron en claro en el lugar al hablar con los vecinos, que si siguen usurpando terrenos privados, la Ordenanza General de Tierras prohíbe que puedan formar parte de algún loteo social o beneficio municipal.
No se desalojó el cien por ciento de las viviendas, pero sí se hizo con más del 80 por ciento de las construcciones o casas precarias que se habían edificado en ese sector del ejido urbano.
Estuvo uno de los representantes de San Miguel, y el abogado de la empresa, supervisando las tareas. Y las familias se acercaron en todo momento a dialogar con los funcionarios, evaluando los pasos a seguir.
Parte del gabinete municipal fue hasta la zona contigua al barrio La Colina, en la zona oeste a Puerto Madryn, para supervisar el desalojo en terrenos de la firma San Miguel, que venía sufriendo estas ocupaciones ilegales.
El asentamiento proliferó en las últimas semanas y la cifra de precarias viviendas se multiplicó. Durante este período se censó a las 51 familias que se habían asentado aunque ese número había crecido, llevando a San Miguel a decidir desarrollar los terrenos.
El municipio envió los móviles de Control Urbano Tierras para mediar con la gente, mientras que Policía custodió las tareas de la maquinaria vial. Los funcionarios municipales reconocieron que se trata de familias con problemáticas habitacionales, que serán encuestadas para poder brindar una solución.
Es un trabajo que lleva su tiempo, pero los funcionarios dejaron en claro en el lugar al hablar con los vecinos, que si siguen usurpando terrenos privados, la Ordenanza General de Tierras prohíbe que puedan formar parte de algún loteo social o beneficio municipal.
No se desalojó el cien por ciento de las viviendas, pero sí se hizo con más del 80 por ciento de las construcciones o casas precarias que se habían edificado en ese sector del ejido urbano.
Estuvo uno de los representantes de San Miguel, y el abogado de la empresa, supervisando las tareas. Y las familias se acercaron en todo momento a dialogar con los funcionarios, evaluando los pasos a seguir.