Violencia de género: “La solución es simple, los agresores deben ir a la cárcel”

Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez

-¿En qué consiste la reforma?

-La proyecté para el Poder Ejecutivo y trae dos herramientas novedosas para los jueces de Familia. La primera consiste en arrestar preventivamente al agresor cuando se sospecha que peligra la vida o la integridad física de la víctima, poniéndolo a disposición del fiscal al día siguiente hábil. ¿Por qué la víctima, aterrorizada luego de sufrir una golpiza, tiene que ir a un refugio estatal para conseguir albergue y protección, mientras el agresor circula libremente por la ciudad? Me cuesta mucho entender la insistencia en la construcción de hogares de refugio para mujeres, cuando la solución es bien simple: cárcel inmediata para el agresor, y que la víctima se quede en su casa, sintiéndose resguardada por el Estado.

-¿Y la segunda herramienta?

-Aplicación de sanciones al agresor ante el incumplimiento de los deberes impuestos por el juez. Por ejemplo, si viola la prohibición de acercamiento a la víctima, o no cumple el tratamiento psicológico, habrá multas de hasta 25 salarios mínimos, vitales y móviles; trabajo comunitario y arresto de hasta 90 días en una comisaría. Es una verdadera contravención, por lo que Legislatura tiene facultades para legislar este tipo de sanciones. El proyecto dice que deberá evitarse, cuando sea posible, el alojamiento del arrestado con procesados o condenados por delitos. Si esto no es factible, igual el agresor compartirá la celda con procesados o condenados. La multa o trabajo comunitario se convertirán en arresto si el sancionado no paga o no se presenta a trabajar en el horario y lugar que se le indicó.

-¿Qué cambia para un juez?

-No voy a depender más de un fiscal o un juez penal para que mis resoluciones se cumplan. Si el agresor viola la prohibición de acercamiento a la víctima, con la nueva ley tendré la facultad de arrestarlo inmediatamente, aunque sea por un día hábil hasta que intervenga el fiscal, y luego podré aplicarle sanciones graves en un juicio rapidísimo, de muy pocos días de duración, para que sienta que el Estado le pone una mano en el pecho a raíz de su conducta. Estoy convencido de que sólo así algunas personas van a registrar la autoridad del juez de Familia. A mí no me quedan dudas: un juez que no garantiza el cumplimiento de sus propias sentencias no es un verdadero juez, ni si está atado de pies y manos ante este flagelo. Y lo que es peor, ciertos agresores lo saben o lo intuyen, porque vulneran una y otra vez las medidas, sin mayores consecuencias legales.

-¿Cómo nace esta reforma?

-Surge de una inquietud mía por la ineficacia del Poder Judicial para reaccionar enérgicamente cuando se desobedecen sus resoluciones. Tengo varias publicaciones académicas sobre este tema, y siempre busqué formas de aumentar la potestad de los jueces para presionar la voluntad del desobediente. En EE.UU., cualquier tribunal civil o familiar tiene facultades represivas para este y otros casos, mientras que en Argentina a los jueces no nos queda otra que delegar en el fuero penal la investigación y sanción de las desobediencias a nuestras órdenes. Tenemos un sistema procesal civil inmaduro, y esta reforma legal es importante para empezar a evolucionar. La ministro de Familia, Rosa González, se enteró de esta iniciativa, me visitó en mi Juzgado y tuvo la decisión política para llevarla a la práctica.

-¿Se tomó como modelo alguna provincia?

-Hace pocos meses Tierra del Fuego implementó la facultad de los jueces de Familia de arrestar por 24 horas, para asegurar la protección de la víctima o garantizar que el agresor se presente a las audiencias. Y desde hace muchos años, en Río Negro se permite que estos jueces sancionen las desobediencias con arresto de hasta 5 días, modelo que siguió nuestra ley de violencia familiar, con muchas desprolijidades. ¿Por qué un arresto por apenas 5 días? Es una falta de respeto de la ley, del propio Estado, a las mujeres. Prefiero que sean 90 días, que también son muy pocos, pero es el máximo que puede establecer la Legislatura en materia contravencional.

-¿Cuántas causas por este tema maneja?

-Tengo más de 300 expedientes anuales por violencia familiar y de género, que representan casi la cuarta parte de las causas que ingresan al Juzgado en ese mismo período.

- ¿En qué falla el sistema?

-Sería una simplificación pensar que la solución a este problema depende del Poder Judicial, la violencia no se neutraliza únicamente con leyes y resoluciones judiciales. Hay que actuar sobre las causas, empleando un conjunto de políticas públicas para transformar la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Pero algo hay que hacer, ahora mismo. Lo más urgente es terminar con la tolerancia estatal a la violencia familiar y de género. En toda Argentina existe cierto patrón de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. Fíjese que en un buen número de los procesos penales no se llega a condenar a los perpetradores, salvo que se trate de delitos muy graves, como femicidios. Y Chubut no es una isla, porque los códigos penal y procesal penal marcan restricciones muy concretas a la actuación del fuero penal para procesar y sancionar a los agresores. Hay que cortar la violencia contra las mujeres, y también contra la que sufren niños, discapacitados y ancianos, con medidas como la exclusión del hogar del agresor, o la prohibición de acercamiento a la víctima, pero eso no es suficiente si no se castiga la violencia perpetrada contra ellos. El castigo es una vía de prevención de la violencia de género, así lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le pese a quien le pese. Debemos tomar conciencia de que la impunidad es una forma de tolerancia estatal, que actúa como un elemento facilitador de la violencia al no enviarse a la sociedad una señal clara y fuerte de la voluntad del Estado para castigar estas conductas.

-¿Qué pasó con el proyecto de los botones antipánico?

-En su momento acordamos con el exresponsable del Ministerio de la Familia, Claudio Mosqueira, que me iba a dar 20 botones para Rawson, y cuando mi pedido se hizo público, el entonces ministro de Seguridad, José Glinski, dijo que ya estaban presupuestados, pero todavía sigo esperando que contraten el servicio. La tecnología avanzó mucho en este tiempo, y hay dispositivos más idóneos que los botones antipánico tradicionales.

-¿Qué hace falta?

-Lo que se necesita en Chubut son tobilleras electrónicas especiales para ser colocadas a quienes violen las prohibiciones de acercamiento. El sistema de monitoreo detecta por GPS cuando el portador de la tobillera se va acercando a la zona de exclusión de la víctima, que lleva consigo un localizador. En todo momento la Policía sabe perfectamente la ubicación de ambos y envía un patrullero ante la menor señal de alerta. Lo desarrolló Israel, se implementó con mucho éxito en Uruguay, y recientemente en algunos municipios del conurbano bonarense. La responsabilidad del Poder Ejecutivo no se agota con el impulso a este proyecto de ley, es apenas un punto de partida para avanzar con otras medidas, como la provisión de estas tobilleras.

-Que usted sepa, ¿hay alguien preso por violencia de género?

-Hay presos por femicidios, que son los casos más graves. Pero hay otros agresores que lesionaron mujeres, quebrantaron prohibiciones de acercamiento, y no fueron castigados en su gran mayoría.

-¿Hay mujeres acusadas de violencia de género?

-Sí, estos casos aparecen en conflictos desatados entre mujeres que son familiares, vecinas, o entre la ex y la actual pareja del hombre, pero no son habituales. Fuera de esto, existen expedientes de violencia cruzada en parejas, donde la mujer comienza la agresión y el hombre la devuelve, o viceversa, lo que da lugar a una prohibición de acercamiento recíproca. También hay situaciones muy excepcionales, en las que el hombre denuncia la agresión de su pareja mujer, porque lo atacó físicamente o le quiso romper el auto tras una discusión.