El plan, al que el Tesoro nacional destinará otros 50 millones de dólares, "tiene por objetivo la inclusión urbana y social de los hogares argentinos de los segmentos más pobres", según se informó.
El Programa apunta, en ese sentido, a “mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares ubicados en villas y asentamientos irregulares del país, a través de la legalización de la tenencia de la tierra, la provisión de infraestructura básica y el desarrollo comunitario”.
Para su ejecución se desarrollarán cuatro componentes: legalización de la tenencia de la tierra; provisión de infraestructura, saneamiento ambiental y equipamiento social (aspecto que demandará casi 90% de los recursos); desarrollo comunitario y fortalecimiento de la capacidad de gestión, gerencia y administración.
Desde la implementación de las primeras fases del programa, a comienzos de siglo, se redujeron entre 30 y 50% los hogares con necesidades básicas insatisfechas de los barrios intervenidos.
En mayo pasado el directorio del BID autorizó a formalizar los contratos necesarios con la Argentina, para cooperar financieramente en la ejecución del programadas.
El decreto 1466 del Poder Ejecutivo, que se publica hoy en el Boletín Oficial, hizo lo propio con el contrato de préstamo a suscribir próximamente con el organismo regional.
Según estudios del BID, el aumento esperado en el valor de los lotes como resultado de la concreción de los proyectos rondará el 29%, por “la valorización que el mercado asigna a una propiedad, que luego de las inversiones posee mayores atributos (red de cloacas, vías pavimentadas, agua potable)”.
El plan, al que el Tesoro nacional destinará otros 50 millones de dólares, "tiene por objetivo la inclusión urbana y social de los hogares argentinos de los segmentos más pobres", según se informó.
El Programa apunta, en ese sentido, a “mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares ubicados en villas y asentamientos irregulares del país, a través de la legalización de la tenencia de la tierra, la provisión de infraestructura básica y el desarrollo comunitario”.
Para su ejecución se desarrollarán cuatro componentes: legalización de la tenencia de la tierra; provisión de infraestructura, saneamiento ambiental y equipamiento social (aspecto que demandará casi 90% de los recursos); desarrollo comunitario y fortalecimiento de la capacidad de gestión, gerencia y administración.
Desde la implementación de las primeras fases del programa, a comienzos de siglo, se redujeron entre 30 y 50% los hogares con necesidades básicas insatisfechas de los barrios intervenidos.
En mayo pasado el directorio del BID autorizó a formalizar los contratos necesarios con la Argentina, para cooperar financieramente en la ejecución del programadas.
El decreto 1466 del Poder Ejecutivo, que se publica hoy en el Boletín Oficial, hizo lo propio con el contrato de préstamo a suscribir próximamente con el organismo regional.
Según estudios del BID, el aumento esperado en el valor de los lotes como resultado de la concreción de los proyectos rondará el 29%, por “la valorización que el mercado asigna a una propiedad, que luego de las inversiones posee mayores atributos (red de cloacas, vías pavimentadas, agua potable)”.