David Cameron impulsa polémica ley de vigilancia en internet
El gobierno británico presentó hoy un controvertido proyecto de ley de vigilancia cibernética que permite el acceso parcial al historial de navegación de los usuarios y que fue rechazado por diversos sectores que consideran que viola la privacidad de las personas.
La ministra de Interior, Theresa May, presentó ante la Cámara de los Comunes el proyecto, que será debatido en las dos cámaras parlamentarias -Comunes y Lores- antes de ser sometido a votación en 2016, informó la agencia de noticias EFE.
De ser aprobada, la ley obligará a las empresas proveedoras de Internet a almacenar durante 12 meses las direcciones electrónicas de los sitios web que visitan los usuarios -aunque no el historial de navegación que se haga en la página- y los términos introducidos en los buscadores.
En caso de que el gobierno requiera esa información, las empresas deberán proporcionarla.
Durante la presentación en el Parlamento, el primer ministro, el conservador David Cameron, aseguró que el almacenamiento de las comunicaciones es "absolutamente esencial" para las investigaciones de la policía y de los servicios de seguridad.
En la misma línea, la ministra de Interior argumentó que la policía y los servicios secretos necesitan ese poder para combatir a los "grupos terroristas y las organizaciones criminales" que han convertido las redes sociales en "lugares seguros" donde esconderse y comunicarse entre ellos.
Agregó que ni la policía ni los servicios secretos tendrán acceso completo a los historiales de navegación de las personas sino que lo que recibirán será el equivalente a una factura de teléfono detallada.
"Un registro de conexión a Internet es un registro de comunicaciones que una persona ha utilizado, no un registro de todas las páginas web a las que ha accedido", aclaró la ministra en respuesta a las críticas provenientes de diversos sectores.
La oposición laborista calificó el proyecto de ley de "duro revés a los derechos civiles", mientras que organizaciones defensores de derechos civiles y humanos también rechazaron la propuesta.
"Después de tanta charla, este tan esperado proyecto de ley constituye un fuerte ataque a la seguridad en Internet de cada hombre, mujer y niño en nuestro país", manifestó Shami Chakrabarti, directora del grupo de derechos civiles Libertad.
La investigadora Alice Wyss, de Amnistía Internacional, advirtió de que dar "mayores poderes para husmear haría que el Reino Unido tienda a convertirse en un Estado de vigilancia".
"La vigilancia debería ser selectiva, no indiscriminada, y el sistema debería estar controlado por instancias independientes, no por políticos", agregó Wyss.
La propuesta será debatida por una comisión legislativa que podrá introducir los cambios que crea convenientes antes de que sea debatida formalmente por el Parlamento y votada.
Los funcionarios británicos que defienden la propuesta argumentan que es necesario introducir cambios a una legislación que data de 1995, cuando Internet aún no era comercial.
En la actualidad, las fuerzas de seguridad pueden escuchar las conversaciones telefónicas e interceptar correos electrónicos, previa autorización de las autoridades del Ministerio de Interior y siempre que sea por razones de seguridad nacional.
La ministra de Interior, Theresa May, presentó ante la Cámara de los Comunes el proyecto, que será debatido en las dos cámaras parlamentarias -Comunes y Lores- antes de ser sometido a votación en 2016, informó la agencia de noticias EFE.
De ser aprobada, la ley obligará a las empresas proveedoras de Internet a almacenar durante 12 meses las direcciones electrónicas de los sitios web que visitan los usuarios -aunque no el historial de navegación que se haga en la página- y los términos introducidos en los buscadores.
En caso de que el gobierno requiera esa información, las empresas deberán proporcionarla.
Durante la presentación en el Parlamento, el primer ministro, el conservador David Cameron, aseguró que el almacenamiento de las comunicaciones es "absolutamente esencial" para las investigaciones de la policía y de los servicios de seguridad.
En la misma línea, la ministra de Interior argumentó que la policía y los servicios secretos necesitan ese poder para combatir a los "grupos terroristas y las organizaciones criminales" que han convertido las redes sociales en "lugares seguros" donde esconderse y comunicarse entre ellos.
Agregó que ni la policía ni los servicios secretos tendrán acceso completo a los historiales de navegación de las personas sino que lo que recibirán será el equivalente a una factura de teléfono detallada.
"Un registro de conexión a Internet es un registro de comunicaciones que una persona ha utilizado, no un registro de todas las páginas web a las que ha accedido", aclaró la ministra en respuesta a las críticas provenientes de diversos sectores.
La oposición laborista calificó el proyecto de ley de "duro revés a los derechos civiles", mientras que organizaciones defensores de derechos civiles y humanos también rechazaron la propuesta.
"Después de tanta charla, este tan esperado proyecto de ley constituye un fuerte ataque a la seguridad en Internet de cada hombre, mujer y niño en nuestro país", manifestó Shami Chakrabarti, directora del grupo de derechos civiles Libertad.
La investigadora Alice Wyss, de Amnistía Internacional, advirtió de que dar "mayores poderes para husmear haría que el Reino Unido tienda a convertirse en un Estado de vigilancia".
"La vigilancia debería ser selectiva, no indiscriminada, y el sistema debería estar controlado por instancias independientes, no por políticos", agregó Wyss.
La propuesta será debatida por una comisión legislativa que podrá introducir los cambios que crea convenientes antes de que sea debatida formalmente por el Parlamento y votada.
Los funcionarios británicos que defienden la propuesta argumentan que es necesario introducir cambios a una legislación que data de 1995, cuando Internet aún no era comercial.
En la actualidad, las fuerzas de seguridad pueden escuchar las conversaciones telefónicas e interceptar correos electrónicos, previa autorización de las autoridades del Ministerio de Interior y siempre que sea por razones de seguridad nacional.