El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró hoy una sesión especial para tratar la crisis en Burundi, país sumido en una espiral de violencia desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, decidió presentarse por tercera vez a las elecciones, algo prohibido por la Constitución.
Según los datos recopilados por la ONU, al menos 400 personas fueron asesinadas en Burundi desde el 26 de abril, aunque se estima que la cifra real de fallecidos es mucho mayor.
De estas muertes, al menos, 68 fueron asesinatos extrajudiciales ocurridos en noviembre.
Asimismo, 3.496 personas resultaron detenidas, y más de 220.000 -entre ellas eminentes defensores de los derechos humanos y periodistas- debieron abandonar el país y refugiarse en los países vecinos.
Ante esta situación, las distintas instancias de Naciones Unidas pusieron hoy de manifiesto sus diferentes temores ante el deterioro de la situación.
El primero en hacerlo fue el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, quien alertó de la posibilidad de que la crisis en Burundi "se regionalice".
El alto comisionado denunció que se logró constatar el flujo de armas desde los países colindantes hacia Burundi y pidió que esta importación clandestina de armamento cese de inmediato.
Zeid advirtió que el país está "en el umbral de una guerra civil" y solicitó ayuda a la comunidad internacional en su conjunto y a los países de la Unión Africana en particular.
Pero además, el alto comisionado indicó que "la implicación de la Corte Penal Internacional (CPI) sería de gran importancia", según consignó la agencia de noticias EFE.
Un parecer que compartió el asesor especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, quien a su vez advirtió de la posibilidad real de que Burundi sucumba a un genocidio.
"Estoy extremadamente preocupado por la manipulación de la identidad étnica por los líderes burundeses de los dos lados", subrayó Dieng.
"El lenguaje es muy similar al utilizado antes y durante el genocidio ruandés, en particular el uso de la palabra "gukora" que significa "al trabajo" en kirundi, y con la que se incitaba a las personas a cometer el genocidio de Ruanda en 1994", agregó el experto.
El funcionario internacional denunció las vejaciones y violaciones de los derechos humanos que se registran diariamente en el país, como ejecuciones sumarias, desapariciones, excesivo uso de la fuerza en las operaciones policiales, arrestos ilegales y tortura "cometidas con total impunidad".
Ante esta situación, Dieng se lamentó de "no dar suficiente importancia a lo que está en juego" y recordó que la guerra civil (1993-2005) causó 300.000 muertos y obligó a abandonar sus hogares a más de un millón de burundeses.
Ninguno de los dos altos funcionarios se refirió hoy explícitamente a la posibilidad de intervenir militarmente en el país, si bien Zeid sí que lo solicitó expresamente al Consejo de Seguridad hace unos días.
Quien sí pidió la intervención en un acto paralelo a la sesión del Consejo de hoy fue el defensor de derechos humanos Pierre Claver Mbonimpa quien urgió a la comunidad internacional a usar su "fuerza y autoridad para retirar del poder" a Nkurunziza.
No obstante, Mbonimpa denunció que el problema actual del país no tiene relación con un conflicto étnico, argumentando que él y su familia sufrieron atentados contra su vida pese a ser de la misma etnia que el presidente.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró hoy una sesión especial para tratar la crisis en Burundi, país sumido en una espiral de violencia desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, decidió presentarse por tercera vez a las elecciones, algo prohibido por la Constitución.
Según los datos recopilados por la ONU, al menos 400 personas fueron asesinadas en Burundi desde el 26 de abril, aunque se estima que la cifra real de fallecidos es mucho mayor.
De estas muertes, al menos, 68 fueron asesinatos extrajudiciales ocurridos en noviembre.
Asimismo, 3.496 personas resultaron detenidas, y más de 220.000 -entre ellas eminentes defensores de los derechos humanos y periodistas- debieron abandonar el país y refugiarse en los países vecinos.
Ante esta situación, las distintas instancias de Naciones Unidas pusieron hoy de manifiesto sus diferentes temores ante el deterioro de la situación.
El primero en hacerlo fue el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, quien alertó de la posibilidad de que la crisis en Burundi "se regionalice".
El alto comisionado denunció que se logró constatar el flujo de armas desde los países colindantes hacia Burundi y pidió que esta importación clandestina de armamento cese de inmediato.
Zeid advirtió que el país está "en el umbral de una guerra civil" y solicitó ayuda a la comunidad internacional en su conjunto y a los países de la Unión Africana en particular.
Pero además, el alto comisionado indicó que "la implicación de la Corte Penal Internacional (CPI) sería de gran importancia", según consignó la agencia de noticias EFE.
Un parecer que compartió el asesor especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, quien a su vez advirtió de la posibilidad real de que Burundi sucumba a un genocidio.
"Estoy extremadamente preocupado por la manipulación de la identidad étnica por los líderes burundeses de los dos lados", subrayó Dieng.
"El lenguaje es muy similar al utilizado antes y durante el genocidio ruandés, en particular el uso de la palabra "gukora" que significa "al trabajo" en kirundi, y con la que se incitaba a las personas a cometer el genocidio de Ruanda en 1994", agregó el experto.
El funcionario internacional denunció las vejaciones y violaciones de los derechos humanos que se registran diariamente en el país, como ejecuciones sumarias, desapariciones, excesivo uso de la fuerza en las operaciones policiales, arrestos ilegales y tortura "cometidas con total impunidad".
Ante esta situación, Dieng se lamentó de "no dar suficiente importancia a lo que está en juego" y recordó que la guerra civil (1993-2005) causó 300.000 muertos y obligó a abandonar sus hogares a más de un millón de burundeses.
Ninguno de los dos altos funcionarios se refirió hoy explícitamente a la posibilidad de intervenir militarmente en el país, si bien Zeid sí que lo solicitó expresamente al Consejo de Seguridad hace unos días.
Quien sí pidió la intervención en un acto paralelo a la sesión del Consejo de hoy fue el defensor de derechos humanos Pierre Claver Mbonimpa quien urgió a la comunidad internacional a usar su "fuerza y autoridad para retirar del poder" a Nkurunziza.
No obstante, Mbonimpa denunció que el problema actual del país no tiene relación con un conflicto étnico, argumentando que él y su familia sufrieron atentados contra su vida pese a ser de la misma etnia que el presidente.