Se trata de los jueces penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Moreno, que en la noche de ayer, presentaron sus renuncias tras la decisión del Consejo de la Magistratura de someterlos a un jury de enjuiciamiento por las acusaciones en su contra.
Con anterioridad a las dimisiones, los magistrados fueron suspendidos en sus funciones por el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, que deberá analizarlas, designar nuevos jueces y notificar al Consejo de la Magistratura para anular los juicios políticos.
La denuncia contra los tres magistrados, se inició hace dos semanas con la presentación del asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas, sobre la existencia de presuntas irregularidades en un reclamo del empresario periodístico Luis Manuel Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y la provincia de Tucumán, por un "delito a establecer".
Las mismas fuentes indicaron que en el mismo expediente, los cuestionados y renunciantes magistrados habían ordenado un embargo millonario a los fondos de coparticipación de la provincia de Tucumán.
Ante la denuncia y una vez analizados los descargos de los jueces acusados, por 8 votos a 1 de sus integrantes, el Consejo de la Magistratura, resolvió abrir el juicio político.
Asimismo, el abogado Nahas expuso ante el Consejo de la Magistratura sobre las irregularidades detectadas en el cuestionado expediente iniciado por el empresario Pericás y en el que los tres jueces santiagueños tuvieron directa participación.
En el caso del renunciante juez Moreno, tuvo a su cargo investigaciones resonantes por los asesinatos de la empresaria santiagueña Estela López de Auad y Marito Salto, el niño de 11 años que fue secuestrado, violado y descuartizado en la localidad santiagueña de Quimilí, ambos sin resolver.
Asimismo, tuvo que afrontar y siempre resultó airoso de varios planteos de recusación, principalmente en la causa del niño asesinado en la población rural ubicada a 200 kilómetros al sureste de la capital provincial.
Se trata de los jueces penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Moreno, que en la noche de ayer, presentaron sus renuncias tras la decisión del Consejo de la Magistratura de someterlos a un jury de enjuiciamiento por las acusaciones en su contra.
Con anterioridad a las dimisiones, los magistrados fueron suspendidos en sus funciones por el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, que deberá analizarlas, designar nuevos jueces y notificar al Consejo de la Magistratura para anular los juicios políticos.
La denuncia contra los tres magistrados, se inició hace dos semanas con la presentación del asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas, sobre la existencia de presuntas irregularidades en un reclamo del empresario periodístico Luis Manuel Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y la provincia de Tucumán, por un "delito a establecer".
Las mismas fuentes indicaron que en el mismo expediente, los cuestionados y renunciantes magistrados habían ordenado un embargo millonario a los fondos de coparticipación de la provincia de Tucumán.
Ante la denuncia y una vez analizados los descargos de los jueces acusados, por 8 votos a 1 de sus integrantes, el Consejo de la Magistratura, resolvió abrir el juicio político.
Asimismo, el abogado Nahas expuso ante el Consejo de la Magistratura sobre las irregularidades detectadas en el cuestionado expediente iniciado por el empresario Pericás y en el que los tres jueces santiagueños tuvieron directa participación.
En el caso del renunciante juez Moreno, tuvo a su cargo investigaciones resonantes por los asesinatos de la empresaria santiagueña Estela López de Auad y Marito Salto, el niño de 11 años que fue secuestrado, violado y descuartizado en la localidad santiagueña de Quimilí, ambos sin resolver.
Asimismo, tuvo que afrontar y siempre resultó airoso de varios planteos de recusación, principalmente en la causa del niño asesinado en la población rural ubicada a 200 kilómetros al sureste de la capital provincial.