Imputaron a Macri y Prat Gay por el decreto sobre blanqueo de bienes
El fiscal Marijuan imputó hoy al presidente y al ministro de Hacienda al dar impulso, en un dictamen presentado ante el juez Ariel Lijo, por la ampliación del blanqueo de capitales a familiares de funcionarios dispuesta a través de un decreto.
En tanto, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el Centro Cultural Kirchner tras una reunión de Gabinete ampliada, encabezada por el presidente Mauricio Macri, Peña aseguró que en el Gobierno tiene "una enorme tranquilidad sobre la acción planteada", en referencia al decreto del Ejecutivo que dispuso la ampliación del alcance del denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal, aprobado por el Congreso.
"Tenemos toda la tranquilidad del mundo en cualquier discusión que se dé con la Justicia", aseveró el jefe de ministros ante una consulta de la prensa acerca de la imputación de Marijuán, que trascendió públicamente en el mismo momento en que se desarrollaba la conferencia de prensa posterior al encuentro ampliado de Gabinete.
En el dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán consideró que debe ser impulsada una pesquisa en base a una denuncia penal presentada días atrás por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió medidas de prueba relativas en su mayoría a documentación certificada, como las actas del debate parlamentario de la ley y el posterior Decreto 1206/2016, objeto de la denuncia, explicaron fuentes judiciales.
Marijuán sostuvo que debe investigarse a los "mencionados en la denuncia" de Donda -el presidente Macri, Peña y Prat Gay- en el dictamen que llegó al juzgado ayer al cierre del horario judicial y que se difundió hoy.
El decreto cuestionado dispuso la ampliación del alcance del blanqueo a cónyuges, padres e hijos emancipados menores de edad de funcionarios públicos.
En la denuncia, se advirtió que el decreto "contradice explícitamente la Ley 27260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo".
En su dictamen, Marijuán tomó la denuncia de la diputada y entendió que debe impulsarse la investigación.
"Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", sostuvo la legisladora en su denuncia.
Como es de rigor, ahora será el juez federal Ariel Lijo el que deberá resolver, a la luz de lo dictaminado por Marijuán, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia.
En tanto, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el Centro Cultural Kirchner tras una reunión de Gabinete ampliada, encabezada por el presidente Mauricio Macri, Peña aseguró que en el Gobierno tiene "una enorme tranquilidad sobre la acción planteada", en referencia al decreto del Ejecutivo que dispuso la ampliación del alcance del denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal, aprobado por el Congreso.
"Tenemos toda la tranquilidad del mundo en cualquier discusión que se dé con la Justicia", aseveró el jefe de ministros ante una consulta de la prensa acerca de la imputación de Marijuán, que trascendió públicamente en el mismo momento en que se desarrollaba la conferencia de prensa posterior al encuentro ampliado de Gabinete.
En el dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán consideró que debe ser impulsada una pesquisa en base a una denuncia penal presentada días atrás por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió medidas de prueba relativas en su mayoría a documentación certificada, como las actas del debate parlamentario de la ley y el posterior Decreto 1206/2016, objeto de la denuncia, explicaron fuentes judiciales.
Marijuán sostuvo que debe investigarse a los "mencionados en la denuncia" de Donda -el presidente Macri, Peña y Prat Gay- en el dictamen que llegó al juzgado ayer al cierre del horario judicial y que se difundió hoy.
El decreto cuestionado dispuso la ampliación del alcance del blanqueo a cónyuges, padres e hijos emancipados menores de edad de funcionarios públicos.
En la denuncia, se advirtió que el decreto "contradice explícitamente la Ley 27260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo".
En su dictamen, Marijuán tomó la denuncia de la diputada y entendió que debe impulsarse la investigación.
"Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", sostuvo la legisladora en su denuncia.
Como es de rigor, ahora será el juez federal Ariel Lijo el que deberá resolver, a la luz de lo dictaminado por Marijuán, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia.