Espionaje: el juez federal de Esquel procesó a dos fiscales de Chubut
El Dr. Guido Otranto hizo una grave imputación contra Fernando Rivarola y María Bottini. También acusó a dos policías.
La misma medida recayó en los policías C.A. Rodríguez y A. A. Muñoz, que habrían tenido contacto en la zona con el agente de Inteligencia que se ocupó del espionaje, actualmente procesado.
A mediados de abril del año pasado, el mismo magistrado ya había procesado sin prisión preventiva al espía que durante meses fichó ilegalmente a vecinos de la ciudad de Esquel.
El “Agente AFI”, como lo denominó Otranto para preservar su identidad, está acusado por tareas de inteligencia prohibidas por ley. Fue embargado en $ 30.000 y le prohibieron salir del país.
Otranto también le prohibió acercarse o entablar contacto con las personas a las que espió.
Si bien hasta última hora de ayer no se conocía la información oficial emanada desde el Juzgado Federal, ya había trascendido la noticia. Inclusive, el fiscal Rivarola dialogó con Jornada y confirmó el dato: “Sí, me procesó el juez Otranto; no recibí aún la comunicación pero ya lo sé”, dijo.
Preguntado sobre los pasos que seguirá, señaló que “voy a apelar”, para lo cual se pondrá en contacto con su abogado asesor, el Dr. Fabián Gabalachis, a los fines de que reúna todos los antecedentes del caso, y proceda a la apelación.
El sujeto sindicado como el espía no puede salir del país. Admitió haber ejecutado seguimientos con fotos de un grupo de militantes sociales, y miembros de la comunidad mapuche que ocupa un sector del paraje “Vuelta del Río”.
En ese contexto ya surgían muchas sospechas sobre el papel de los fiscales de Esquel que se reunieron con él, inclusive al inicio de la causa también estuvo como parte de la investigación de Guido Otranto, la fiscal Fernanda Révori, aunque luego fue desvinculada.
Declaración del espía
En su declaración del 2 de febrero del año pasado, el espía declaró que como agente de la Delegación Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), obtuvo información, produjo inteligencia y almacenó datos sobre 26 personas militantes del “No a la Mina”. Esta actividad de seguimiento, está prohibida por la Ley de Inteligencia Nacional.
El “trabajo” incluyó fotografiar a varias personas que concurrieron a la edición del programa “Casa Abierta” en Cholila, el sábado 14 de marzo de 2015. Portaban una bandera con la consigna “No a la Mina”, y una bandera “Wiphala” de los pueblos originarios.
El “Agente AFI” reconoció que hizo investigación criminal sin autorización legal ni requerimiento judicial, en el marco de la causa por la ocupación de un sector de la Estancia Leleque situado en el paraje Vuelta del Río, lindante con la ruta 40, que desde marzo de 2015 lleva adelante un grupo que reivindica que se trata de tierras de ocupación ancestral mapuche.
Además, sin autorización de la Agencia, se relacionó y actuó en forma prohibida con la fiscal jefe y el fiscal general de Esquel, María Bottini y Fernando Rivarola, respectivamente.
Dijo que se reunió con ellos la mañana del 28 de mayo de 2015. Y les ofreció colaboración en la investigación por la ocupación de tierras en Leleque, para aportar información digital.
El imputado refirió que concurrió a la cordillera por órdenes superiores, y para una tarea que “no puedo revelar en el marco de la Ley de Inteligencia”.
A la oficina del fiscal Rivarola concurrió porque “el Juzgado Federal se apartó de la causa de la toma”, dijo el agente de Inteligencia. Fue a ver al fiscal para preguntarle si se había podido identificar a Facundo Jones Huala entre esas personas, y a ponerse a disposición.
“Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial”. Y declaró que el fiscal creó una carpeta en su computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. “Todos los documentos que copió en su computadora los abrió”, manifestó y señaló que los miró y decidió copiarlos en una carpeta a la que tildó como ‘Inteligencia’.
“Las fotos que yo había tomado de la toma le servían para su investigación”, explicó el espía y aseveró que también le podía servir la información para una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público realizada por el entonces subcomisario Juan José Ale, a raíz de que no se había detenido a Jones Huala.
Rivarola preocupado
Con relación al archivo de los vecinos del “No a la Mina”, dijo que Rivarola “lo abrió, lo vio e incluso consideró que le podía interesar”.
En ese momento se dio cuenta que se le había traspapelado. “Pero –acotó- como me dijo que le podía interesar se lo dejé que lo copie”.
Este archivo estaba en la carpeta “RAM” (Resistencia Ancestral Mapuche), que reconoció como suya, pero dijo que el archivo “no tenía nada que ver con el tema”.
Comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo: “Me mandé un cagadón”. Primero le transmitió que le habían sacado la información, y después que no sabía cómo se le había traspapelado.
“Le dije que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a tener él”, declaró el espía.
Según el juez Otranto, el imputado se involucró en investigaciones judiciales en las que nadie pidió la intervención de la AFI. Por eso decidió llamó a declarar a las 26 personas individualizadas en el archivo que el espía denominó “activistas antimineros en la zona de la Comarca Andina.doc”.
El contacto con los fiscales
El exconcejal Osvaldo González Salinas, en septiembre del año pasado en declaraciones a FM Tiempo Esquel, recordó que el caso de las espías a vecinos militantes por el “no a la mina” y de otras actividades, se conoció el 28 de agosto de 2015, cuando aparecieron varias personas fichadas por un agente de la ahora Agencia Federal de Inteligencia (AFI), “sin ninguna orden judicial”.
Esas fichas fueron recibidas por la Fiscalía, que las incorpora a un legajo en el que se investigaba la ocupación de tierras en Leleque, pero también quedan las fichas de quienes se oponen a la minería, dejando al descubierto que se estaba ante un espionaje ilegal.
Cuando surge ese hecho que se hizo rápidamente público, los tres fiscales provinciales jefes (Fernando Rivarola, María Bottini y Fernanda Révori) fueron al Juzgado Federal a hacer la denuncia, “sin imputar a nadie. Pero se entiende que fueron a denunciar al espía”, explicó González Salinas.
Entre el material que aportaron los fiscales apareció un video de 57 minutos de duración, de una reunión que mantuvieron con el espía que fue a verlos. De ese encuentro participaron Rivarola y Bottini, pero no así Révori.
No obstante esta última fiscal, está citada como testigo junto a otros funcionarios judiciales de la Provincia. Este dato se conoce en esta nueva instancia de indagatoria, de los próximos días.
El abogado recalcó que “nuestras expectativas en la causa son grandes y alentadoras, porque vemos que el juez Otranto está avanzando firme, en esto que hace a la protección de los derechos humanos de la población. No podemos ser espiados porque a un agente de inteligencia o a un fiscal se les ocurra; tiene que haber una causa concreta y un juez que lo ordene.”#
La misma medida recayó en los policías C.A. Rodríguez y A. A. Muñoz, que habrían tenido contacto en la zona con el agente de Inteligencia que se ocupó del espionaje, actualmente procesado.
A mediados de abril del año pasado, el mismo magistrado ya había procesado sin prisión preventiva al espía que durante meses fichó ilegalmente a vecinos de la ciudad de Esquel.
El “Agente AFI”, como lo denominó Otranto para preservar su identidad, está acusado por tareas de inteligencia prohibidas por ley. Fue embargado en $ 30.000 y le prohibieron salir del país.
Otranto también le prohibió acercarse o entablar contacto con las personas a las que espió.
Si bien hasta última hora de ayer no se conocía la información oficial emanada desde el Juzgado Federal, ya había trascendido la noticia. Inclusive, el fiscal Rivarola dialogó con Jornada y confirmó el dato: “Sí, me procesó el juez Otranto; no recibí aún la comunicación pero ya lo sé”, dijo.
Preguntado sobre los pasos que seguirá, señaló que “voy a apelar”, para lo cual se pondrá en contacto con su abogado asesor, el Dr. Fabián Gabalachis, a los fines de que reúna todos los antecedentes del caso, y proceda a la apelación.
El sujeto sindicado como el espía no puede salir del país. Admitió haber ejecutado seguimientos con fotos de un grupo de militantes sociales, y miembros de la comunidad mapuche que ocupa un sector del paraje “Vuelta del Río”.
En ese contexto ya surgían muchas sospechas sobre el papel de los fiscales de Esquel que se reunieron con él, inclusive al inicio de la causa también estuvo como parte de la investigación de Guido Otranto, la fiscal Fernanda Révori, aunque luego fue desvinculada.
Declaración del espía
En su declaración del 2 de febrero del año pasado, el espía declaró que como agente de la Delegación Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), obtuvo información, produjo inteligencia y almacenó datos sobre 26 personas militantes del “No a la Mina”. Esta actividad de seguimiento, está prohibida por la Ley de Inteligencia Nacional.
El “trabajo” incluyó fotografiar a varias personas que concurrieron a la edición del programa “Casa Abierta” en Cholila, el sábado 14 de marzo de 2015. Portaban una bandera con la consigna “No a la Mina”, y una bandera “Wiphala” de los pueblos originarios.
El “Agente AFI” reconoció que hizo investigación criminal sin autorización legal ni requerimiento judicial, en el marco de la causa por la ocupación de un sector de la Estancia Leleque situado en el paraje Vuelta del Río, lindante con la ruta 40, que desde marzo de 2015 lleva adelante un grupo que reivindica que se trata de tierras de ocupación ancestral mapuche.
Además, sin autorización de la Agencia, se relacionó y actuó en forma prohibida con la fiscal jefe y el fiscal general de Esquel, María Bottini y Fernando Rivarola, respectivamente.
Dijo que se reunió con ellos la mañana del 28 de mayo de 2015. Y les ofreció colaboración en la investigación por la ocupación de tierras en Leleque, para aportar información digital.
El imputado refirió que concurrió a la cordillera por órdenes superiores, y para una tarea que “no puedo revelar en el marco de la Ley de Inteligencia”.
A la oficina del fiscal Rivarola concurrió porque “el Juzgado Federal se apartó de la causa de la toma”, dijo el agente de Inteligencia. Fue a ver al fiscal para preguntarle si se había podido identificar a Facundo Jones Huala entre esas personas, y a ponerse a disposición.
“Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial”. Y declaró que el fiscal creó una carpeta en su computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. “Todos los documentos que copió en su computadora los abrió”, manifestó y señaló que los miró y decidió copiarlos en una carpeta a la que tildó como ‘Inteligencia’.
“Las fotos que yo había tomado de la toma le servían para su investigación”, explicó el espía y aseveró que también le podía servir la información para una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público realizada por el entonces subcomisario Juan José Ale, a raíz de que no se había detenido a Jones Huala.
Rivarola preocupado
Con relación al archivo de los vecinos del “No a la Mina”, dijo que Rivarola “lo abrió, lo vio e incluso consideró que le podía interesar”.
En ese momento se dio cuenta que se le había traspapelado. “Pero –acotó- como me dijo que le podía interesar se lo dejé que lo copie”.
Este archivo estaba en la carpeta “RAM” (Resistencia Ancestral Mapuche), que reconoció como suya, pero dijo que el archivo “no tenía nada que ver con el tema”.
Comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo: “Me mandé un cagadón”. Primero le transmitió que le habían sacado la información, y después que no sabía cómo se le había traspapelado.
“Le dije que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a tener él”, declaró el espía.
Según el juez Otranto, el imputado se involucró en investigaciones judiciales en las que nadie pidió la intervención de la AFI. Por eso decidió llamó a declarar a las 26 personas individualizadas en el archivo que el espía denominó “activistas antimineros en la zona de la Comarca Andina.doc”.
El contacto con los fiscales
El exconcejal Osvaldo González Salinas, en septiembre del año pasado en declaraciones a FM Tiempo Esquel, recordó que el caso de las espías a vecinos militantes por el “no a la mina” y de otras actividades, se conoció el 28 de agosto de 2015, cuando aparecieron varias personas fichadas por un agente de la ahora Agencia Federal de Inteligencia (AFI), “sin ninguna orden judicial”.
Esas fichas fueron recibidas por la Fiscalía, que las incorpora a un legajo en el que se investigaba la ocupación de tierras en Leleque, pero también quedan las fichas de quienes se oponen a la minería, dejando al descubierto que se estaba ante un espionaje ilegal.
Cuando surge ese hecho que se hizo rápidamente público, los tres fiscales provinciales jefes (Fernando Rivarola, María Bottini y Fernanda Révori) fueron al Juzgado Federal a hacer la denuncia, “sin imputar a nadie. Pero se entiende que fueron a denunciar al espía”, explicó González Salinas.
Entre el material que aportaron los fiscales apareció un video de 57 minutos de duración, de una reunión que mantuvieron con el espía que fue a verlos. De ese encuentro participaron Rivarola y Bottini, pero no así Révori.
No obstante esta última fiscal, está citada como testigo junto a otros funcionarios judiciales de la Provincia. Este dato se conoce en esta nueva instancia de indagatoria, de los próximos días.
El abogado recalcó que “nuestras expectativas en la causa son grandes y alentadoras, porque vemos que el juez Otranto está avanzando firme, en esto que hace a la protección de los derechos humanos de la población. No podemos ser espiados porque a un agente de inteligencia o a un fiscal se les ocurra; tiene que haber una causa concreta y un juez que lo ordene.”#