Oscar Romero dejó de cobrar su sueldo como profesor universitario y le iniciaron un sumario
Lo decidió la UNPSJB. Tenía cuatro cátedras en la carrera de Abogacía. “La gravedad de los hechos amerita una investigación”, dijeron desde la casa de altos estudios sobre su intento de matar a un tapicero. Mientras tanto, el letrado reclamó al juez que no lo trasladen a la Comisaría de Dolavon.
El abogado de Trelew Oscar Romero, preso por tentativa de homicidio, fue separado de su cargo docente en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” sede Trelew y ya no cobra ese sueldo. La nota la firmó el director del Servicio Jurídico Permanente, Juan Carlos Smith, luego de una presentación del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Juan Manuel Irusta, al rector de la casa de altos estudios. Además será sometido a un sumario interno.
Se decidió luego de que las autoridades conocieran el episodio. Romero era profesor en Derecho Romano, Derecho Administrativo y Derecho Civil IV.
Irusta recordó que según la prensa, “el abogado Romero Bruno usó un arma de fuego para actuar como agresor en un hecho violento, y también fue agredido por un tapicero que lo atacó con un destornillador, y que en la escena de los hechos se encontró cocaína”. Lo relatado derivó en la internación de ambos y la detención con custodia policial. A Romero en la audiencia de control de detención se le dictó prisión preventiva por 6 meses.
El 6 de mayo, Romero envió a la UNPSJB un certificado médico que indicaba: “Reposo laboral por 60 días”. Y el 13 de mayo, el Ministerio Público Fiscal de Trelew informó que el caso estaba bajo investigación y que el abogado estaba imputado.
Tras lo expuesto por decano, el director del Servicio Jurídico Permanente, Juan Carlos Smith, consideró que “la gravedad de los hechos relatados ameritan efectuar una investigación”. Sugirió una Resolución Rectoral “disponiendo la iniciación de sumario administrativo a efectos de establecer la situación en la que se encuentra el docente Edgardo Oscar Romero Bruno, con respecto a su vínculo laboral con la Universidad”.
“Considero que deberá suspenderse el pago de los haberes del mencionado docente mientras continúe vigente la prisión preventiva que se le ha aplicado, debiendo comunicarse esta circunstancia a la Dirección General de Personal”, concluyó.
“Estado deplorable”
En otro orden, el propio Romero elevó una nota para el juez Castro para pedir quedar detenido en el Centro Policial de Detención de Trelew, luego de que le comunicaran su “inminente traslado” a la Comisaría de Dolavon. El penalista ya estuvo alojado allí y presentó un hábeas corpus por el agravamiento de sus condiciones de detención.
“Vale decir que mi preferencia de continuar alojado en este establecimiento carcelario para evitar una vulneración aún más atroz de los derechos constitucionales que me amparan como procesado no condenado, de ningún modo implica renunciar al justo reclamo de que se haga cesar el ilegítimo encarcelamiento que vengo padeciendo”.
Para el abogado, “huelga acotar que los calabozos de las comisarías no satisfacen en lo más mínimo las condiciones exigidas en el artículo 51 de nuestra Constitución Provincial, ni se asemejan a los “establecimientos especiales” que garantizan los artículos 21 y 233 del Código Procesal Penal para el cumplimiento de la prisión preventiva”.
Describió que “mucho menos la única celda de la Comisaría de Dolavon, sin ningún tipo de mobiliario, sin calefacción, con instalaciones eléctricas precarias, deficientes y peligrosas, y apenas iluminada artificialmente con un foco de baja potencia -no apto para lectura-, en deplorable estado de conservación e higiene, con las paredes agrietadas por la humedad que filtra desde el exterior, en un ambiente impregnado de olor nauseabundo a cloacas, con instalaciones sanitarias en pésimo estado y griferías rotas con constante pérdida de agua.
Además insistió con “la indebida privación de libertad a la que me encuentro sometido con el pretexto de cautelar el proceso”.
El abogado de Trelew Oscar Romero, preso por tentativa de homicidio, fue separado de su cargo docente en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” sede Trelew y ya no cobra ese sueldo. La nota la firmó el director del Servicio Jurídico Permanente, Juan Carlos Smith, luego de una presentación del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Juan Manuel Irusta, al rector de la casa de altos estudios. Además será sometido a un sumario interno.
Se decidió luego de que las autoridades conocieran el episodio. Romero era profesor en Derecho Romano, Derecho Administrativo y Derecho Civil IV.
Irusta recordó que según la prensa, “el abogado Romero Bruno usó un arma de fuego para actuar como agresor en un hecho violento, y también fue agredido por un tapicero que lo atacó con un destornillador, y que en la escena de los hechos se encontró cocaína”. Lo relatado derivó en la internación de ambos y la detención con custodia policial. A Romero en la audiencia de control de detención se le dictó prisión preventiva por 6 meses.
El 6 de mayo, Romero envió a la UNPSJB un certificado médico que indicaba: “Reposo laboral por 60 días”. Y el 13 de mayo, el Ministerio Público Fiscal de Trelew informó que el caso estaba bajo investigación y que el abogado estaba imputado.
Tras lo expuesto por decano, el director del Servicio Jurídico Permanente, Juan Carlos Smith, consideró que “la gravedad de los hechos relatados ameritan efectuar una investigación”. Sugirió una Resolución Rectoral “disponiendo la iniciación de sumario administrativo a efectos de establecer la situación en la que se encuentra el docente Edgardo Oscar Romero Bruno, con respecto a su vínculo laboral con la Universidad”.
“Considero que deberá suspenderse el pago de los haberes del mencionado docente mientras continúe vigente la prisión preventiva que se le ha aplicado, debiendo comunicarse esta circunstancia a la Dirección General de Personal”, concluyó.
“Estado deplorable”
En otro orden, el propio Romero elevó una nota para el juez Castro para pedir quedar detenido en el Centro Policial de Detención de Trelew, luego de que le comunicaran su “inminente traslado” a la Comisaría de Dolavon. El penalista ya estuvo alojado allí y presentó un hábeas corpus por el agravamiento de sus condiciones de detención.
“Vale decir que mi preferencia de continuar alojado en este establecimiento carcelario para evitar una vulneración aún más atroz de los derechos constitucionales que me amparan como procesado no condenado, de ningún modo implica renunciar al justo reclamo de que se haga cesar el ilegítimo encarcelamiento que vengo padeciendo”.
Para el abogado, “huelga acotar que los calabozos de las comisarías no satisfacen en lo más mínimo las condiciones exigidas en el artículo 51 de nuestra Constitución Provincial, ni se asemejan a los “establecimientos especiales” que garantizan los artículos 21 y 233 del Código Procesal Penal para el cumplimiento de la prisión preventiva”.
Describió que “mucho menos la única celda de la Comisaría de Dolavon, sin ningún tipo de mobiliario, sin calefacción, con instalaciones eléctricas precarias, deficientes y peligrosas, y apenas iluminada artificialmente con un foco de baja potencia -no apto para lectura-, en deplorable estado de conservación e higiene, con las paredes agrietadas por la humedad que filtra desde el exterior, en un ambiente impregnado de olor nauseabundo a cloacas, con instalaciones sanitarias en pésimo estado y griferías rotas con constante pérdida de agua.
Además insistió con “la indebida privación de libertad a la que me encuentro sometido con el pretexto de cautelar el proceso”.