La querella de las secretarías de Derechos Humanos pidió 18 años de prisión para Milani
La querella que representa a la secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja pidió una pena de 18 años para el ex jefe del Ejército, en el juicio de lesa humanidad que se le sigue en esa provincia por los secuestros y torturas contra Pedro Olivera y su hijo, Ramón, ocurridos en marzo de 1977.
Los abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore leyeron ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja los argumentos de los organismos del Estado para condenar a César Milani por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y asociación ilícita.
Asimismo, pidieron que se imponga una pena similar al ex oficial del Ejército, Alfredo Santacrocce por los mismos delitos y de prisión perpetua para el ex juez federal Roberto Catalán, sobre quien pesan otras condenas por crímenes de lesa humanidad.
También solicitaron sentencias de 18 años para Eliberto Miguel Goneaga y de 10 para Miguel Ángel Chiarello y Leónidas Carlos Moliné.
A lo largo de su extensa exposición, los abogados ubicaron a Milani en el lugar de los hechos, y dieron cuanta de cómo la defensa del militar, quien comandó el Ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner, intentó "impugnar y desacreditar a los testigos víctimas a lo largo del proceso".
Los abogados relataron los hechos ocurridos el 12 de marzo en La Rioja, cuando una partida de militares comandada por Milani (un entonces subteniente que revistaba en el batallón 141) ingresó en el domicilio de los Olivera y secuestró a Pedro, y más tarde a su hijo Ramón en su lugar de trabajo.
Dieron cuenta de sus padecimientos, de las torturas sufridas por ambos y de las declaraciones que dio Ramón en plena dictadura (en 1979 y luego en 1980 ante el Consejo de Guerra) sobre el rol que jugó Milani en su secuestro y el de su padre.
"Es falso que la familia Olivera –querellante en esta causa-- se haya acordado de Milani en 2013 cuando solicitó reabrir la causa. Ramón Olivera declaró lo mismo en 1984 ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, y un año más tarde en la causa que se inició en la provincia", señaló Orosz en uno de los tramos de su alocución.
El abogado argumentó que lo que impidió que ese expediente avanzara fue la sanción de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida durante el gobierno de Raúl Alfonsín y los indultos firmados por Carlos Menem.
"Los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos de la provincia nunca dejaron de reclamar justicia. Esta no es una causa que busca perjudicar a Cristina Kirchner o favorecer a Mauricio Macri o Claudio Avruj (secretario de Derechos Humanos de la Nación). Buscamos la verdad", enfatizó el letrado.
En su exposición, los abogados mencionaron la doctrina de "seguridad nacional" que aplicaron las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.
Mencionaron la formación antisubversiva que recibieron los oficiales del Ejército como Milani y la forma en la cual los grupos operativos obtenían información en base a la tortura.
Además, describieron el contexto social en los años 70 de La Rioja, donde sectores comprometidos con la doctrina social de la Iglesia, encabezados por el obispo Enrique Angelelli (asesinado por agentes de la dictadura) "se movilizaban por sus derechos sociales y laborales".
"La Rioja no era un paisaje bucólico como sostuvo Milani ante este Tribunal. Era un lugar de lucha donde había que exterminar al enemigo subversivo. Milani (entonces subteniente) era parte del dispositivo de inteligencia destinado a combatir a esos grupos militantes", fundamentó el alegato.
Este juicio comenzó el 3 de mayo pasado y la familia Olivera querella en la causa representada por las abogadas María Elisa Reinoso, Viviana Reinoso y Adriana Mercado Luna.
El turno de los alegatos de las defensas será la semana próxima, jueves y viernes, según anticiparon a Télam fuentes judiciales.
De acuerdo con lo previsto, el 8 de agosto próximo será la audiencia en la que se dará la posibilidad a los trece acusados, entre ellos Milani, de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto, que, en principio, se daría a conocer al día siguiente, 9 de agosto próximo.
Los abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore leyeron ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja los argumentos de los organismos del Estado para condenar a César Milani por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y asociación ilícita.
Asimismo, pidieron que se imponga una pena similar al ex oficial del Ejército, Alfredo Santacrocce por los mismos delitos y de prisión perpetua para el ex juez federal Roberto Catalán, sobre quien pesan otras condenas por crímenes de lesa humanidad.
También solicitaron sentencias de 18 años para Eliberto Miguel Goneaga y de 10 para Miguel Ángel Chiarello y Leónidas Carlos Moliné.
A lo largo de su extensa exposición, los abogados ubicaron a Milani en el lugar de los hechos, y dieron cuanta de cómo la defensa del militar, quien comandó el Ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner, intentó "impugnar y desacreditar a los testigos víctimas a lo largo del proceso".
Los abogados relataron los hechos ocurridos el 12 de marzo en La Rioja, cuando una partida de militares comandada por Milani (un entonces subteniente que revistaba en el batallón 141) ingresó en el domicilio de los Olivera y secuestró a Pedro, y más tarde a su hijo Ramón en su lugar de trabajo.
Dieron cuenta de sus padecimientos, de las torturas sufridas por ambos y de las declaraciones que dio Ramón en plena dictadura (en 1979 y luego en 1980 ante el Consejo de Guerra) sobre el rol que jugó Milani en su secuestro y el de su padre.
"Es falso que la familia Olivera –querellante en esta causa-- se haya acordado de Milani en 2013 cuando solicitó reabrir la causa. Ramón Olivera declaró lo mismo en 1984 ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja, y un año más tarde en la causa que se inició en la provincia", señaló Orosz en uno de los tramos de su alocución.
El abogado argumentó que lo que impidió que ese expediente avanzara fue la sanción de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida durante el gobierno de Raúl Alfonsín y los indultos firmados por Carlos Menem.
"Los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos de la provincia nunca dejaron de reclamar justicia. Esta no es una causa que busca perjudicar a Cristina Kirchner o favorecer a Mauricio Macri o Claudio Avruj (secretario de Derechos Humanos de la Nación). Buscamos la verdad", enfatizó el letrado.
En su exposición, los abogados mencionaron la doctrina de "seguridad nacional" que aplicaron las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.
Mencionaron la formación antisubversiva que recibieron los oficiales del Ejército como Milani y la forma en la cual los grupos operativos obtenían información en base a la tortura.
Además, describieron el contexto social en los años 70 de La Rioja, donde sectores comprometidos con la doctrina social de la Iglesia, encabezados por el obispo Enrique Angelelli (asesinado por agentes de la dictadura) "se movilizaban por sus derechos sociales y laborales".
"La Rioja no era un paisaje bucólico como sostuvo Milani ante este Tribunal. Era un lugar de lucha donde había que exterminar al enemigo subversivo. Milani (entonces subteniente) era parte del dispositivo de inteligencia destinado a combatir a esos grupos militantes", fundamentó el alegato.
Este juicio comenzó el 3 de mayo pasado y la familia Olivera querella en la causa representada por las abogadas María Elisa Reinoso, Viviana Reinoso y Adriana Mercado Luna.
El turno de los alegatos de las defensas será la semana próxima, jueves y viernes, según anticiparon a Télam fuentes judiciales.
De acuerdo con lo previsto, el 8 de agosto próximo será la audiencia en la que se dará la posibilidad a los trece acusados, entre ellos Milani, de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto, que, en principio, se daría a conocer al día siguiente, 9 de agosto próximo.