Vargas imputado por tráfico de influencias en Pirámides
El exfuncionario Alberto Vargas quedó imputado de “tráfico de influencias” y “tenencia ilegal de arma civil y de guerra”. Un empresario denunció que le pidieron 300 mil dólares para otorgarle la habilitación a un hotel en Puerto Pirámides.
La audiencia de apertura de investigación la presidió la jueza Patricia Asaro. El fiscal Daniel Báez notificó a Vargas, patrocinado por Federico Ruffa, sobre la investigación en su contra.
Según un empresario de Buenos Aires, le solicitaron plata para habilitarle el hotel que construye en Puerto Pirámides. La causa comenzó en septiembre. Según el parte de prensa de Fiscalía, ya antes fue imputada Marcela Montero como coautora.
En el allanamiento en el domicilio de Vargas se hallaron dos pistolas, una de uso civil y otra de guerra, sin papeles.
La fiscalía tendrá un plazo de seis meses para determinar si existió el delito y decidir si eleva la causa a juicio oral. La pena prevista va de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para la función pública.
En este escenario, la Unidad Anticorrupción reveló otra causa contra Diego Correa, Juan Carlos “Tato” Ramón y Carlos Legal por contrataciones efectuadas en 2014 con la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria. Según los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, surgió de la pericia informática donde se descubrieron conversaciones entre Correa y Ramón por el cobro de obras realizadas con la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria.
“En soportes informáticos se encontró profusa documentación relacionada con obras que fueron adjudicada para trabajos en Puerto Rawson y el Puerto de Camarones”, indicaron los fiscales, aunque también se podría ampliar. “Son documentos que luego aparecen firmados por el director de Puertos, Legal. Lo que llama la atención a esta altura que documentos de dichos expedientes también se encontraron en la computadora de Ramón”, explicaron.
“Nuevamente estaríamos en presencia de un armado fraudulento de expedientes para quedarse con distintas obras en los puertos”. La hipótesis es que Ramón “armaba los presupuestos, resoluciones adjudicando las obras, las actas de recepción de obras, etcétera, y luego se las llevaba a Legal, quien habría firmado los documentos para el armado de los expedientes dándole apariencia de legal competencia”, cerraron. La figura legal será defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público”.
La audiencia de apertura de investigación la presidió la jueza Patricia Asaro. El fiscal Daniel Báez notificó a Vargas, patrocinado por Federico Ruffa, sobre la investigación en su contra.
Según un empresario de Buenos Aires, le solicitaron plata para habilitarle el hotel que construye en Puerto Pirámides. La causa comenzó en septiembre. Según el parte de prensa de Fiscalía, ya antes fue imputada Marcela Montero como coautora.
En el allanamiento en el domicilio de Vargas se hallaron dos pistolas, una de uso civil y otra de guerra, sin papeles.
La fiscalía tendrá un plazo de seis meses para determinar si existió el delito y decidir si eleva la causa a juicio oral. La pena prevista va de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para la función pública.
En este escenario, la Unidad Anticorrupción reveló otra causa contra Diego Correa, Juan Carlos “Tato” Ramón y Carlos Legal por contrataciones efectuadas en 2014 con la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria. Según los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, surgió de la pericia informática donde se descubrieron conversaciones entre Correa y Ramón por el cobro de obras realizadas con la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria.
“En soportes informáticos se encontró profusa documentación relacionada con obras que fueron adjudicada para trabajos en Puerto Rawson y el Puerto de Camarones”, indicaron los fiscales, aunque también se podría ampliar. “Son documentos que luego aparecen firmados por el director de Puertos, Legal. Lo que llama la atención a esta altura que documentos de dichos expedientes también se encontraron en la computadora de Ramón”, explicaron.
“Nuevamente estaríamos en presencia de un armado fraudulento de expedientes para quedarse con distintas obras en los puertos”. La hipótesis es que Ramón “armaba los presupuestos, resoluciones adjudicando las obras, las actas de recepción de obras, etcétera, y luego se las llevaba a Legal, quien habría firmado los documentos para el armado de los expedientes dándole apariencia de legal competencia”, cerraron. La figura legal será defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público”.