“El municipio de Comodoro dice que nos pagaron $ 11 millones y nosotros cobramos sólo 3,7 millones”
Cristian Pérez es uno de los propietarios de Brother Truck, una empresa de camiones que le reclama una suma millonaria a la gestión de Carlos Linares. “Nos fundieron y me pusieron en contra a mis choferes. Hoy muchos son empresarios con la plata que les pagó la Municipalidad para ensuciarme”.
Cristian Pérez, es socio gerente de la empresa Brother Truck, una de las involucradas en el manejo de recursos durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia en 2017. Desde entonces le reclama al municipio el pago de $ 43.246.649,94, tras haber sido contratados en forma directa por obras realizadas en “forma urgente”.
Durante una entrevista con Jornada, Pérez no descartó presentarse como testigo en caso de ser requerido por la Justicia: “La situación nos provocó un perjuicio económico. Teníamos muchos vehículos. Reconozco que me tiré a comprar una máquina, están los archivos y los cheques pero como no me pagaron, la tuve que devolver y me endeudé. Lo hice con la intención de dar un mejor servicio, ya que la nuestra fue la primera empresa en trabajar veinticuatro horas durante la emergencia”, aseguró.
Pérez detalla que en 18 días, trabajando un promedio de 16 horas diarias, se movieron y transportaron 67.400 metros cúbicos en el barrio Divina Providencia. Fueron movimientos de suelo, “cortes” del cerro y un zanjeo natural. Inclusive, asegura, a requerimiento del intendente Carlos Linares, “cada 40 centímetros de relleno se regó y compactó el suelo”.
Brother Truck trabajó con casi treinta personas, todas en relación de dependencia y con convenio de la UOCRA, como lo había pedido el propio Linares.
Pérez comenzó a colaborar en la emergencia desde su agrupación “Isabel” en el barrio Juan XXIII y luego de trabajar “ad honorem” durante diez días fue convocado por el municipio ya como empresa constituida.
“A Brother Truck la reactivamos porque estaba parada desde que dejamos de trabajar con una petrolera que se concursó”, recuerda. “Nos fundieron y, además, me pusieron en contra a mis choferes. Hoy muchos son empresarios con plata que les pagó el municipio para ensuciarme”.
“Las irregularidades comienzan supuestamente en un parte mal hecho, siendo que ellos mismos los firmaban a través de Rubén Sartori y Joaquín Mansilla. Los problemas siguieron cuando quisimos cobrar las facturas”. Según el empresario, una de ellas fue utilizada por la Municipalidad para “justificar” un pago exigido por Nación. “Salió un archivo mandado por ellos porque a nivel nacional se pedía demostrar cómo fueron repartidos los montos. En ese informe pusieron que nos habían pagado $ 11 millones, de los cuales cobramos solamente $ 3,7 millones. La AFIP les empezó a llamar la atención y hasta el día de la fecha, no tienen cómo comprobar si nos pagaron ese dinero. Nosotros como empresa salimos a desmentirlo”.#
Cristian Pérez, es socio gerente de la empresa Brother Truck, una de las involucradas en el manejo de recursos durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia en 2017. Desde entonces le reclama al municipio el pago de $ 43.246.649,94, tras haber sido contratados en forma directa por obras realizadas en “forma urgente”.
Durante una entrevista con Jornada, Pérez no descartó presentarse como testigo en caso de ser requerido por la Justicia: “La situación nos provocó un perjuicio económico. Teníamos muchos vehículos. Reconozco que me tiré a comprar una máquina, están los archivos y los cheques pero como no me pagaron, la tuve que devolver y me endeudé. Lo hice con la intención de dar un mejor servicio, ya que la nuestra fue la primera empresa en trabajar veinticuatro horas durante la emergencia”, aseguró.
Pérez detalla que en 18 días, trabajando un promedio de 16 horas diarias, se movieron y transportaron 67.400 metros cúbicos en el barrio Divina Providencia. Fueron movimientos de suelo, “cortes” del cerro y un zanjeo natural. Inclusive, asegura, a requerimiento del intendente Carlos Linares, “cada 40 centímetros de relleno se regó y compactó el suelo”.
Brother Truck trabajó con casi treinta personas, todas en relación de dependencia y con convenio de la UOCRA, como lo había pedido el propio Linares.
Pérez comenzó a colaborar en la emergencia desde su agrupación “Isabel” en el barrio Juan XXIII y luego de trabajar “ad honorem” durante diez días fue convocado por el municipio ya como empresa constituida.
“A Brother Truck la reactivamos porque estaba parada desde que dejamos de trabajar con una petrolera que se concursó”, recuerda. “Nos fundieron y, además, me pusieron en contra a mis choferes. Hoy muchos son empresarios con plata que les pagó el municipio para ensuciarme”.
“Las irregularidades comienzan supuestamente en un parte mal hecho, siendo que ellos mismos los firmaban a través de Rubén Sartori y Joaquín Mansilla. Los problemas siguieron cuando quisimos cobrar las facturas”. Según el empresario, una de ellas fue utilizada por la Municipalidad para “justificar” un pago exigido por Nación. “Salió un archivo mandado por ellos porque a nivel nacional se pedía demostrar cómo fueron repartidos los montos. En ese informe pusieron que nos habían pagado $ 11 millones, de los cuales cobramos solamente $ 3,7 millones. La AFIP les empezó a llamar la atención y hasta el día de la fecha, no tienen cómo comprobar si nos pagaron ese dinero. Nosotros como empresa salimos a desmentirlo”.#