Comodoro: imputaron a 13 personas por el fraude durante la emergencia climática
Trece funcionarios, exfuncionarios y empresarios fueron imputados por irregularidades en las contrataciones. Y el caso Forever Pipe fue elevado a la Justicia Federal.
El fiscal Héctor Iturrioz se declaró incompetente y pidió elevar al Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia el presunto intento de las máximas autoridades de la Municipalidad de defraudar al Estado nacional cobrando deudas que no existían por trabajos durante el temporal climático. La sospecha incluye al intendente Carlos Linares, y a su vice y jefe comunal electo Juan Pablo Luque.
“Se pudo haber incurrido en la maniobra de incrementar falsamente deudas que se sabían inexistentes”, advirtió el investigador. Los datos inexactos se plasmaron en documentos públicos “con el fin de defraudar a la Administración Pública Central, haciendo incurrir en error a los funcionarios del Ministerio del Interior y obtener una remisión infundada de Aportes del Tesoro Nacional”. Sería fraude a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.
Cuando declaró, el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública de Nación, Fernando Álvarez de Celis, entregó una carpeta con una nota con membrete municipal, fechada el 16 de agosto de 2017. La firmaban Linares y el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero.
A De Celis, la nota se la entregó en mano Linares tras una reunión con el gobernador Mario Das Neves y el ministro del Interior Rogelio Frigerio. De Celis le preguntó por qué no se la había entregado directamente a Frigerio. El intendente fue lacónico: “Para no molestarlo”.
La nota pedía dinero para cubrir deudas por obras por $ 300.000.000. Parte se había pagado con $ 50.000.000 en ATN, $ 70.000.000 del Bono de Endeudamiento y $ 29.500.000 con fondos municipales. Restaban unos $ 150.000.000, lo que Linares pedía.
Para demostrar la “veracidad” de los gastos se adjuntaban planillas firmadas por Boyero, detallando los 197 proveedores, su total facturado, el monto pagado, su origen, y lo que faltaba.
De Celis aportó la presunta deuda municipal con Forever Pipe (de Reconstrucción Caños SA) por presuntas labores en los pluviales. La había recibido en mayo de 2017 de Luis Romero, exsubsecretario de Obra Pública de la Municipalidad. Fue al despacho del funcionario nacional y se la entregó: “Te mandamos esto desde el municipio, son los gastos del trabajo hechos por Forever Pipe de la desobstrucción de caños”. Como Romero le dijo que eran “gastos” ya realizados, De Celis explicó que su acuerdo con Luque era otro: primero consensuar labores y luego gastar. Hasta llamó al vice: “Che, habíamos quedado en que me ibas a pasar presupuesto y me pasás el gasto ya realizado”. Le pidió explicaciones y la respuesta de Luque no lo conformó.
El vice se limitó a remitirle los mismos documentos por mail. Eran dos notas con membrete municipal firmadas por Boyero y Linares y dirigidas a De Celis. Pedían fondos por dos obras pluviales. El reclamo por ambas ascendía a $ 61.135.896. Según De Celis, le pedían por trabajos hechos.
Iturrioz le pidió al municipio todos los expedientes de la Emergencia Climática. No coincidían las sumas de planillas con las que Linares y Boyero fundaron el pedido de ATN: los legajos informaban montos mucho menores. Incluso no se hallaban expedientes de empresas que el municipio decía que habían trabajado en remoción de suelos.
Se allanó la comuna pero seguían habiendo empresas que figuraban en los “listados” del 16/08/17 sin correlato en actuaciones administrativas ni contables. No había constancia de su labor ni de su crédito reclamado.
Le pidió a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión un informe de los pagos a empresas que figurando en la “planilla” de solicitud de ATN, no contaban con expedientes. Especialmente, Vientos del Sur SRL, Maxicom SRL, Mero SA, Metrapet SA y Forever Pipe. Estas firmas se habían incluido en las planillas sin respaldo documental de deuda. Las primeras cuatro empresas, según el pedido del intendente y de Boyero, habían realizado trabajos por $ 8.333.641; con Forever Pipe, la deuda era de más de $ 61.000.000.
Pero ni Vientos del Sur ni Metrapet eran proveedores de la Municipalidad. Maxicom y Mero sí pero no se informó ningún pago en su favor ni se adjuntó algún documento que explicara tales desembolsos.
Sobre Forever Pipe sólo se remitió un expediente. Por sus presuntas labores en la Emergencia Climática 2017 sólo hay facturas y fotocopias casi ilegibles que darían cuenta que se le debían $ 29.307.480,35. Menos de la mitad de los más de $ 61.000.000 que la comuna informaba a Nación. Públicamente Linares insistía con que se le debían más de $ 50 millones.
Otro caso paradigmático es el de Brothers Truck SRL. De las planillas de pedido de ATN surge que los funcionarios firmantes aducían que le debían $ 23.665.557, de los cuales $ 4.611.659 se habían pagado con recursos propios. Del análisis de los expedientes se concluyó que la deuda real rondaba los $ 7.000.000.
En tanto, ayer se abrió la investigación para los 13 imputados por el fraude en la emergencia climática. Lo ordenó la jueza Mariel Suárez.
Según el parte de prensa de Fiscalía, el fiscal Iturrioz explicó los 25 expedientes que se investigan, vinculados con presuntas irregularidades en las contrataciones: datos falsos, firmas fraguadas y choferes y máquinas que nunca trabajaron. La imputación es fraude a la administración pública y falsedad ideológica. La causa fue declarada “compleja” y el plazo de investigación será de un año.
El fiscal Héctor Iturrioz se declaró incompetente y pidió elevar al Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia el presunto intento de las máximas autoridades de la Municipalidad de defraudar al Estado nacional cobrando deudas que no existían por trabajos durante el temporal climático. La sospecha incluye al intendente Carlos Linares, y a su vice y jefe comunal electo Juan Pablo Luque.
“Se pudo haber incurrido en la maniobra de incrementar falsamente deudas que se sabían inexistentes”, advirtió el investigador. Los datos inexactos se plasmaron en documentos públicos “con el fin de defraudar a la Administración Pública Central, haciendo incurrir en error a los funcionarios del Ministerio del Interior y obtener una remisión infundada de Aportes del Tesoro Nacional”. Sería fraude a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.
Cuando declaró, el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública de Nación, Fernando Álvarez de Celis, entregó una carpeta con una nota con membrete municipal, fechada el 16 de agosto de 2017. La firmaban Linares y el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Abel Boyero.
A De Celis, la nota se la entregó en mano Linares tras una reunión con el gobernador Mario Das Neves y el ministro del Interior Rogelio Frigerio. De Celis le preguntó por qué no se la había entregado directamente a Frigerio. El intendente fue lacónico: “Para no molestarlo”.
La nota pedía dinero para cubrir deudas por obras por $ 300.000.000. Parte se había pagado con $ 50.000.000 en ATN, $ 70.000.000 del Bono de Endeudamiento y $ 29.500.000 con fondos municipales. Restaban unos $ 150.000.000, lo que Linares pedía.
Para demostrar la “veracidad” de los gastos se adjuntaban planillas firmadas por Boyero, detallando los 197 proveedores, su total facturado, el monto pagado, su origen, y lo que faltaba.
De Celis aportó la presunta deuda municipal con Forever Pipe (de Reconstrucción Caños SA) por presuntas labores en los pluviales. La había recibido en mayo de 2017 de Luis Romero, exsubsecretario de Obra Pública de la Municipalidad. Fue al despacho del funcionario nacional y se la entregó: “Te mandamos esto desde el municipio, son los gastos del trabajo hechos por Forever Pipe de la desobstrucción de caños”. Como Romero le dijo que eran “gastos” ya realizados, De Celis explicó que su acuerdo con Luque era otro: primero consensuar labores y luego gastar. Hasta llamó al vice: “Che, habíamos quedado en que me ibas a pasar presupuesto y me pasás el gasto ya realizado”. Le pidió explicaciones y la respuesta de Luque no lo conformó.
El vice se limitó a remitirle los mismos documentos por mail. Eran dos notas con membrete municipal firmadas por Boyero y Linares y dirigidas a De Celis. Pedían fondos por dos obras pluviales. El reclamo por ambas ascendía a $ 61.135.896. Según De Celis, le pedían por trabajos hechos.
Iturrioz le pidió al municipio todos los expedientes de la Emergencia Climática. No coincidían las sumas de planillas con las que Linares y Boyero fundaron el pedido de ATN: los legajos informaban montos mucho menores. Incluso no se hallaban expedientes de empresas que el municipio decía que habían trabajado en remoción de suelos.
Se allanó la comuna pero seguían habiendo empresas que figuraban en los “listados” del 16/08/17 sin correlato en actuaciones administrativas ni contables. No había constancia de su labor ni de su crédito reclamado.
Le pidió a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión un informe de los pagos a empresas que figurando en la “planilla” de solicitud de ATN, no contaban con expedientes. Especialmente, Vientos del Sur SRL, Maxicom SRL, Mero SA, Metrapet SA y Forever Pipe. Estas firmas se habían incluido en las planillas sin respaldo documental de deuda. Las primeras cuatro empresas, según el pedido del intendente y de Boyero, habían realizado trabajos por $ 8.333.641; con Forever Pipe, la deuda era de más de $ 61.000.000.
Pero ni Vientos del Sur ni Metrapet eran proveedores de la Municipalidad. Maxicom y Mero sí pero no se informó ningún pago en su favor ni se adjuntó algún documento que explicara tales desembolsos.
Sobre Forever Pipe sólo se remitió un expediente. Por sus presuntas labores en la Emergencia Climática 2017 sólo hay facturas y fotocopias casi ilegibles que darían cuenta que se le debían $ 29.307.480,35. Menos de la mitad de los más de $ 61.000.000 que la comuna informaba a Nación. Públicamente Linares insistía con que se le debían más de $ 50 millones.
Otro caso paradigmático es el de Brothers Truck SRL. De las planillas de pedido de ATN surge que los funcionarios firmantes aducían que le debían $ 23.665.557, de los cuales $ 4.611.659 se habían pagado con recursos propios. Del análisis de los expedientes se concluyó que la deuda real rondaba los $ 7.000.000.
En tanto, ayer se abrió la investigación para los 13 imputados por el fraude en la emergencia climática. Lo ordenó la jueza Mariel Suárez.
Según el parte de prensa de Fiscalía, el fiscal Iturrioz explicó los 25 expedientes que se investigan, vinculados con presuntas irregularidades en las contrataciones: datos falsos, firmas fraguadas y choferes y máquinas que nunca trabajaron. La imputación es fraude a la administración pública y falsedad ideológica. La causa fue declarada “compleja” y el plazo de investigación será de un año.