Justicia: vuelven las guardias mínimas
Los empleados judiciales volverán al sistema de guardias mínimas en todas las dependencias y seguirán de paro mientras no cobren.
Se decidió en la reunión en Rawson ante el rechazo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut a la acordada del Superior Tribunal, que establecía un porcentaje de empleados que debían trabajar por oficina. El personal había iniciado a primera hora un acampe frente a la sede del STJ en rechazo de la Acordada. Se levantó tras la cumbre. Estuvieron los ministros del Superior, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, fiscales, el Defensor Público, jueces y el SITRAJUCH. Según el secretario general del gremio, Raúl Belcastro, “logramos que se suspenda la Acordada porque trajo más conflictos que soluciones, y volvemos a sostener los lugares donde hay urgencias, con presencia mínima e indispensable”.
Habrá otro encuentro el próximo jueves para firmar un “acuerdo excepcional en esta crisis, y tratar de garantizar que en todos lados podamos cubrir lo urgente. El servicio de Justicia está afectado porque la situación es insostenible para cualquier trabajador gane lo que gane”.
El gremialista aclaró que no se afectarán las causas de más repercusión, como las de corrupción. “Jamás retrasamos ninguna y nunca dejamos de estar presentes en El Embrujo y Revelación”. Pero aclaró que “la cuestión de recursos hace que haya retrasos porque no están dados los insumos o los recursos para por ejemplo, con pericias de ADN”.
Carina Estefanía, presidenta de la Asociación de Magistrados, afirmó que el pago “selectivo ordenado por el ministro Antonena produjo malestar en todos los integrantes del Poder Judicial, agravó la situación porque el Gobierno, no sólo muestra un grado de inoperancia tal para tratar de encontrar una solución, sino que toma decisiones que afectan el principio de igualdad”.
“El Poder Judicial está absolutamente debilitado y seriamente afectado por el desmanejo de los fondos públicos”, afirmó. Hace dos días la Asociación presentó una denuncia penal. “Hay incumplimiento en los deberes o un abuso de autoridad, en el dictado de la resolución que permitió que un sector haya percibido sus salarios cuando todavía no se sabe cuándo se va a cobrar el sueldo de enero”.
Se decidió en la reunión en Rawson ante el rechazo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut a la acordada del Superior Tribunal, que establecía un porcentaje de empleados que debían trabajar por oficina. El personal había iniciado a primera hora un acampe frente a la sede del STJ en rechazo de la Acordada. Se levantó tras la cumbre. Estuvieron los ministros del Superior, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, fiscales, el Defensor Público, jueces y el SITRAJUCH. Según el secretario general del gremio, Raúl Belcastro, “logramos que se suspenda la Acordada porque trajo más conflictos que soluciones, y volvemos a sostener los lugares donde hay urgencias, con presencia mínima e indispensable”.
Habrá otro encuentro el próximo jueves para firmar un “acuerdo excepcional en esta crisis, y tratar de garantizar que en todos lados podamos cubrir lo urgente. El servicio de Justicia está afectado porque la situación es insostenible para cualquier trabajador gane lo que gane”.
El gremialista aclaró que no se afectarán las causas de más repercusión, como las de corrupción. “Jamás retrasamos ninguna y nunca dejamos de estar presentes en El Embrujo y Revelación”. Pero aclaró que “la cuestión de recursos hace que haya retrasos porque no están dados los insumos o los recursos para por ejemplo, con pericias de ADN”.
Carina Estefanía, presidenta de la Asociación de Magistrados, afirmó que el pago “selectivo ordenado por el ministro Antonena produjo malestar en todos los integrantes del Poder Judicial, agravó la situación porque el Gobierno, no sólo muestra un grado de inoperancia tal para tratar de encontrar una solución, sino que toma decisiones que afectan el principio de igualdad”.
“El Poder Judicial está absolutamente debilitado y seriamente afectado por el desmanejo de los fondos públicos”, afirmó. Hace dos días la Asociación presentó una denuncia penal. “Hay incumplimiento en los deberes o un abuso de autoridad, en el dictado de la resolución que permitió que un sector haya percibido sus salarios cuando todavía no se sabe cuándo se va a cobrar el sueldo de enero”.