En medio del virus, sigue el robo de madera
Según se denunció desde el INTA, en los últimos días se detectó “tala ilegal en la reserva forestal Las Golondrinas”, a la altura del paralelo 42° que divide las provincias del Chubut y Río Negro, donde “se cortaron árboles que se trozaron antes y durante la cuarentena por la pandemia mundial del coronavirus”.
Luego de que los funcionarios radicaron la correspondiente denuncia judicial, tomó intervención en los hechos personal del Escuadrón 35° de Gendarmería Nacional, además de los municipios de Lago Puelo y El Bolsón, cuyos ejidos también fueron afectados por las irregularidades. Al respecto, se adelantó que “ya habrían sido identificados algunos de los protagonistas del desmonte irregular y furtivo, luego de que fueran amenazados varios de los integrantes de los organismos de control”.
Una de las hipótesis de la investigación apunta a que los rollizos en cuestión (generalmente pinos y cipreses de gran porte), son “trozados en aserraderos portátiles y acondicionados como madera para ser introducida en un circuito informal de venta a carpinterías locales o para enviarse hacia otros destinos, por fuera de la región andina”.
No obstante, se recordó que “la tala ilegal es una constante en la zona y lo sufren también los espacios de reserva administrados por el Inta”, confirmó el director de la agencia Bariloche, Mauro Sarasola.
Desde su óptica, “el robo de madera tiene implicancias muy negativas por donde se lo mire, principalmente por el impacto ambiental que genera y porque se pierden lugares de atractivo turístico y recreativo para caminar, contemplar y disfrutar del contacto con la naturaleza, oportunidades cada vez más restringidas por el avance de la urbanización”, al tiempo que recordó que “la reserva forestal afectada fue creada a mediados del siglo pasado, cuando aún no existían los territorios de las actuales provincias del Chubut y Río Negro”.
En los lugares afectados están emplazados varios monumentos naturales y áreas recreativo/turísticas como Cabeza del Indio, Mirador del Río Azul, el camping Los Alerces y la cascada Escondida con su jardín botánico, además de la reserva Las Golondrinas, con senderos naturales y circuitos deportivos.
Sarasola sumó que “también tiene un impacto económico negativo para el sector maderero legal, ya que alimenta los circuitos informales de comercialización, en detrimento de los productores que están en regla y pagan sus impuestos”.
En el sector, el INTA realiza investigaciones desde 1991 y “gestiona estas áreas a través de un plan de manejo integral, con la colaboración del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro. Asimismo, esta área boscosa es fuente de recursos energéticos para las poblaciones, ya que el Inta lleva adelante un plan de entrega de leña y realiza donaciones de madera a instituciones del ámbito educativo y asociaciones barriales”, valoraron.
El funcionario recalcó también que “los perjudicados no es solo el Estado nacional, sino las provincias, los municipios y la comunidad en general al perder parte de su patrimonio natural y la prestación de servicios actuales y potenciales que estos bosques proveen”.
“Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos, pero la escasez de presupuesto, de recursos humanos y de equipamiento hace difícil esta tarea en un contexto donde hay gente que no está dispuesta a cumplir con las leyes y las violenta constantemente, robando y destruyendo el bosque, entre otros delitos”, concluyó.
Nada nuevo
Las complicaciones por la tala ilegal de árboles nativos e implantados “viene de larga data”, donde “desde siempre se notó a gente que opera con los respectivos permisos forestales y otros que hacen negocios con la madera de forma clandestina, cuya actividad va en incremento”, tanto del lado chubutense como rionegrino.
Desde el Servicio Forestal Andino de Río Negro reconocieron que “el problema es detectar a los infractores y llegar a tiempo, porque no contamos con los recursos humanos suficientes para cumplir con nuestra función institucional”, en un espacio superior a las 400 mil hectáreas, que incluye el Área Natural Río Azul Lago Escondido, la comuna de El Manso y las nacientes del río Chubut hasta Ñorquincó.
Las irregularidades más repetidas obedecen a “movimientos de poco volumen y muchos traslados en camionetas, que generalmente va a parar a las carpinterías de la zona o a construcciones rústicas en forma directa”, donde se paga apenas unos el 20% del valor real de los rollizos.
En coincidencia, durante el último año, tanto el municipio de Lago Puelo como la Policía chubutense hicieron varias denuncias de similar tenor por hechos ocurridos en Cerro Radal y Rincón Currumahuida, donde varios terminaron luego en incendios intencionales para avanzar con el aprovechamiento maderero.#
Luego de que los funcionarios radicaron la correspondiente denuncia judicial, tomó intervención en los hechos personal del Escuadrón 35° de Gendarmería Nacional, además de los municipios de Lago Puelo y El Bolsón, cuyos ejidos también fueron afectados por las irregularidades. Al respecto, se adelantó que “ya habrían sido identificados algunos de los protagonistas del desmonte irregular y furtivo, luego de que fueran amenazados varios de los integrantes de los organismos de control”.
Una de las hipótesis de la investigación apunta a que los rollizos en cuestión (generalmente pinos y cipreses de gran porte), son “trozados en aserraderos portátiles y acondicionados como madera para ser introducida en un circuito informal de venta a carpinterías locales o para enviarse hacia otros destinos, por fuera de la región andina”.
No obstante, se recordó que “la tala ilegal es una constante en la zona y lo sufren también los espacios de reserva administrados por el Inta”, confirmó el director de la agencia Bariloche, Mauro Sarasola.
Desde su óptica, “el robo de madera tiene implicancias muy negativas por donde se lo mire, principalmente por el impacto ambiental que genera y porque se pierden lugares de atractivo turístico y recreativo para caminar, contemplar y disfrutar del contacto con la naturaleza, oportunidades cada vez más restringidas por el avance de la urbanización”, al tiempo que recordó que “la reserva forestal afectada fue creada a mediados del siglo pasado, cuando aún no existían los territorios de las actuales provincias del Chubut y Río Negro”.
En los lugares afectados están emplazados varios monumentos naturales y áreas recreativo/turísticas como Cabeza del Indio, Mirador del Río Azul, el camping Los Alerces y la cascada Escondida con su jardín botánico, además de la reserva Las Golondrinas, con senderos naturales y circuitos deportivos.
Sarasola sumó que “también tiene un impacto económico negativo para el sector maderero legal, ya que alimenta los circuitos informales de comercialización, en detrimento de los productores que están en regla y pagan sus impuestos”.
En el sector, el INTA realiza investigaciones desde 1991 y “gestiona estas áreas a través de un plan de manejo integral, con la colaboración del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro. Asimismo, esta área boscosa es fuente de recursos energéticos para las poblaciones, ya que el Inta lleva adelante un plan de entrega de leña y realiza donaciones de madera a instituciones del ámbito educativo y asociaciones barriales”, valoraron.
El funcionario recalcó también que “los perjudicados no es solo el Estado nacional, sino las provincias, los municipios y la comunidad en general al perder parte de su patrimonio natural y la prestación de servicios actuales y potenciales que estos bosques proveen”.
“Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos, pero la escasez de presupuesto, de recursos humanos y de equipamiento hace difícil esta tarea en un contexto donde hay gente que no está dispuesta a cumplir con las leyes y las violenta constantemente, robando y destruyendo el bosque, entre otros delitos”, concluyó.
Nada nuevo
Las complicaciones por la tala ilegal de árboles nativos e implantados “viene de larga data”, donde “desde siempre se notó a gente que opera con los respectivos permisos forestales y otros que hacen negocios con la madera de forma clandestina, cuya actividad va en incremento”, tanto del lado chubutense como rionegrino.
Desde el Servicio Forestal Andino de Río Negro reconocieron que “el problema es detectar a los infractores y llegar a tiempo, porque no contamos con los recursos humanos suficientes para cumplir con nuestra función institucional”, en un espacio superior a las 400 mil hectáreas, que incluye el Área Natural Río Azul Lago Escondido, la comuna de El Manso y las nacientes del río Chubut hasta Ñorquincó.
Las irregularidades más repetidas obedecen a “movimientos de poco volumen y muchos traslados en camionetas, que generalmente va a parar a las carpinterías de la zona o a construcciones rústicas en forma directa”, donde se paga apenas unos el 20% del valor real de los rollizos.
En coincidencia, durante el último año, tanto el municipio de Lago Puelo como la Policía chubutense hicieron varias denuncias de similar tenor por hechos ocurridos en Cerro Radal y Rincón Currumahuida, donde varios terminaron luego en incendios intencionales para avanzar con el aprovechamiento maderero.#