Un hombre será enjuiciado tras siete años de hostigar y amenazar a dos juezas de Familia
Un juez ordenó que Walter Álvarez no pueda acercarse ni mantener contacto alguno con la magistrada María Marta Nieto ni con Diana Kazakevich, ya jubilada. Le imputaron amenazas y daños. Durante años las agredió de varias formas disconforme con sus fallo. Duro dictamen de la Oficina de la Mujer.
Por Rolando Tobarez /@rtobarez
El juez de Comodoro Rivadavia, Martín Cosmaro, prorrogó hasta el 28 de julio la prohibición de acercamiento para Walter Álvarez, un hombre acusado de un permanente hostigamiento a la jueza de Familia María Marta Nieto, y a Diana Kazakevich, magistrada del mismo fuero que se jubiló en 2019. En una audiencia preliminar que aún no tiene fecha, la fiscal Camila Banfi ofrecerá pruebas para que Álvarez vaya a juicio oral y público por amenazas y daños contra ambas. Por ahora el hombre no podrá acercarse a menos de 200 metros del lugar donde estén, ni contactarlas por ningún medio, ni teléfono ni digital.
Los episodios se sucedieron durante 7 años, con al menos 13 denuncias contra él en el lapso 2012/9. Hasta debieron ordenarse custodias.
La historia se inició en 2008, con el primero de tres complejos procesos que Álvarez tiene en los juzgados de Familia. Los expedientes versan sobre guardas y restituciones de menores, violencia familiar, medidas de protección y regímenes de comunicación y autorizaciones de viaje.
En 2012 Álvarez se resistió por primera vez a una decisión de Kazakevich. Llegó a ir a su casa particular y dañar su coche. En 2013, la jueza se inhibió por los amedrentamientos, hostigamientos y amenazas. Intervino Nieto, quien también optó por apartarse. Todas las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Familia 3, a cargo de Verónica Robert.
Hubo pintadas en los Juzgados, en el centro o en sus casas, panfletos con insultos, publicaciones en Facebook y expresiones en entrevistas radiales. También llamados telefónicos y presencia de Álvarez con mensajes intimidatorios y amenazantes al personal o a familiares de las magistradas.
Algunos ejemplos reproducibles: “Dígale que me voy a vengar y que va a pasar una primavera maravillosa”; “Cualquier día se me va a soltar la cadena y le va a va pasar algo grave a tu mujer”; “Corruptas y degeneradas”, “Impresentable “, “Tenés la laya moral de un perro”, “Funesta”, “Me las vas a pagar en esta vida o en otra”, “Manipuladora”.
Las juezas informaron lo que sucedía a sus superiores de la Cámara de Apelaciones de Comodoro, quienes dieron intervención al STJ. También hicieron las denuncias en Fiscalía.
En 2014 Álvarez fue sometido a un juicio y absuelto por cinco hechos que incluyeron pintadas en el domicilio y en el Juzgado, y llamadas al estudio jurídico del esposo de Kazakevich. La magistrada tuvo custodia. Aunque lo absolvió, el juez interviniente advirtió sobre el “grave hostigamiento”.
El juez Cosmaro estuvo a cargo de las denuncias que siguieron. Consideró que las conductas de Álvarez eran delitos pero de acción privada y que las afectadas sólo podían querellarlo. Los episodios violentos se acumularon pero no podían encuadrarse en un tipo penal. Por ejemplo, los carteles con insultos.
“Pedimos imputarle apología del delito porque convocaba a los padres que tenían resoluciones desfavorables para que lo acompañaran a escrachar a las juezas con pancartas con insultos de género, pero el juez también consideró que era instancia privada”, explicó Banfi a este diario.
Pero un episodio de febrero de 2019 sí pasó el filtro: daños y presuntas amenazas graves por teléfono que atendió una secretaria, y de manera presencial en Mesa de Entradas a todos los empleados del Juzgado. “Allanamos en su casa y obtuve su celular con las llamadas entrantes y salientes del Juzgado, ahí se acreditó que había amenazado”. Álvarez tenía un turno en el Equipo Técnico Multidisciplinario a las 8. “No fue, llamó a las 10 para amenazar y a las 12 va otra vez para amenazar y pegar afiches con insultos. Era común que ocurriera cada cierto tiempo”.
La Cámara ordenó que toda entrevista con Álvarez debía efectuarse en la Policía y no en el Juzgado. Es entonces que el presidente del Superior, Mario Vivas, le pidió un dictamen a la Oficina de la Mujer.
La responsable del área, Mariana Ripa, consideró que la intervención del Estado frente a los episodios fue “deficiente, aparente y carente de perspectiva de género, en tanto por acción u omisión propició la impunidad y la reiteración de los hechos violentos”. Es que ambas damnificadas “denunciaron sistemáticamente” los episodios sin lograr que cesen, “lo cual les impide vivir una vida libre de violencia”.
Ninguna medida sirvió para proteger a las magistradas. Su agresor “logró una sensación de impunidad, producto de la tolerancia de operadores de Justicia que con sus omisiones o tardanzas en brindar rápida y efectivas respuestas, o por desdeñar la incorporación del enfoque de género ante las denuncias de las magistradas, generaron la tranquilidad de que podía hostigarlas, amenazarlas, etcétera, sin merecer una sanción del Estado”.
Algunas veces las agresiones fueron individuales y otras, como organizador del grupo “Asociación de padres unidos”.
Las juezas pidieron acompañamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y hasta se daría intervención al Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo INADI.
“Están en una situación de inseguridad que las vuelve vulnerables –dijo Ripa en su informe-. El Estado incumple con la normativa si luego de siete años de haber recibido denuncias no logra proteger los derechos esenciales de las víctimas, mujeres y magistradas”.
Si tras su absolución en 2014 el hombre retomó las intimidaciones, “puede atribuirse a la deficiente respuesta del Estado, que con su accionar tolerante a la violencia desplegada, contribuyó a empoderar a Álvarez al vislumbrarse impune”. Fueron víctimas de violencia de género “afectando su vida, libertad, dignidad e integridad psicológica y seguridad personal”.
Lo poco que hizo el Estado “fue deficiente, aparente y carente de perspectiva de género, por acción u omisión propició la impunidad y por tanto la reiteración de los hechos violentos (…) Se reproduce un mensaje de impunidad para el resto de la comunidad y al interior del Poder Judicial”.
Violencia de género
La sugerencia de la OM fue tomada por Banfi. “Cuando pedimos las medidas de protección me pareció importante hacer valer que había una serie de circunstancias denigrantes a las que Álvarez refería que tenían que ver con la persona, la religión, el género, insultos a la figura o el aspecto físico de la mujer”.
En la audiencia de apertura de la investigación “le dije no se debe agredir a ninguna persona independientemente de su cargo, pero es todavía más complejo porque en Comodoro sólo hay 3 juezas de Familia, ¿entonces qué hizo? Amenazó a las dos primeras juezas de su trámite pero a la tercera nunca la amenazó porque alguien debe llevar su caso”.
En el juicio la fiscal sostendrá que “atacar a un juez de Familia cuando hay sólo 3 genera una circunstancia muy compleja en el trámite; si fuese el fuero federal podrían reemplazarse hasta con jueces de otra jurisdicción, pero en Familia el trámite lo lleva un juez conociendo desde el inicio toda la relación familiar”.
En el caso de Kazakevich la prohibición incluye no acercarse a su familia. “Con ella fue muy cruento y constante este ataque todo el tiempo; llegó a dañar con pintura su casa y en el centro eran diarias las pintadas, con amenazas al esposo. Fue complejo. A Nieto hubo que ponerle custodia permanente”. Sin embargo, a Álvarez no se le puede prohibir ir al Juzgado donde tramitan sus expedientes.
Luego de ser absuelto, “el hombre se empoderó y se envalentonó. El juez consideró que eran delitos de poca monta y eso lo hizo reunir más fuerzas”. En la audiencia de apertura “le leí los hechos y le señalé que no podía seguir haciendo esto contra estas magistradas”.
Antecedente
Banfi consideró que de haber sido condenado en ese juicio aún con una pena muy baja por daño a la propiedad, “hubiese permitido que la siguiente condena fuese efectiva y ahí no sería tan barato”.
La fiscal advierte que el nuevo proceso “es importante como antecedente penal. Debería haber alguna respuesta del sistema penal en cuanto a condenarlo. Hubo denuncias que descartamos porque no eran delitos pero se generó una desprotección de las magistradas que es tremendo justamente por la materia que ellas llevan, que son muy importantes”.
Por Rolando Tobarez /@rtobarez
El juez de Comodoro Rivadavia, Martín Cosmaro, prorrogó hasta el 28 de julio la prohibición de acercamiento para Walter Álvarez, un hombre acusado de un permanente hostigamiento a la jueza de Familia María Marta Nieto, y a Diana Kazakevich, magistrada del mismo fuero que se jubiló en 2019. En una audiencia preliminar que aún no tiene fecha, la fiscal Camila Banfi ofrecerá pruebas para que Álvarez vaya a juicio oral y público por amenazas y daños contra ambas. Por ahora el hombre no podrá acercarse a menos de 200 metros del lugar donde estén, ni contactarlas por ningún medio, ni teléfono ni digital.
Los episodios se sucedieron durante 7 años, con al menos 13 denuncias contra él en el lapso 2012/9. Hasta debieron ordenarse custodias.
La historia se inició en 2008, con el primero de tres complejos procesos que Álvarez tiene en los juzgados de Familia. Los expedientes versan sobre guardas y restituciones de menores, violencia familiar, medidas de protección y regímenes de comunicación y autorizaciones de viaje.
En 2012 Álvarez se resistió por primera vez a una decisión de Kazakevich. Llegó a ir a su casa particular y dañar su coche. En 2013, la jueza se inhibió por los amedrentamientos, hostigamientos y amenazas. Intervino Nieto, quien también optó por apartarse. Todas las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Familia 3, a cargo de Verónica Robert.
Hubo pintadas en los Juzgados, en el centro o en sus casas, panfletos con insultos, publicaciones en Facebook y expresiones en entrevistas radiales. También llamados telefónicos y presencia de Álvarez con mensajes intimidatorios y amenazantes al personal o a familiares de las magistradas.
Algunos ejemplos reproducibles: “Dígale que me voy a vengar y que va a pasar una primavera maravillosa”; “Cualquier día se me va a soltar la cadena y le va a va pasar algo grave a tu mujer”; “Corruptas y degeneradas”, “Impresentable “, “Tenés la laya moral de un perro”, “Funesta”, “Me las vas a pagar en esta vida o en otra”, “Manipuladora”.
Las juezas informaron lo que sucedía a sus superiores de la Cámara de Apelaciones de Comodoro, quienes dieron intervención al STJ. También hicieron las denuncias en Fiscalía.
En 2014 Álvarez fue sometido a un juicio y absuelto por cinco hechos que incluyeron pintadas en el domicilio y en el Juzgado, y llamadas al estudio jurídico del esposo de Kazakevich. La magistrada tuvo custodia. Aunque lo absolvió, el juez interviniente advirtió sobre el “grave hostigamiento”.
El juez Cosmaro estuvo a cargo de las denuncias que siguieron. Consideró que las conductas de Álvarez eran delitos pero de acción privada y que las afectadas sólo podían querellarlo. Los episodios violentos se acumularon pero no podían encuadrarse en un tipo penal. Por ejemplo, los carteles con insultos.
“Pedimos imputarle apología del delito porque convocaba a los padres que tenían resoluciones desfavorables para que lo acompañaran a escrachar a las juezas con pancartas con insultos de género, pero el juez también consideró que era instancia privada”, explicó Banfi a este diario.
Pero un episodio de febrero de 2019 sí pasó el filtro: daños y presuntas amenazas graves por teléfono que atendió una secretaria, y de manera presencial en Mesa de Entradas a todos los empleados del Juzgado. “Allanamos en su casa y obtuve su celular con las llamadas entrantes y salientes del Juzgado, ahí se acreditó que había amenazado”. Álvarez tenía un turno en el Equipo Técnico Multidisciplinario a las 8. “No fue, llamó a las 10 para amenazar y a las 12 va otra vez para amenazar y pegar afiches con insultos. Era común que ocurriera cada cierto tiempo”.
La Cámara ordenó que toda entrevista con Álvarez debía efectuarse en la Policía y no en el Juzgado. Es entonces que el presidente del Superior, Mario Vivas, le pidió un dictamen a la Oficina de la Mujer.
La responsable del área, Mariana Ripa, consideró que la intervención del Estado frente a los episodios fue “deficiente, aparente y carente de perspectiva de género, en tanto por acción u omisión propició la impunidad y la reiteración de los hechos violentos”. Es que ambas damnificadas “denunciaron sistemáticamente” los episodios sin lograr que cesen, “lo cual les impide vivir una vida libre de violencia”.
Ninguna medida sirvió para proteger a las magistradas. Su agresor “logró una sensación de impunidad, producto de la tolerancia de operadores de Justicia que con sus omisiones o tardanzas en brindar rápida y efectivas respuestas, o por desdeñar la incorporación del enfoque de género ante las denuncias de las magistradas, generaron la tranquilidad de que podía hostigarlas, amenazarlas, etcétera, sin merecer una sanción del Estado”.
Algunas veces las agresiones fueron individuales y otras, como organizador del grupo “Asociación de padres unidos”.
Las juezas pidieron acompañamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y hasta se daría intervención al Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo INADI.
“Están en una situación de inseguridad que las vuelve vulnerables –dijo Ripa en su informe-. El Estado incumple con la normativa si luego de siete años de haber recibido denuncias no logra proteger los derechos esenciales de las víctimas, mujeres y magistradas”.
Si tras su absolución en 2014 el hombre retomó las intimidaciones, “puede atribuirse a la deficiente respuesta del Estado, que con su accionar tolerante a la violencia desplegada, contribuyó a empoderar a Álvarez al vislumbrarse impune”. Fueron víctimas de violencia de género “afectando su vida, libertad, dignidad e integridad psicológica y seguridad personal”.
Lo poco que hizo el Estado “fue deficiente, aparente y carente de perspectiva de género, por acción u omisión propició la impunidad y por tanto la reiteración de los hechos violentos (…) Se reproduce un mensaje de impunidad para el resto de la comunidad y al interior del Poder Judicial”.
Violencia de género
La sugerencia de la OM fue tomada por Banfi. “Cuando pedimos las medidas de protección me pareció importante hacer valer que había una serie de circunstancias denigrantes a las que Álvarez refería que tenían que ver con la persona, la religión, el género, insultos a la figura o el aspecto físico de la mujer”.
En la audiencia de apertura de la investigación “le dije no se debe agredir a ninguna persona independientemente de su cargo, pero es todavía más complejo porque en Comodoro sólo hay 3 juezas de Familia, ¿entonces qué hizo? Amenazó a las dos primeras juezas de su trámite pero a la tercera nunca la amenazó porque alguien debe llevar su caso”.
En el juicio la fiscal sostendrá que “atacar a un juez de Familia cuando hay sólo 3 genera una circunstancia muy compleja en el trámite; si fuese el fuero federal podrían reemplazarse hasta con jueces de otra jurisdicción, pero en Familia el trámite lo lleva un juez conociendo desde el inicio toda la relación familiar”.
En el caso de Kazakevich la prohibición incluye no acercarse a su familia. “Con ella fue muy cruento y constante este ataque todo el tiempo; llegó a dañar con pintura su casa y en el centro eran diarias las pintadas, con amenazas al esposo. Fue complejo. A Nieto hubo que ponerle custodia permanente”. Sin embargo, a Álvarez no se le puede prohibir ir al Juzgado donde tramitan sus expedientes.
Luego de ser absuelto, “el hombre se empoderó y se envalentonó. El juez consideró que eran delitos de poca monta y eso lo hizo reunir más fuerzas”. En la audiencia de apertura “le leí los hechos y le señalé que no podía seguir haciendo esto contra estas magistradas”.
Antecedente
Banfi consideró que de haber sido condenado en ese juicio aún con una pena muy baja por daño a la propiedad, “hubiese permitido que la siguiente condena fuese efectiva y ahí no sería tan barato”.
La fiscal advierte que el nuevo proceso “es importante como antecedente penal. Debería haber alguna respuesta del sistema penal en cuanto a condenarlo. Hubo denuncias que descartamos porque no eran delitos pero se generó una desprotección de las magistradas que es tremendo justamente por la materia que ellas llevan, que son muy importantes”.