¿Es importante enseñar derecho con perspectiva de género?
Columna AMJA Chubut/Igualdad en la diversidad.
Por Cecilia L. Pereyra (*) /Edición: Daniela P. Almirón
En el año 2002 ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con sede en la provincia de Corrientes, donde viví toda mi vida. Hoy ejerzo en la misma unidad académica como docente de una cátedra de derecho procesal penal.
Puesta a pensar en retrospectiva, advierto que en menos de dos décadas existen diferencias tan fundamentales en los más diversos aspectos de la vida universitaria, que casi cuesta comprender la naturalidad, sin rebelión mental siquiera, con la que aceptábamos las situaciones de entonces.
Estimo casi con seguridad que en aquel tiempo un ochenta por ciento o más de los profesores eran hombres. En áreas como penal y procesal penal existía una sola mujer titular entre las ocho cátedras. Igual panorama se nos presentaba al asistir a eventos académicos provinciales o nacionales donde la mayoría de los expositores eran varones. De manera sutil se instalaba la idea de que el saber provenía del sexo masculino. Como toda institución, la facultad de derecho no escapaba a las raíces y estructuras patriarcales y como consecuencia inevitable, la formación que en aquella se adquiría tampoco.
El panorama actual, por cierto, dista bastante del que acabo de referir. Sin embargo, no es aún fuerte motivo de cuestionamiento y estudio la necesidad imperiosa de que la enseñanza a las futuras generaciones de abogados y abogadas incorpore el concepto de “perspectiva de género”, desde cualquier asignatura que se dicte en la facultad incluyéndolo en la currícula.
Respondiendo a la pregunta del título que encabeza estas líneas, sostengo sin hesitación que no sólo es importante, sino que es obligatorio y más aún desde la sanción de la “Ley Micaela”, enseñar derecho en cualquiera de sus ramas, con perspectiva de género.
Se impone con urgencia que las políticas universitarias sumen la capacitación de los docentes en la materia. Junto a ello el fuerte compromiso de estos de integrar a las clases mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres y otros grupos, como sus consecuencias y maneras de revertirlas. De esta forma deconstruir ideas y patrones de pensamiento instalados.
Y lo creo, además, porque no se puede dejar de tener presente que quienes egresan de las facultades de derecho son quienes en el futuro tendrán, desde los tres poderes del Estado y en los que se puede observar son mayoría y desde la sociedad en general, la posibilidad de cambiar estructuras arcaicas. Estructuras que siempre han funcionado en demérito de la mujer y otros grupos, y así se podrá avanzar afianzando la paridad y erradicando la violencia de cualquier tipo.
A modo de cierre diré que la enseñanza debe, desde los niveles iniciales tratar de inculcar en las personas el respeto por la diversidad en todas sus manifestaciones y facetas, el sentido de la igualdad y la justicia, ya que solo así podremos construir una mejor sociedad, libre de discriminación y violencia, que nos incluya a todos.
(*) Profesora de Derecho Procesal Penal, Catedra “B”, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, UNNE.
Por Cecilia L. Pereyra (*) /Edición: Daniela P. Almirón
En el año 2002 ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con sede en la provincia de Corrientes, donde viví toda mi vida. Hoy ejerzo en la misma unidad académica como docente de una cátedra de derecho procesal penal.
Puesta a pensar en retrospectiva, advierto que en menos de dos décadas existen diferencias tan fundamentales en los más diversos aspectos de la vida universitaria, que casi cuesta comprender la naturalidad, sin rebelión mental siquiera, con la que aceptábamos las situaciones de entonces.
Estimo casi con seguridad que en aquel tiempo un ochenta por ciento o más de los profesores eran hombres. En áreas como penal y procesal penal existía una sola mujer titular entre las ocho cátedras. Igual panorama se nos presentaba al asistir a eventos académicos provinciales o nacionales donde la mayoría de los expositores eran varones. De manera sutil se instalaba la idea de que el saber provenía del sexo masculino. Como toda institución, la facultad de derecho no escapaba a las raíces y estructuras patriarcales y como consecuencia inevitable, la formación que en aquella se adquiría tampoco.
El panorama actual, por cierto, dista bastante del que acabo de referir. Sin embargo, no es aún fuerte motivo de cuestionamiento y estudio la necesidad imperiosa de que la enseñanza a las futuras generaciones de abogados y abogadas incorpore el concepto de “perspectiva de género”, desde cualquier asignatura que se dicte en la facultad incluyéndolo en la currícula.
Respondiendo a la pregunta del título que encabeza estas líneas, sostengo sin hesitación que no sólo es importante, sino que es obligatorio y más aún desde la sanción de la “Ley Micaela”, enseñar derecho en cualquiera de sus ramas, con perspectiva de género.
Se impone con urgencia que las políticas universitarias sumen la capacitación de los docentes en la materia. Junto a ello el fuerte compromiso de estos de integrar a las clases mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres y otros grupos, como sus consecuencias y maneras de revertirlas. De esta forma deconstruir ideas y patrones de pensamiento instalados.
Y lo creo, además, porque no se puede dejar de tener presente que quienes egresan de las facultades de derecho son quienes en el futuro tendrán, desde los tres poderes del Estado y en los que se puede observar son mayoría y desde la sociedad en general, la posibilidad de cambiar estructuras arcaicas. Estructuras que siempre han funcionado en demérito de la mujer y otros grupos, y así se podrá avanzar afianzando la paridad y erradicando la violencia de cualquier tipo.
A modo de cierre diré que la enseñanza debe, desde los niveles iniciales tratar de inculcar en las personas el respeto por la diversidad en todas sus manifestaciones y facetas, el sentido de la igualdad y la justicia, ya que solo así podremos construir una mejor sociedad, libre de discriminación y violencia, que nos incluya a todos.
(*) Profesora de Derecho Procesal Penal, Catedra “B”, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, UNNE.