Sueños Pagos: la banda funcionaba desde 2018 y recaudó $ 40 millones
El fiscal Héctor Iturrioz confirmó que en los cuatro allanamientos por la Causa Sueños Pagos se halló en los domicilios de los implicados documentación que debiera estar en el Instituto Provincial de la Vivienda. “Dos viviendas parecían sucursales del IPV con carpetas acomodadas, registros y planillas de actualización de datos”. Se detectaron resoluciones apócrifas con sellos del IPV, que habían sido considerados “perdidos” en el Instituto. “Estoy convencido de que el incendio y la amenaza al perito no son una casualidad sino una causalidad”, admitió. No descartó más involucrados, inclusive funcionarios.
Los operativos fueron en distintos barrios de Comodoro Rivadavia. Se investigan a una banda que vendía carpetas de adjudicación de viviendas en hasta $ 300 mil.
En el barrio Saavedra se detuvo a Maximiliano González, funcionario del IPV de estrecha relación con el caso: se le secuestró mucha documentación y medio millón de pesos. González está suspendido en su función debido a una pesquisa judicial previa. Andrés García, jefe de la Brigada de Investigaciones, dijo que su rol era “fundamental” en la organización. El fiscal le imputará concusión: un funcionario o por sí o a través de otra persona, reclama sumas indebidas. “Sabíamos que era necesaria la participación de un funcionario pero no lo teníamos determinado. Los tiempos se aceleraron y logramos determinar su identidad y la de otros partícipes. La función de Griselda Jonás (primera detenida) era vender carpetas adjudicadas; otros también lo hacían y tenían documentación que estaba en sus domicilios”.
“La casa de Jonás parecía una delegación del IPV”, indicó el fiscal por la documentación hallada. Rescató la “prolijidad” de los elementos y la existencia de duplicados de cada trámite. “Sólo en junio y julio recaudaron $ 19.424.00. La recaudación total supera los 40 millones y nos quedamos cortos”, graficó Iturrioz.
Funcionarios públicos de mayor rango que González estarían implicados. Hace dos años que está sumariado y regresó adscripto. Pero tenía según testigos “un señorío absoluto” en el IPV. “Se intervino su computadora y había resoluciones apócrifas. Los delitos en su contra son múltiples y será imputado como jefe de una organización ilícita más allá del resto de los delitos que le vamos a imputar de modo separado”.
Las ventas se difundían en las redes sociales. “Se informaba en estados de WhatsApp cuántos cupos de viviendas quedaban”. También hay grabaciones de reuniones del personal que “achacaban” a sus pares este accionar ilegal y el testimonio grabado de un encuentro con González en un hotel céntrico donde reclama a una pareja un pago para acceder a una adjudicación. “La participación activa y el rol gerencial está largamente acreditada. Esto funciona al menos desde 2018”.
También se avanza en la pesquisa por el incendio de instalaciones del IPV en Kilómetro y la amenaza a un perito de la Fiscalía. “Hay personas en distintos roles de la causa en peligro personal. Nos comprometimos con la Defensa y el juez en contenerlas. Es una organización criminal grande, con poder de fuego y tengo que resguardar la integridad física de todos porque se baraja la posibilidad de que haya implicado colaboradores. Tenemos que proteger a todos los que pueden ser objeto de esta banda, que tiene gente libre que quiere influir en la investigación”, finalizó Iturrioz.
El ministro de Seguridad, Federico Massoni, aseguró que “vamos a dar todas las garantías para proteger el proceso y llegar a la punta del iceberg. Hay nuevos elementos que nos dan a las claras que es una organización mucho más amplia”.
El ministro advirtió que “por más funcionario y por más alto rango jerárquico que tenga no va a quedar indemne en caso de que tenga que rendir cuentas. No podemos permitir ningún delito y menos el que se aprovecha de la necesidad de la gente”.
Massoni aseguró que “no queremos que quede alguno afuera, si no que todos los que tuvieron que ver con este aprovechamiento de personas con necesidad habitacional rindan cuentas ante un juez”.
El fiscal Héctor Iturrioz confirmó que en los cuatro allanamientos por la Causa Sueños Pagos se halló en los domicilios de los implicados documentación que debiera estar en el Instituto Provincial de la Vivienda. “Dos viviendas parecían sucursales del IPV con carpetas acomodadas, registros y planillas de actualización de datos”. Se detectaron resoluciones apócrifas con sellos del IPV, que habían sido considerados “perdidos” en el Instituto. “Estoy convencido de que el incendio y la amenaza al perito no son una casualidad sino una causalidad”, admitió. No descartó más involucrados, inclusive funcionarios.
Los operativos fueron en distintos barrios de Comodoro Rivadavia. Se investigan a una banda que vendía carpetas de adjudicación de viviendas en hasta $ 300 mil.
En el barrio Saavedra se detuvo a Maximiliano González, funcionario del IPV de estrecha relación con el caso: se le secuestró mucha documentación y medio millón de pesos. González está suspendido en su función debido a una pesquisa judicial previa. Andrés García, jefe de la Brigada de Investigaciones, dijo que su rol era “fundamental” en la organización. El fiscal le imputará concusión: un funcionario o por sí o a través de otra persona, reclama sumas indebidas. “Sabíamos que era necesaria la participación de un funcionario pero no lo teníamos determinado. Los tiempos se aceleraron y logramos determinar su identidad y la de otros partícipes. La función de Griselda Jonás (primera detenida) era vender carpetas adjudicadas; otros también lo hacían y tenían documentación que estaba en sus domicilios”.
“La casa de Jonás parecía una delegación del IPV”, indicó el fiscal por la documentación hallada. Rescató la “prolijidad” de los elementos y la existencia de duplicados de cada trámite. “Sólo en junio y julio recaudaron $ 19.424.00. La recaudación total supera los 40 millones y nos quedamos cortos”, graficó Iturrioz.
Funcionarios públicos de mayor rango que González estarían implicados. Hace dos años que está sumariado y regresó adscripto. Pero tenía según testigos “un señorío absoluto” en el IPV. “Se intervino su computadora y había resoluciones apócrifas. Los delitos en su contra son múltiples y será imputado como jefe de una organización ilícita más allá del resto de los delitos que le vamos a imputar de modo separado”.
Las ventas se difundían en las redes sociales. “Se informaba en estados de WhatsApp cuántos cupos de viviendas quedaban”. También hay grabaciones de reuniones del personal que “achacaban” a sus pares este accionar ilegal y el testimonio grabado de un encuentro con González en un hotel céntrico donde reclama a una pareja un pago para acceder a una adjudicación. “La participación activa y el rol gerencial está largamente acreditada. Esto funciona al menos desde 2018”.
También se avanza en la pesquisa por el incendio de instalaciones del IPV en Kilómetro y la amenaza a un perito de la Fiscalía. “Hay personas en distintos roles de la causa en peligro personal. Nos comprometimos con la Defensa y el juez en contenerlas. Es una organización criminal grande, con poder de fuego y tengo que resguardar la integridad física de todos porque se baraja la posibilidad de que haya implicado colaboradores. Tenemos que proteger a todos los que pueden ser objeto de esta banda, que tiene gente libre que quiere influir en la investigación”, finalizó Iturrioz.
El ministro de Seguridad, Federico Massoni, aseguró que “vamos a dar todas las garantías para proteger el proceso y llegar a la punta del iceberg. Hay nuevos elementos que nos dan a las claras que es una organización mucho más amplia”.
El ministro advirtió que “por más funcionario y por más alto rango jerárquico que tenga no va a quedar indemne en caso de que tenga que rendir cuentas. No podemos permitir ningún delito y menos el que se aprovecha de la necesidad de la gente”.
Massoni aseguró que “no queremos que quede alguno afuera, si no que todos los que tuvieron que ver con este aprovechamiento de personas con necesidad habitacional rindan cuentas ante un juez”.