Crónica de 373 bolsas que se esfumaron entre el despojo de la política y documentos falsos

Por Rolando Tobarez / @rtobarez

La conducta desplegada fue de tal gravedad que cuesta ponerla en palabras”. Así de asombrado quedó el tribunal de la Causa Royal Canin tras dar por probado que Juan Carlos Gómez, exdirector del Ministerio de Familia, robó del depósito en Rawson las bolsas de alimento para perros que Royal Canin había donado para paliar el desastre del temporal de 2017 en Comodoro Rivadavia.

Gómez -dijeron los jueces- tuvo el amparo de su entonces pareja y ministra, Leticia Huichaqueo. Sabiéndose investigados, intentó protegerlos el exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez, que falseó documentos para simular que la carga sí había llegado a los necesitados.

El depósito son tres galpones y un playón descubierto sobre la Doble Trocha. Había agua, alimentos, colchones, ropa y elementos de limpieza. La encargada era Vanina Barale. Allí trabajaban Matías Franco y Emiliano Jara, becados gracias a su militancia política. Y Ale Jones, planta permanente.

La donación fue gestión de Gisela Manzanares, una vecina de Puerto Madryn, vicepresidente de la Fundación Patagonia Pitbull y miembro de la cúpula de la Asociación Española de Socorros Mutuos.

En 2017 aprovechó un control médico en Capital Federal para ir a una muestra en la Rural y pedir las bolsas en un stand de Royal. Le dijeron que sí. Por los costos de traslado, el entonces intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, hizo el vínculo con la Casa del Chubut.

El 2 de mayo de 2017 llegaron 451 bolsas de alimento para la campaña “Juntos por Comodoro”. Era comida medicinal, que sólo se consigue con receta veterinaria en comercios especializados. Se recibieron en la Casa del Chubut.

La delegación provincial está a una cuadra del Obelisco: era imposible cargar de día, por el tráfico. Se hizo de noche, con ayuda de muchos estudiantes comodorenses. Familia pidió enviarlo a Rawson porque la ruta a Comodoro estaba cortada. Prometieron que todo llegaría. Dos camiones descargaron en la capital. Las bolsas quedaron en el playón descubierto porque dentro no había lugar.

Eran 42 bolsas de PBN Labrador Jr., de 12 kilos; 34 unidades de Maxi Junior de 15 kilos; 15 Unidades FHN Fit, de 32,75 kilos; 72 de Gastrointestinal Dog de 10 kilos y 288 bolsas de Gastro Moderate Calories de 10 kilos.

El caos del depósito era total. Nadie registraba las donaciones que entraban y salían. Era un descontrol de ropa tirada, donaciones sucias, agua en bidones al sol. Sin saber que era para Comodoro, Leonardo Landa, adscripto de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, repartió 78 bolsas entre protectoras de Trelew. Quedaban 373 bolsas. Se esfumaron: el 12 de septiembre ya no quedaba nada.

Manzanares descubrió en la fan page de Facebooks del Refugio Los Callejeros un agradecimiento para Landa y para el Ministerio de Familia. Y en el Mercado del Trueque y del Usado había al menos tres publicaciones de personas que vendían las bolsas a un precio muy inferior al valor de mercado. En las fotos se observaban botellones de agua: las imágenes se habían tomado en los hangares.

Cuando la mujer le reclamó, Germán Sahagún, director de la Casa del Chubut, le aseguró que la carga había partido.

Aunque trataron de desanimarla para evitar conflictos políticos, Manzanares hizo la denuncia en Fiscalía de Puerto Madryn. “Demostró un gran compromiso republicano y una no menor dosis de valentía”, dice el fallo. La propia Manzanares le dijo al tribunal que “de haber sabido que esto iba a pasar las hacía traer en carretas hasta Comodoro”.

Según la sentencia, Gómez –actuando junto con Huichaqueo- sustrajo varias cargándolas en la camioneta que conducía, sin firmar ningún recibo. También se llevó mamelucos térmicos, comida y elementos de limpieza. Cuando le reclamaban les decía que no iba a firmar nada. Era el único que se negaba.

Jones declaró que él le cargó en una camioneta con caja unas 30 bolsas. Ocurrió varias veces. “Por orden de Leticia” tenía que cargar e irse, sin firmar. La vio con él.

Jara aseguró que le cargaron alimentos a ambos. Fueron 4 o 5 veces, de a 5 o 10 bolsas cada vez. Gómez no ejecutaba a espaldas de Huichaqueo sino con ella “¿Alguien podría pensar que Jara, con la precaria situación de becado, podría alzar la voz frente a Gómez y a Huichaqueo?”.

Nunca se sabrá cuántos paquetes se llevaron ni dónde fueron a parar. Los empleados recordaron haber hombreado bolsas pero no cifras exactas. Los jueces calcularon un mínimo de 20 y un máximo de 150. Todo en medio de la Emergencia Climática que decretó el gobernador Mario Das Neves.

“Exigir mayor precisión a personas cuyo trabajo es cargar mercadería sobre el número exacto que hombrearon hace cuatro años es una quimera”, admitieron los jueces César Zaratiegui, Martín O`Connor y Patricia García.

Barale declaró que cuando quiso controlar “desde la Privada les dijeron que ellos tenían que ir y sacar”. Intentaron contar la mercadería, Gómez no los dejó. Siempre decía que retiraba por orden de la ministra y que no debía firmar nada.

Barale no era de confianza de Huichaqueo. Por eso la ministra “intervino” el depósito y colocó allí a su secretaria privada, Claudia “Katy” Jones. “La pusieron a ella para que me diga lo que yo tenía que entregar y todo eso desde el Ministerio”, declaró Barale. Cuando reclamó que Gómez no firmaba le advirtieron: “Mientras sea de la Privada a retirar cosas es como si fuera Leticia a retirar, así que no podíamos decir otra cosa”.

Los defensores argumentaron que la catástrofe fue tal que el caos administrativo inundó al Ministerio. Y que debía priorizarse la ayuda humana por sobre los papeles.

Pero el tribunal consideró que lo aceptable eran registros más informales, no borrar todo. De hecho, en Familia casi no había registros, pero la Municipalidad de Comodoro registró todo, aunque parecieran anotaciones de truco. “La catástrofe fue similar, pero el caos administrativo y registral fue dispar”, compararon.

Huichaqueo decidía el destino de los bienes. Y al ingresar la donación al depósito su deber era administrarla. De hecho, lo hacía, como lo demuestra el desplazamiento de Barale por Jones.

Si quería cambiar su destino, la ministra debió iniciar un expediente y explicar los motivos. El destino lógico era Comodoro. Pero si por una resolución las bolsas hubiesen ido a Trelew o Puerto Madryn, el delito sería discutible. “De lo que se trata es que las donaciones no llegaron a Comodoro, pero tampoco a ningún lado”.

El cambio de destino “es un indicio serio de la desprolijidad y arbitrariedad con que se manejaban las donaciones. Sin ningún cauce legal se los desviaba, se los dejaba a la intemperie, se los sustraía y se les imprimía un destino que ya no podía ser controlado por nadie”.

En Familia no había registros. “La nada misma –dice el fallo-. Un vacío documental difícil de concebir. Esto no puede explicarse sólo por la catástrofe. Esta pudo desorganizar, complejizar, quitar formalidades. Pero no puede explicar la ausencia de todo rastro documental. El caos administrativo no puede ser una excusa que ampare a los funcionarios. Excusarse en esa falta de registros para no poder explicar el destino de los objetos, cuando la propia ministra era la responsable, es una excusa con alto contenido de paradoja”.

El fallo se pregunta si acaso la falta de documentación fue un vaciamiento para borrar delitos. El desborde sirvió no para agilizar la entrega de las donaciones, sino para robárselas.

Huichaqueo declaró que no sabía de las donaciones. Para el tribunal es mentira. Los testigos la vieron en el depósito con Gómez cargando bolsas. Y el director de la Casa del Chubut, Germán Sahagún, envió las bolsas con el remito y una vez en el depósito la donación dependía de ella. “Aprovecharse de una situación desgraciada para cometer un delito, merece una mirada punitiva más severa”.

La pena es más grave debido a que “actuaron sobre seguro para asegurarse impunidad. En un escenario de cierto control, las luces de alerta prenderían más fácil; ante el descalabro administrativo, las posibilidades de que nada sea descubierto son más altas”.

Royal Canin resignó ganancias. El Estado provincial le respondió con un delito. Ahora cualquier empresa lo pensará dos veces antes de donar. “Huichaqueo privó a quienes más lo necesitaban de una ayuda que mitigara los efectos de una devastadora tormenta. A los más necesitados, a quienes desatendió aprovechándose de su especial situación de poder, que le facilitó las maniobras”.

Lo único que Fiscalía no pudo probar fue que las bolsas vendidas vía Facebook fueran parte del botín de Gómez/Huichaqueo. “Aunque podría tratarse del mismo lote de donación, no podría descartarse que fueran de otras bolsas retiradas por sujetos distintos. Si bien Gómez retiró, no puede descartarse que otras personas también lo hayan hecho”.

Dos documentos falsos

Se falsearon dos documentos para ocultar el delito. El primero, un recibo que acreditaba que el 7 de junio, 220 bolsas habían sido entregadas al Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Lo firmaba Micaela Cordero, su exreferente. Presuntamente, el 23 de abril SACRA había pedido esa ayuda al Ministerio de Familia. Prometía repartirla en Comodoro Rivadavia, Esquel, Cholila, Lago Puelo, Epuyén, Trelew y Rawson.

Lo curioso es que aunque SACRA tenía una intensa actividad en redes sociales, nunca publicó que había recibido 220 bolsas. Y nadie en el depósito recordó haberlas cargado, pese a que se hubiese necesitado un camión.

El tribunal apuntó que la nota se recibió en el Ministerio en abril pero la donación de Royal Canin fue después, el 2 de mayo. “Aparece la sensación de que Cordero habría adivinado la donación”, sugieren los jueces. Fue una maniobra burda sin firmas de funcionarios ni trámites en el medio. Es además inexplicable que un gremio de empleadas particulares recibiera muchas más bolsas que las propias protectoras.

El otro papel falso es la certificación de que 300 bolsas habían ingresado al Predio Ferial de Comodoro. Nadie en Rawson recordó haber cargado esa cantidad y nadie en la ciudad petrolera haberla descargado. Tampoco figura en la carpeta gris del minucioso registro de la Municipalidad.

Alicia Dubreuil era la delegada. Se resistió a firmar pero la llamaron Suárez y Huichaqueo para “insistirle”. Rubricó pero nunca vio las bolsas. Confiaba en sus compañeros de militancia. “Una torpeza”, dice el fallo.

La falsedad de los documentos “revela la plena conciencia de haber cometido un delito y la necesidad de ocultarlo. Y no sólo inventar un destino sino persuadir a la persona que debía firmar el recibo. Suárez y Huichaqueo demostraron un interés especial en que sea rubricado. Por eso la llamaron a Dubreuil; por eso terminó firmando a pesar suyo. Esto confirma la maniobra pues si no se hubiera cometido el delito, ¿qué necesidad había de inventar recibos?”.

Suárez actuó para borrar los rastros del delito y lograr la impunidad de la pareja. La maniobra fue tan grosera que si se suman las 220 falsas bolsas de SACRA a las 300 de Comodoro, se llega a 520. La cifra es mayor que la donación.

Las 78 bolsas dela primera pista

Una pista del caso fueron publicaciones de protectoras en Facebook para agradecer a Leonardo Landa, de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, por la donación de alimento. En el juicio declaró que su superior, el director Gabriiel Quesada, le informó que había “un montón de bolsas” en el depósito y le ordenó distribuirlas. Marcelo Suárez le pidió un listado de las protectoras de Chubut pero por logística sólo repartió 78 paquetes en Trelew. “Suárez le dijo que vaya a retirar de los hangares donde había tres chicos que cargaban”, dice el fallo.

El alimento lo recibieron Manadas Comunitarias, Perritos Necesitados, Protectora de Animales Segunda Oportunidad, Protectora SOS, Entidad Protectora Patas, Marilín Vallejos, Protectora de Animales Patas y Refugio Los Callejeros.

Cuando la donación se viralizó, Landa fue escrachado en las redes. Gisela Manzanares lo llamó y le reclamó. “Le expliqué que desconocía que era una donación, pero que recibía órdenes y que las que no lograron repartir las devolvieron al depósito”. Como el testigo tenía recibos de sus entregas, los jueces consideraron que hubo irregularidad pero no delito.