¿Y si otorgan un aumento de salarios “por guerra”?
Una consultora económica que desde hace poco tiempo comenzó a divulgar informes sobre distintos aspectos de la actualidad, lanzó en los últimos días una inusual propuesta para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores: un aumento de $ 10.000 para todas (y todos) por decreto.
La propuesta está argumentada pero no deja de ser “pirotécnica”, en medio de la por ahora infructuosa “guerra” contra la inflación que el Gobierno nacional va perdiendo por varios cuerpos.
La propuesta la hizo la Consultora Sarandí, un centro de pensamiento económico liderado por el economista Sergio Chouza, docente de la UBA, de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNdAv) y cercano ideológicamente al Gobierno nacional.
“Aguda situación socioeconómica, con salarios que no terminan de salir del fondo del océano. Tras un año de recuperación en el margen, muy reducido en relación al repunte macro, cae una guerra que escala el precio de los alimentos en todo el mundo e interrumpe la recuperación”, comienza el informe de Consultora Sarandí.
“La enorme porción de las y los trabajadores comenzó el año corriendo muy por detrás a la variación de precios, que acumulará alrededor de 15% en solo tres meses. Si bien es cierto que el promedio de salarios del sector privado está en terreno positivo desde el inicio de esta administración, hay mucha heterogeneidad entre sectores de actividad. Además, el sector público y el privado no registrado aún siguen en terreno rojo”, agrega el trabajo.
“Hoy parece haber condiciones para acelerar una política contracíclica en un contexto muy duro para los sectores de ingresos fijos. Esta misma mejora en los ingresos del Estado garantiza que no se vaya a comprometer el programa con el FMI, a pesar de aumentar las transferencias al sector privado. Una política de gasto más laxa podría ser un paliativo válido mitigar las consecuencias de la fuerte suba en los precios de los alimentos. Al aumento de partidas que ya se dispuso se podrían sumar otros refuerzos focalizados en la política alimentaria, tanto como disponer un incremento unilateral de emergencia para los empleados del sector privado, como ocurrió en enero del año 2020”, propone Sarandí.
“Dos posibilidades para apuntalar la trama distributiva son un shock de salarios y una expansión del gasto en políticas alimentarias. Para ejemplificar, mostramos el resultado de un aumento de $ 10.000 para todos los trabajadores privados. Se podría implementar por decreto, como se hizo efectivo en el inicio de la actual gestión, o en el año 2004. Para que no sea un efecto efímero, podría tratarse de un monto remunerativo, a cuenta de paritarias futuras. Una medida (módica) como esta ya produciría una expansión superior a los $ 95.000 millones incluyendo a trabajadores del sector público”.
“En cuanto a la incidencia, una suba automática de $ 10.000 representaría un salto (hoy) de 8,7% sobre el salario medio y de hasta el 25% sobre el salario mínimo (tras la actualización de abril). Obviamente en un entorno inflacionario tan acelerado, todo es insuficiente, pero sancionar una suba por decreto podría dar una señal al sector privado sobre la voluntad firme de que la apropiación del fruto del crecimiento económico también participe a los sectores de ingresos fijos. La torta hoy está creciendo, pero la puja distributiva no se está resolviendo adecuadamente. Esto produce un daño social”.
Una consultora económica que desde hace poco tiempo comenzó a divulgar informes sobre distintos aspectos de la actualidad, lanzó en los últimos días una inusual propuesta para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores: un aumento de $ 10.000 para todas (y todos) por decreto.
La propuesta está argumentada pero no deja de ser “pirotécnica”, en medio de la por ahora infructuosa “guerra” contra la inflación que el Gobierno nacional va perdiendo por varios cuerpos.
La propuesta la hizo la Consultora Sarandí, un centro de pensamiento económico liderado por el economista Sergio Chouza, docente de la UBA, de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNdAv) y cercano ideológicamente al Gobierno nacional.
“Aguda situación socioeconómica, con salarios que no terminan de salir del fondo del océano. Tras un año de recuperación en el margen, muy reducido en relación al repunte macro, cae una guerra que escala el precio de los alimentos en todo el mundo e interrumpe la recuperación”, comienza el informe de Consultora Sarandí.
“La enorme porción de las y los trabajadores comenzó el año corriendo muy por detrás a la variación de precios, que acumulará alrededor de 15% en solo tres meses. Si bien es cierto que el promedio de salarios del sector privado está en terreno positivo desde el inicio de esta administración, hay mucha heterogeneidad entre sectores de actividad. Además, el sector público y el privado no registrado aún siguen en terreno rojo”, agrega el trabajo.
“Hoy parece haber condiciones para acelerar una política contracíclica en un contexto muy duro para los sectores de ingresos fijos. Esta misma mejora en los ingresos del Estado garantiza que no se vaya a comprometer el programa con el FMI, a pesar de aumentar las transferencias al sector privado. Una política de gasto más laxa podría ser un paliativo válido mitigar las consecuencias de la fuerte suba en los precios de los alimentos. Al aumento de partidas que ya se dispuso se podrían sumar otros refuerzos focalizados en la política alimentaria, tanto como disponer un incremento unilateral de emergencia para los empleados del sector privado, como ocurrió en enero del año 2020”, propone Sarandí.
“Dos posibilidades para apuntalar la trama distributiva son un shock de salarios y una expansión del gasto en políticas alimentarias. Para ejemplificar, mostramos el resultado de un aumento de $ 10.000 para todos los trabajadores privados. Se podría implementar por decreto, como se hizo efectivo en el inicio de la actual gestión, o en el año 2004. Para que no sea un efecto efímero, podría tratarse de un monto remunerativo, a cuenta de paritarias futuras. Una medida (módica) como esta ya produciría una expansión superior a los $ 95.000 millones incluyendo a trabajadores del sector público”.
“En cuanto a la incidencia, una suba automática de $ 10.000 representaría un salto (hoy) de 8,7% sobre el salario medio y de hasta el 25% sobre el salario mínimo (tras la actualización de abril). Obviamente en un entorno inflacionario tan acelerado, todo es insuficiente, pero sancionar una suba por decreto podría dar una señal al sector privado sobre la voluntad firme de que la apropiación del fruto del crecimiento económico también participe a los sectores de ingresos fijos. La torta hoy está creciendo, pero la puja distributiva no se está resolviendo adecuadamente. Esto produce un daño social”.