Allanaron la sede de Infraestructura por la intoxicación en la escuela de El Maitén

La Policía allanó el edificio de Obras Públicas de la delegación regional del Ministerio de Infraestructura en Esquel y la vivienda de su titular, en busca de soportes electrónicos y documentación relacionada con contrataciones que se hicieron por las obras en la escuela de El Maitén donde alumnos se intoxicaron con monóxido.

08 JUL 2022 - 10:04 | Actualizado 08 JUL 2022 - 10:50

Con relación a la intoxicación masiva de alumnos y docentes con monóxido de carbono en el colegio N° 7719 de El Maitén, esta mañana se llevaron a cabo dos allanamientos en la oficina de Obras Públicas de la Delegación Regional del Ministerio de Infraestructura en Esquel y la vivienda de su titular, en el marco de una causa que tramita la Unidad de Delitos contra la Administración Pública provincial a cargo del fiscal Omar Rodríguez.

En la diligencia se buscan soportes electrónicos y documentación relacionada con contrataciones que se hicieron desde la División Regional de Obras Públicas de la cordillera, con sede en Esquel, por las obras en la Escuela de El Maitén. El principal apuntado es el responsable de la delegación provincial en aquella ciudad.

En la diligencia se buscan soportes electrónicos y documentación relacionada con contrataciones que se hicieron desde la División Regional de Obras Públicas de la cordillera, con sede en Esquel, por las obras en la Escuela de El Maitén. El principal apuntado es el responsable de Obras Públicas en la ciudad de Esquel.

“Las obras estaban direccionadas de manera intencional para que sean realizadas siempre por la misma persona. Podríamos estar en la presencia de un delito. Trabajamos para individualizar a los responsables”, explicó Rodríguez.

“Surge a primera vista que hay personas que se repiten siempre como participantes de las distintas obras. Siempre son los mismos proveedores, nunca se presentaron las ofertas correspondientes y siempre fueron beneficiado los mismos”.

El fiscal adelantó que sobre agentes provinciales puede caber la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario”, pasando por una “negociación incompatible” y “fraude a la administración pública”.

La Policía custodió el edificio para evitar que se retire documentación y los dispositivos informáticos buscados.

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08 JUL 2022 - 10:04

Con relación a la intoxicación masiva de alumnos y docentes con monóxido de carbono en el colegio N° 7719 de El Maitén, esta mañana se llevaron a cabo dos allanamientos en la oficina de Obras Públicas de la Delegación Regional del Ministerio de Infraestructura en Esquel y la vivienda de su titular, en el marco de una causa que tramita la Unidad de Delitos contra la Administración Pública provincial a cargo del fiscal Omar Rodríguez.

En la diligencia se buscan soportes electrónicos y documentación relacionada con contrataciones que se hicieron desde la División Regional de Obras Públicas de la cordillera, con sede en Esquel, por las obras en la Escuela de El Maitén. El principal apuntado es el responsable de la delegación provincial en aquella ciudad.

En la diligencia se buscan soportes electrónicos y documentación relacionada con contrataciones que se hicieron desde la División Regional de Obras Públicas de la cordillera, con sede en Esquel, por las obras en la Escuela de El Maitén. El principal apuntado es el responsable de Obras Públicas en la ciudad de Esquel.

“Las obras estaban direccionadas de manera intencional para que sean realizadas siempre por la misma persona. Podríamos estar en la presencia de un delito. Trabajamos para individualizar a los responsables”, explicó Rodríguez.

“Surge a primera vista que hay personas que se repiten siempre como participantes de las distintas obras. Siempre son los mismos proveedores, nunca se presentaron las ofertas correspondientes y siempre fueron beneficiado los mismos”.

El fiscal adelantó que sobre agentes provinciales puede caber la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario”, pasando por una “negociación incompatible” y “fraude a la administración pública”.

La Policía custodió el edificio para evitar que se retire documentación y los dispositivos informáticos buscados.


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