El STJ decidirá si sanciona al juez Yangüela por la denuncia de una presa
La mujer le imputó al juez de Ejecución de Puerto Madryn adulterar un informe para perjudicarla. El Consejo de la Magistratura consideró probado que hubo mal desempeño. Pero por 8 votos a 4, el caso no irá a jury sino que se elevará al máximo tribunal provincial.
El Consejo de la Magistratura decidió elevar al Superior Tribunal de Justicia un sumario contra el juez de Puerto Madryn Horacio Yangüela. El magistrado fue denunciado por Bárbara de Cristófano, una mujer que cumple condena y lo acusó de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho.
Cristófano le imputó a Yangüela haber adulterado un informe para perjudicarla. El magistrado cumple funciones como juez de Ejecución en Madryn y es responsable de decidir las condiciones de detención.
Según la mujer, borró del sistema Serconex un informe forense que aconsejaba que la detenida estuviera presa cerca de su familia y lo reemplazó por otro que en cambio advertía que pese a sus problemas de salud, podía estar alojada en cualquier lugar de detención.
El detallado y exhaustivo informe de la sumariante Daniela Pili consideró probado que el juez incurrió en mal desempeño y desconocimiento del Derecho.
A Yangüela se le reprocha haberse apartado de los mecanismos legales para pedir la ampliación de un informe del Cuerpo Médico Forense, ya que se acercó en persona para requerir a la médica que anule el texto original que estaba subido al sistema, cuando en rigor este procedimiento es un acto jurisdiccional y debió efectuarlo respetando el debido proceso.
Sin embargo, “si bien es cierto que estas causales deberían inexorablemente remitir el presente sumario a un jury de enjuiciamiento para que el magistrado afronte en un plenario su responsabilidad administrativa, no lo es menos que de toda la prueba que he colectado en el presente sumario, se avizora que fue un hecho aislado”.
De acuerdo al parte de prensa del Consejo, los consejeros coincidieron con el sumariante en que la conducta de Yangüela “fue susceptible de responsabilidad administrativa”.
Por eso se decidió “no archivar el sumario” para que la conducta del juez sea evaluada por el STJ “conforme las facultades disciplinarias que le acuerdan la Constitución Provincial”.
La denuncia fue de Patricia Anzoategui y Gustavo Topic, defensores de De Cristófano, que cumple una condena a 16 años de prisión por abuso agravado de su hijo menor, en un resonante caso ocurrido en Puerto Pirámides.
“El procedimiento adoptado no se corresponde con la normativa procesal imperante en la materia, toda vez que, si su intención fue anular el informe, primero debió efectuarlo mediante resolución fundada y motivada, la cual no consta ni en la audiencia ni en el expediente”, advirtió Pili.
La sumariante también recomendó que el STJ tome conocimiento del procedimiento seguido por el Cuerpo Médico Forense de Madryn “para que a través de directivas de forma clara establezca cuál es el procedimiento a seguir para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a suceder”.
En la sesión, cuatro consejeros solicitaron que el caso sea remitido a jury de enjuiciamiento y ocho votaron por remitirlo al STJ para que aplique una sanción.
Nuevos funcionarios
En otro orden, en la sesión celebrada en Comodoro Rivadavia, el Consejo seleccionó a cuatro abogados que concursaron para ser fiscales generales, mientras que otros cinco concursos -tres fiscalías y dos juzgados- quedaron desiertos.
El pleno del consejo presidido por Rafael Lucchelli seleccionó a Silvina Nicholson como nueva fiscal general de Rawson; a María Florencia Bianchi como nueva fiscal general de Puerto Madryn; y de Débora Fernanda Barrionuevo y Nicolás Alejandro Basiliev como nuevos fiscales generales de Lago Puelo.
Por otro parte, el jurado designado para los concursos, no consideró aptos a los aspirantes a cubrir los cargos de fiscales generales de Sarmiento, de Comodoro Rivadavia y un cargo en Rawson; así como tampoco se aprobaron los exámenes para aspirantes a jueces penales de Trelew y de Sarmiento.
El Consejo de la Magistratura decidió elevar al Superior Tribunal de Justicia un sumario contra el juez de Puerto Madryn Horacio Yangüela. El magistrado fue denunciado por Bárbara de Cristófano, una mujer que cumple condena y lo acusó de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho.
Cristófano le imputó a Yangüela haber adulterado un informe para perjudicarla. El magistrado cumple funciones como juez de Ejecución en Madryn y es responsable de decidir las condiciones de detención.
Según la mujer, borró del sistema Serconex un informe forense que aconsejaba que la detenida estuviera presa cerca de su familia y lo reemplazó por otro que en cambio advertía que pese a sus problemas de salud, podía estar alojada en cualquier lugar de detención.
El detallado y exhaustivo informe de la sumariante Daniela Pili consideró probado que el juez incurrió en mal desempeño y desconocimiento del Derecho.
A Yangüela se le reprocha haberse apartado de los mecanismos legales para pedir la ampliación de un informe del Cuerpo Médico Forense, ya que se acercó en persona para requerir a la médica que anule el texto original que estaba subido al sistema, cuando en rigor este procedimiento es un acto jurisdiccional y debió efectuarlo respetando el debido proceso.
Sin embargo, “si bien es cierto que estas causales deberían inexorablemente remitir el presente sumario a un jury de enjuiciamiento para que el magistrado afronte en un plenario su responsabilidad administrativa, no lo es menos que de toda la prueba que he colectado en el presente sumario, se avizora que fue un hecho aislado”.
De acuerdo al parte de prensa del Consejo, los consejeros coincidieron con el sumariante en que la conducta de Yangüela “fue susceptible de responsabilidad administrativa”.
Por eso se decidió “no archivar el sumario” para que la conducta del juez sea evaluada por el STJ “conforme las facultades disciplinarias que le acuerdan la Constitución Provincial”.
La denuncia fue de Patricia Anzoategui y Gustavo Topic, defensores de De Cristófano, que cumple una condena a 16 años de prisión por abuso agravado de su hijo menor, en un resonante caso ocurrido en Puerto Pirámides.
“El procedimiento adoptado no se corresponde con la normativa procesal imperante en la materia, toda vez que, si su intención fue anular el informe, primero debió efectuarlo mediante resolución fundada y motivada, la cual no consta ni en la audiencia ni en el expediente”, advirtió Pili.
La sumariante también recomendó que el STJ tome conocimiento del procedimiento seguido por el Cuerpo Médico Forense de Madryn “para que a través de directivas de forma clara establezca cuál es el procedimiento a seguir para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a suceder”.
En la sesión, cuatro consejeros solicitaron que el caso sea remitido a jury de enjuiciamiento y ocho votaron por remitirlo al STJ para que aplique una sanción.
Nuevos funcionarios
En otro orden, en la sesión celebrada en Comodoro Rivadavia, el Consejo seleccionó a cuatro abogados que concursaron para ser fiscales generales, mientras que otros cinco concursos -tres fiscalías y dos juzgados- quedaron desiertos.
El pleno del consejo presidido por Rafael Lucchelli seleccionó a Silvina Nicholson como nueva fiscal general de Rawson; a María Florencia Bianchi como nueva fiscal general de Puerto Madryn; y de Débora Fernanda Barrionuevo y Nicolás Alejandro Basiliev como nuevos fiscales generales de Lago Puelo.
Por otro parte, el jurado designado para los concursos, no consideró aptos a los aspirantes a cubrir los cargos de fiscales generales de Sarmiento, de Comodoro Rivadavia y un cargo en Rawson; así como tampoco se aprobaron los exámenes para aspirantes a jueces penales de Trelew y de Sarmiento.