Qué decía el acuerdo con los magistrados
El acuerdo entre el Gobierno provincial y la Asociación de Magistrados fijó una recomposición salarial del 40 por ciento en cuatro tramos de 10 por ciento en el lapso de dos años, venciendo en diciembre de 2013.
La primera cuota se iba a pagar en julio de 2012 pero nunca se abonó. De esa manera, comenzó la ejecución de la sentencia por incumplimiento.
Cuando venció la segunda cuota, que también quedó impaga, los caminos legales continuaron su curso.
Este año, con poco diálogo entre las nuevas autoridades de la Asociación de Magistrados y el Gobierno, el conjuez Romero, que había tenido "pisado" el tema por un largo tiempo, dijo que deberían iniciarse las ejecuciones individuales o grupales de magistrados y funcionarios, tal como dice la resolución.
Sin embargo, hubo otro grupo ajeno a la Asociación de Magistrados que se presentó para ejecutar individualmente esta sentencia. La mayoría, de Comodoro.
El Gobierno cree que de esta manera se está judicializando algo que corresponde que se resuelva políticamente. "Están defendiendo privilegios, y con esto se ponen en riesgo los intereses de toda la comunidad”, bramó el subsecretario de Justicia, Federico Ruffa.
El acuerdo entre el Gobierno provincial y la Asociación de Magistrados fijó una recomposición salarial del 40 por ciento en cuatro tramos de 10 por ciento en el lapso de dos años, venciendo en diciembre de 2013.
La primera cuota se iba a pagar en julio de 2012 pero nunca se abonó. De esa manera, comenzó la ejecución de la sentencia por incumplimiento.
Cuando venció la segunda cuota, que también quedó impaga, los caminos legales continuaron su curso.
Este año, con poco diálogo entre las nuevas autoridades de la Asociación de Magistrados y el Gobierno, el conjuez Romero, que había tenido "pisado" el tema por un largo tiempo, dijo que deberían iniciarse las ejecuciones individuales o grupales de magistrados y funcionarios, tal como dice la resolución.
Sin embargo, hubo otro grupo ajeno a la Asociación de Magistrados que se presentó para ejecutar individualmente esta sentencia. La mayoría, de Comodoro.
El Gobierno cree que de esta manera se está judicializando algo que corresponde que se resuelva políticamente. "Están defendiendo privilegios, y con esto se ponen en riesgo los intereses de toda la comunidad”, bramó el subsecretario de Justicia, Federico Ruffa.